Cuando la toga se convierte en trinchera
En un Estado de Derecho, la justicia debería ser la última frontera contra la arbitrariedad.
Sin embargo, en España, la percepción ciudadana se desliza peligrosamente hacia la convicción de que los tribunales no son un árbitro neutral, sino un actor político más. La reciente actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a poner el foco sobre una crisis de legitimidad que, lejos de cerrarse, se agiganta cada día.
Lo que hoy indigna a una gran parte de la sociedad no es solo la judicialización de la política, sino la asimetría insoportable en el criterio de los juzgados. ¿Cómo explicar, bajo criterios de estricta legalidad, que se sienten en el banquillo a figuras políticas y a sus entornos familiares bajo sospechas que parecen más alimentadas por el ruido mediático que por indicios sólidos, mientras otros expedientes que salpican al Partido Popular parecen quedar en el olvido?
Pero lo más grave no es solo la disparidad de criterios, sino la complicidad activa del propio CGPJ.
Este órgano ha estirado el chicle hasta la extenuación, permitiendo que se vulneren derechos fundamentales del Fiscal General del Estado, de Begoña Gómez, de David Sánchez, de Juan Carlos Barrabés, de Ábalos, de Santos Cerdán, y del expresidente Zapatero y sus hijas.
La justicia ha sido instrumentalizada para desgastar y tratar de derrotar a un gobierno legítimo, bajo la mirada impasible —o más bien cómplice— de quienes debían velar por la imparcialidad.
Resulta de una hipocresía desoladora observar cómo el CGPJ solo reacciona con contundencia cuando se cuestiona la labor policial. Ante las presuntas irregularidades de ciertos magistrados, el Consejo ha operado con un cinismo insultante: abriendo expedientes sabiendo de antemano que no hay tiempo material para una resolución efectiva, o garantizando que, en el peor de los casos, la sanción sea una simple multa para un juez que ya ha cumplido su objetivo y se marcha jubilado.
Es una burla a la ciudadanía y al propio sistema judicial
El Consejo General del Poder Judicial tiene la obligación de controlar las actuaciones de los jueces, pero no existe una ley que determine que, cuando un juez incumple de forma sistemática y vulnera los derechos de los ciudadanos, se le pueda retirar directamente de su puesto para dejar de actuar en la justicia. Hasta ahora, solo han existido precedentes con los jueces Elpidio Silva y Baltasar Garzón, y siempre que han actuado en contra de los intereses del Partido Popular; ¿cuándo se aplicará este rigor contra quienes instrumentalizan la toga para fines partidistas y vulneran sistemáticamente los derechos de los ciudadanos?