La verdadera amenaza a la justicia: una carta abierta al señor Marchena
Eleanor Moggio.-
Señor Marchena, le hemos escuchado hablar sobre la confianza en nuestras instituciones. Usted ha afirmado recientemente que «una nación que no confía en sus jueces, es una nación que se está suicidando».
Es una frase grandilocuente, propia de quien parece creer que la justicia es un altar intocable y no un servicio público al que los ciudadanos debemos exigir rigor y neutralidad.
Usted sostiene que la justicia está amenazada. Pero, ¿por quién? ¿Por quienes denunciamos la arbitrariedad? La realidad es bien distinta: la verdadera amenaza para la democracia son aquellos que han convertido los tribunales en el último refugio de una ideología que se resiste a aceptar la soberanía popular.
La justicia no está amenazada por la crítica; la justicia está herida cuando se juzga a un Fiscal General sin pruebas sólidas, mientras se ignoran sistemáticamente las verdaderas pruebas de cargo.
La justicia está amenazada cuando se convierte en un instrumento de persecución política. Lo estamos viendo con la caza de brujas orquestada contra la mujer del presidente, un proceso que parece más un espectáculo mediático que un ejercicio de derecho. Lo vemos en esa investigación retrospectiva, insólita y sesgada, dirigida contra políticos y ciudadanos ejemplares como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo observamos cuando se lleva a juicio al hermano del presidente, bajo acusaciones basadas en supuestos «enchufes» que no resisten ni el más mínimo análisis de viabilidad temporal o jurídica.
La hipocresía alcanza niveles insoportables cuando contrastamos la virulencia contra unos con el silencio absoluto hacia otros. ¿Cómo debemos entender la «amenaza» a la justicia cuando observamos el tratamiento del caso Kitchen? Estamos ante un procedimiento donde se han sesgado audios y ocultado evidencias que, en cualquier otro país con una judicatura verdaderamente independiente, habrían supuesto la puesta a disposición judicial inmediata de figuras como la señora Cospedal y el propio expresidente Mariano Rajoy. ¿Y qué decir del cajón del PP, donde se acumulan tantos casos de corrupción? No podemos olvidar el caso del exministro Cristóbal Montoro, investigado por supuestamente utilizar su posición para favorecer desde el Gobierno a empresas vinculadas a su propio despacho profesional.
Son demasiados los archivos y las piezas que parecen dormir el sueño de los justos mientras la justicia se agiliza para otros fines.
Más vergonzoso resulta aún ver cómo la hoja de ruta parece dictarse desde fuera de los tribunales. Es inaceptable que figuras como el jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez anuncien públicamente estrategias judiciales al estilo de «esto va para adelante» y, al día siguiente, el sistema judicial —que ustedes dicen ser tan ejemplar— actúe en perfecta sintonía con las consignas susurradas al oído de Aznar. ¿Es esta la justicia que usted defiende, señor Marchena? ¿Una justicia que actúa como brazo ejecutor de una estrategia política, redactando la carta que le escriben desde el Partido Popular y Vox?
Sepa usted que esta justicia, que se dice garante del orden, es la misma que debe protegerme a mí cuando ejerzo mi derecho fundamental a la libertad de expresión, recogido en nuestra Constitución. Como ciudadana, tengo el derecho y el deber de alzar la voz contra estas prácticas sin miedo a represalias. Si la justicia no protege mi libertad de palabra, sino que se alinea con quienes buscan silenciar la crítica legítima, entonces no está cumpliendo su mandato constitucional.
¿Es esta la justicia que ustedes defienden? ¿Aquella que, estando bajo secreto de sumario, permite que se filtren informes interesados y sesgados que aparecen al día siguiente como titulares de prensa? Es una práctica deleznable que solo busca un fin: dar cobertura mediática y judicial a las extremas derechas, de las cuales parecen ustedes actuar como árbitros y jueces ejecutores, lejos de la neutralidad que su cargo exige.
Esta no es la justicia de un Estado democrático; es la justicia del «todo vale» para desgastar al adversario político. Se ha instaurado un sistema de doble vara de medir donde, mientras se fabrican causas generales contra el Gobierno, se protegen las tramas de corrupción sistémica que afectaron al corazón del Partido Popular. Cuando el poder judicial se convierte en una herramienta de presión política que alimenta el ruido mediático, no solo están dañando la confianza de los ciudadanos; están dinamitando los cimientos mismos de nuestra democracia.
Mientras tanto, asistimos al cinismo de quienes gritan «pucherazo» y cuestionan leyes de memoria democrática. No muestran el mismo celo con la «ley de los suyos». En cuanto a su hija, señor Marchena, el proceso de su nombramiento como fiscal y su posterior reasignación supuso una situación sin precedentes que levantó serias dudas sobre la excepcionalidad del procedimiento administrativo. Independientemente de los tecnicismos legales con los que se blindó aquella decisión, la ciudadanía conserva la memoria de cómo se gestionó el acceso a esa plaza en un momento de enorme escrutinio público.
La desconfianza no es un suicidio, señor Marchena; es la respuesta lógica y necesaria de una ciudadanía que ve cómo sus instituciones han sido secuestradas por una élite que confunde sus intereses ideológicos con el Estado de Derecho. No confunda usted nuestras legítimas denuncias con falta de fe en el sistema; lo que nos falta es fe en quienes, como usted, han olvidado que la justicia debe ser, ante todo, garante de los derechos de sus ciudadanos y no el brazo ejecutor de una agenda política Fascista.
Eleanor Moggio
Presidenta de Adeppu Asociación Nacional en Defensa de las pensiones públicas