Todas las privatizaciones, son un robo a los ciudadanos
a la vez , mas mordidas y comisiones para las autonomías
Organizaciones alertan de que la ley de gestión pública no cierra la puerta a la privatización sanitaria
- Audita Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid exponen seis contradicciones que, a su juicio, evidencian que el modelo mixto público-privado se mantiene en el proyecto.
- Fuentes del Ministerio de Sanidad argumentan a ‘Público’ que la nueva norma “pretende limitar la entrada del ánimo de lucro a gran escala en el sistema sanitario”.
Madrid––Actualizado a
Las organizaciones en defensa de la sanidad pública, Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid, cuestionan que el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el Gobierno, “no contemple la reversión de los centros privatizados, mantenga la posibilidad de concertar servicios con empresas y deje intacto el modelo de mutualidades de funcionarios”. En una rueda de prensa este miércoles, ambas entidades han expuesto las seis contradicciones que, a su juicio, evidencian que el modelo mixto público-privado se mantiene.
Vicente Losada, portavoz de Audita Sanidad, ha señalado que el proyecto “se ha vendido por parte del Ministerio de Sanidad como un proyecto que va a recuperar de manera total el sistema sanitario público al 100%”. Aunque considera que algunas de las medidas pueden valorarse positivamente, sostiene que “la letra pequeña permite que el modelo sanitario mixto público-privado de los años 80 se siga manteniendo”. A su juicio, los cambios introducidos son “formales” y no modifican la estructura del sistema.
Ana Encinas, Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid: “El proyecto de ley no está blindando la sanidad pública”
Por su parte, Ana Encinas, portavoz de la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid, ha cuestionado que la gestión privada resulte más barata o segura. “Conlleva una reducción de plantilla, con sobrecarga y pérdida de atención”, ha afirmado. En su opinión, el proyecto de ley “no está blindando la sanidad pública”.
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Rueda de prensa de Audita Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública, a 30 de septiembre de 2026.Público.
1. La privatización sigue siendo posible
Según las organizaciones, el proyecto establece que la gestión pública se realizará “de manera directa”, una fórmula más contundente que la del anteproyecto inicial, que incluía el término “preferentemente”. Sin embargo, sostienen que este cambio no impide que sigan recurriendo a conciertos y convenios con empresas privadas, “ya que los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad permanecen intactos”. A su parecer, por tanto, la norma no garantiza un sistema plenamente público, que —según defienden— exigiría gestión directa, recursos sanitarios de titularidad pública y financiación mediante impuestos progresivos.
2. Los conciertos singulares siguen permitidos
También advierten que el texto mantiene abiertas distintas vías de gestión indirecta, como los conciertos sanitarios (artículo 90), los convenios singulares (artículo 67) y las concesiones administrativas. Además, argumentan que no impide externalizar por separado servicios esenciales como el diagnóstico, los laboratorios, la rehabilitación, la atención domiciliaria o la tecnología sanitaria. “Una privatización más fragmentada y menos visible” que las grandes concesiones hospitalarias, pero que, según denuncian, “permite que el dinero público siga financiando la gestión privada de centros y servicios sanitarios”.
3. Los artículos 66, 67 y 90 siguen vigentes
Para ambas organizaciones, la derogación de la Ley 15/1997, presentada como un “cambio histórico”, no basta para cerrar la puerta a la privatización de centros públicos. Señalan que siguen vigentes otras normas que permiten recurrir a fórmulas de gestión privada, como los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad o la Ley de Contratos del Sector Público. En su opinión, eliminar una ley no supone derogar automáticamente el resto del marco jurídico que ampara estas vías de privatización.
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- Rocío Cruz Madrid––Actualizado a
- El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley que persigue limitar la expansión de la gestión sanitaria privada en la red pública. Ahora inicia un complejo camino en el Congreso de los Diputados.
- La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que la norma “va en la dirección correcta al “limitar la privatización” y “volver a situar la gestión pública en el centro”.
- Por su parte, la patronal privada sostiene que el texto supone un “ataque frontal” a un modelo de colaboración que considera estructural dentro del SNS, y no algo accesorio.
Estar un paso más cerca del blindaje de la sanidad pública y del freno a la privatización del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esa es la meta que persigue la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde este martes para iniciar su recorrido parlamentario. La norma busca limitar la expansión de modelos de gestión sanitaria privada en la red pública, como el Hospital de Torrejón —gestionado por Ribera Salud— o los hospitales del grupo Quirónsalud.
El texto ya había recibido un primer aval del Ejecutivo en febrero, pero desde entonces permanecía en fase de revisión técnica y recepción de alegaciones. La aprobación del martes supone el paso decisivo para convertir el borrador en proyecto de ley y enviarlo al Congreso, donde comenzará una compleja negociación parlamentaria.
Durante la tramitación, el proyecto de ley ha ido afinando su redacción y endureciendo varios de sus puntos respecto a los borradores iniciales de 2024 y a las aportaciones recogidas en consulta pública. Uno de los cambios más relevantes afecta a la gestión indirecta de servicios sanitarios. Si en versiones previas se contemplaba como una opción posible, ahora queda circunscrita a un uso “estrictamente excepcional”. Su aplicación exigirá, según el nuevo redactado, una memoria justificativa, la evaluación de un comité técnico, la publicación de informes y una motivación expresa que acredite por qué no es viable la gestión directa.
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El texto también endurece el veto a los modelos concesionales tipo Alzira, al incorporar una cláusula que impide la gestión indirecta en centros que combinen concesión de obra pública y prestación sanitaria. Otra novedad es la introducción de un criterio de desempate en la contratación pública sanitaria: en igualdad de condiciones, “tendrán prioridad las entidades sin ánimo de lucro frente a otras fórmulas empresariales“. En paralelo, informan desde el departamento de Mónica García, se ha incorporado un refuerzo del papel de la Alta Inspección del SNS, que “podrá asesorar a las comunidades autónomas que emprendan procesos de reversión de modelos privatizados”.
El texto también consolida los mecanismos de control interno del sistema: auditorías más estrictas, indicadores comunes de evaluación, mayor transparencia en la publicación de resultados, regulación de conflictos de interés y obligaciones reforzadas de rendición de cuentas. Con su aprobación en el Consejo de Ministros, la norma pasa a incluirse en el Plan Anual Normativo de 2026 junto a la Ley del Medicamento, como uno de los grandes ejes legislativos de Sanidad.
“La privatización ahora avanza en silencio”
Sergio Fernández, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), considera que el proyecto de ley supone “un cambio de orientación política evidente” en el modelo sanitario. “Solo el hecho de limitar la privatización y volver a situar la gestión pública en el centro ya es relevante y va en la dirección correcta”, sostiene en declaraciones a Público. “Desde la FADSP lo valoramos como un avance positivo porque recupera una idea básica: la sanidad pública no solo debe financiarse con dinero público, también debe gestionarse desde lo público“, añade.
Sergio Fernández, FADSP: “La ley puede quedarse corta si no va acompañada de más inversión y mecanismos de control efectivos”
Aun así, Fernández pide cautela sobre el alcance real de la norma. “Conviene ser prudentes”, advierte. Bajo su mirada, la privatización sanitaria ya no avanza únicamente mediante grandes concesiones hospitalarias como las impulsadas durante años en Madrid o en el modelo Alzira valenciano. “Ahora muchas veces se produce de forma más silenciosa: externalización de pruebas diagnósticas, derivaciones estructurales a clínicas privadas para reducir listas de espera, conciertos permanentes, privatización de servicios no sanitarios o incluso la infrafinanciación deliberada de recursos públicos para justificar después acudir al sector privado”, explica. LEER MAS
El fin de la ley de Aznar
La futura ley supondrá además la derogación de la Ley 15/1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar y considerada la puerta de entrada de los grandes grupos sanitarios privados en la red pública. Gracias a esa normativa se consolidaron modelos como el de Alzira, impulsado por Ribera Salud, o las concesiones hospitalarias de Quirón en Madrid.
Los conciertos y contratos actualmente vigentes seguirán activos hasta su vencimiento
Estar un paso más cerca del blindaje de la sanidad pública y del freno a la privatización del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esa es la meta que persigue la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde este martes para iniciar su recorrido parlamentario. La norma busca limitar la expansión de modelos de gestión sanitaria privada en la red pública, como el Hospital de Torrejón —gestionado por Ribera Salud— o los hospitales del grupo Quirónsalud.
Los conciertos y contratos actualmente vigentes seguirán activos hasta su vencimiento
El texto ya había recibido un primer aval del Ejecutivo en febrero, pero desde entonces permanecía en fase de revisión técnica y recepción de alegaciones. La aprobación del martes supone el paso decisivo para convertir el borrador en proyecto de ley y enviarlo al Congreso, donde comenzará una compleja negociación parlamentaria.
Durante la tramitación, el proyecto de ley ha ido afinando su redacción y endureciendo varios de sus puntos respecto a los borradores iniciales de 2024 y a las aportaciones recogidas en consulta pública. Uno de los cambios más relevantes afecta a la gestión indirecta de servicios sanitarios. Si en versiones previas se contemplaba como una opción posible, ahora queda circunscrita a un uso “estrictamente excepcional”. Su aplicación exigirá, según el nuevo redactado, una memoria justificativa, la evaluación de un comité técnico, la publicación de informes y una motivación expresa que acredite por qué no es viable la gestión directa.
Respecto al modelo de mutualidades de funcionarios, las mismas fuentes señalan que su regulación corresponde a la Seguridad Social y que una ley sanitaria no puede modificar una competencia de otro ministerio. No obstante, recuerdan que Sanidad ya ha manifestado su oposición a este modelo. El departamento también defiende que la norma pretende limitar la entrada del ánimo de lucro a gran escala en el sistema sanitario. “Lo que esta ley ataca, digamos, es el modelo Quirón imperante en Madrid”, señalan. En este sentido, distinguen entre las externalizaciones con ánimo de lucro y otros modelos de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro, como el de determinadas fundaciones en Catalunya, que —según aclaran— no buscan extraer plusvalías de su actividad sanitaria.
Sobre la firma
Rocío Cruz
Redactora de Sanidad, Educación y Servicios Sociales
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