Se nos dice que la justicia es garante y que es igual para todos, pero la realidad que enfrentamos nos obliga a hacer una pregunta mucho más cruda: ¿está la justicia podrida en España? Lo que estamos viendo es una operativa que va mucho más allá de errores judiciales; se trata de una maquinaria diseñada para influir en la vida política del país.

Tal como se denuncia en el material analizado, estamos ante una verdadera «fontanería judicial». El vídeo pone al descubierto cómo se mueven hilos para fabricar causas, cómo se coordinan magistrados y fiscales para inhabilitar a adversarios políticos y cómo se manipulan los procedimientos internos para asegurar que las sentencias sigan una hoja de ruta preestablecida.

Es especialmente grave observar la arbitrariedad en la investigación. ¿Cómo es posible que la UCO pueda permitirse el lujo de demorar hasta un año la entrega de un informe fundamental en el caso del novio de la presidenta Ayuso, mientras que, en otros casos, se elaboran informes «a la carta» en tiempo récord para imputar delitos? Estos informes parecen dictados por una narrativa política preestablecida, tratándose como «palabra de Dios» y como prueba irrefutable, cuando en realidad carecen de sustento probatorio real. Simplemente construyen el relato que les interesa para alcanzar el objetivo de criminalizar al adversario.

La disparidad en el trato es insultante. Mientras a un ciudadano corriente se le deniega cualquier respiro, negándole aplazamientos básicos para poder defenderse con todas las garantías, vemos cómo a otros se les permite dilatar los procedimientos ad infinitum.

Desde el compromiso ético que guía a nuestra organización, ADEPPU, no podemos ser cómplices con nuestro silencio. Somos muy claros: no podemos confundir nuestros derechos como ciudadanos con los deseos particulares de aquellos que ostentan el poder o de sus familiares. El sistema público, y por extensión el judicial, debería estar blindado contra el capricho político y el tráfico de influencias, pero hoy vemos cómo esa barrera ha desaparecido.

La prueba de esta podredumbre institucional se manifiesta en el archivo y la dilación estratégica de causas que deberían ser ejemplares. Casos como la Gürtel, con sus casi 18 años de laberinto judicial, las demoras en el Caso Montoro, o los laberintos procesales en las tramas Púnica y Kitchen, demuestran una impunidad cronificada.

Es inaceptable ver a magistrados ejerciendo con total impunidad mientras las pruebas de su parcialidad son evidentes. Nombres como los de los jueces Juan Carlos Peinado, Manuel García-Castellón, Joaquín Gadea, Santiago Pedraz, Ignacio Cosidó (en su faceta de influencia política sobre el poder judicial), Enrique López y Concepción Espejel resuenan como exponentes de una judicatura enfocada en perseguir a la izquierda política mientras blinda o archiva causas del PP. Si en su momento se apartó y sancionó al juez Garzón con tanta contundencia, resulta un agravio comparativo incomprensible que estos magistrados sigan en sus cargos. Las evidencias expuestas en los audios demuestran comportamientos que deberían haber provocado su destitución inmediata.

Esta es la radiografía de una justicia que ha perdido su norte ético. Mientras se permita que el sistema sea utilizado para perseguir intereses partidistas bajo una apariencia de legalidad, la desconfianza seguirá creciendo. No solo merece el pueblo una justicia imparcial, tiene el derecho inalienable a exigir la depuración de responsabilidades cuando la balanza se inclina descaradamente por intereses espurios.
La justicia en nuestro país necesita una limpieza profunda; de lo contrario, solo tendremos una fachada de legalidad que encubre la corrupción de las instituciones.