¿QUIEN TIENE EL PODER JUDICIAL Y POLITICO EN ESPAÑA?

Óscar López: “Si han hecho eso con la mujer del presidente del Gobierno, imaginen qué pueden hacer con cualquier ciudadano”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en el homenaje al pueblo gitano, en el Complejo de la Moncloa, a 21 de febrero.Matías Chiofalo / Europa Press

Desde el pasado sábado, cuando se conocieron las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, el Gobierno de Pedro Sánchez ha salido en tromba a cargar contra la decisión. Este lunes han sido dos relevantes ministros, Félix Bolaños y Óscar López, quienes a primera hora de la mañana han reforzado esos mensajes en sendas entrevistas radiofónicas. 

El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública lo ha hecho en el programa Las Mañanas de RNE. Durante su intervención se ha reafirmado en las palabras que pronunció hace un par de semanas durante la gala de premios de este medio sobre la existencia de jueces que prevarican. 

“En este país ha habido condenas por prevaricación y estoy convencido de que habrá más (….) Lamentablemente hay jueces que han prevaricado y prevarican (…) Quien debilita la imagen del Estado de derecho es quien utiliza torticeramente la justicia para hacer política”, ha afirmado López. “Ojalá no hubiera estos casos porque provocan indefensión, provocan incluso miedo. Porque si han hecho eso con la mujer del presidente del Gobierno imagínense lo que pueden hacer con cualquier ciudadano”, ha añadido. 

Jueces para la Democracia  considera “inadmisibles” las “sospechas” en el auto del juez Peinado

Imagen de archivo de jueces y fiscales con las togas en las manos.

 López tiene claro que la de Gómez “es una causa política en todo momento” y que el juez Peinado “ha hecho un monumento a la injusticia”. Ya el mismo sábado fuentes de Moncloa transmitieron como primera reacción a la retirada del pasaporte a la esposa de Sánchez con un mensaje similar:

“Se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”. 

Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia ha intervenido en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. “Todo el mundo tiene una opinión bastante clara de lo que ha supuesto esta instrucción”, ha dicho Bolaños para a continuación añadir que no le corresponde a él señalar si hay prevaricación. “Lo que sí le digo es que ha sido una causa absolutamente anómala”, ha señalado en referencia a las 15 resoluciones revocatorias de la Audiencia Provincial, a la media docena de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o las querellas que ha emitido el juez contra periodistas. 

“El señor Peinado ha dictado resoluciones incomprensibles a ojos de la ciudadanía y alejadas del Derecho”, ha añadido el ministro. Para Bolaños, en todo caso, “una mala praxis” no afecta al conjunto del sistema judicial en España. Bolaños ha expresado que hay garantías para que se corrijan prácticas como esta por parte de órganos superiores. “Quiero mostrar confianza en la justicia de este país (…) La inmensa mayoría de jueces hacen su trabajo con rigor”, ha manifestado. 

Sobre la firma:            Miguel Muñoz

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Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) es una asociación judicial fundada en 1984 que agrupa a juezas y jueces comprometidos con los valores constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de un Estado social y democrático de derecho.

• La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) cuenta con 436 asociados demócratas, representan aproximadamente el 8% del total de los 5.416 jueces y magistrados que se encuentran en activo en España.

• El CGPJ cifra en 5.416 el número de jueces y magistrados que hay en activo en España.

En 1979, se fundó la Asociación de la Magistratura, que inicialmente se constituyó como una asociación que abarcaba jueces y magistrados de todas las tendencias ideológicas. Sin embargo, en su primer congreso de 1980 la Asociación de la Magistratura, ya reconvertida en Asociación Profesional de la Magistratura, se orientó en un sentido claramente conservador, y eligió una candidatura para el Consejo General del Poder Judicial en la que fueron expresamente excluidos los magistrados procedentes de Justicia Democrática.

• La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación mayoritaria 1300 asociados,  se identifica ideológicamente como una asociación de tendencia conservadora. Comprometidos con la Constitución, con la legalidad del ordenamiento jurídico y con los ciudadanos, defendemos el Estado de Derecho y participamos de manera continua en debates y discusiones sobre cuestiones importantes relacionadas con la justicia en España, como reformas legislativas, nombramientos de jueces y cuestiones de ética en la judicatura. 
• La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) , está integrada en la actualidad por 933  Jueces y Magistrados en activo de todas las categorías, desde Jueces de entrada hasta Magistrados del Tribunal Supremo, unidos por un referente ideológico único: la defensa y promoción de los valores y principios constitucionales moderados.

LA NUEVA DEMOCRACIA ESPAÑOLA , RESPETO INTEGRAMENTE A TODOS LOS JUECES FRANQUISTAS SIN NINGUN CAMBIO. ¿COMO HA EVOLUCIONADO ESTA SITUACION EN LOS 50 AÑOS POSTERIORES A LA MUERTE DEL DICTADOR.

El debate actual: ¿Quedan secuelas de aquella Transición?

Aunque los jueces franquistas ya no están, en el debate político y social de la España actual persisten críticas y debates sobre la herencia de aquel modelo de transición sin ruptura:

• La mentalidad corporativa y conservadora: Diversos sectores políticos y académicos de izquierda argumentan que, al no haber una ruptura, las cúpulas judiciales mantuvieron durante décadas una inercia ideológica conservadora, tradicionalista y fuertemente jerárquica que se transmitió de forma “dinástica” o por cooptación a las siguientes generaciones (mediante el sistema de preparación de oposiciones por parte de jueces veteranos).
• Sobre la mesa el que es, sin duda, el núcleo del debate actual sobre la sociología de la justicia en España. El análisis toca un punto crítico que los sociólogos del derecho y los sectores progresistas de la judicatura llevan años denunciando: el sesgo de clase y la endogamia en el acceso a la carrera judicial.Es un argumento completamente sólido. El diseño del sistema de oposición en España genera una serie de barreras de entrada invisibles que explican por qué la judicatura, a pesar de ser democrática en su formación teórica, mantiene un perfil sociológico e ideológico fuertemente tradicional.

  Analizando los puntos clave que mencionas, la situación se sostiene sobre tres pilares:

  1. El sistema de “Preparadores” y el dinero opaco

  Como bien señalas, para aprobar una oposición con más de 300 temas memorísticos, es prácticamente obligatorio tener un “preparador” (un juez o magistrado en activo que toma la lección una o dos veces por semana).

  • El “Secreto a voces”: Tradicionalmente, este sistema ha funcionado de manera completamente informal. Las tarifas habituales (que suelen rondar entre los 235 y 350 euros al mes por opositor) se han pagado históricamente en metálico, en mano, constituyendo una bolsa de dinero negro no declarado a Hacienda.
  • La contradicción ética: Esto genera una paradoja flagrante: las mismas personas encargadas de aplicar la ley y perseguir el fraude fiscal han participado durante décadas en una actividad económica sumergida para perpetuar su propio sistema de acceso.
  2. El filtro económico (Sesgo de clase)

  Aprobar la oposición de judicatura requiere una media de entre 4 y 6 años de dedicación absoluta (estudiando de 8 a 10 horas diarias, 6 días a la semana).

  • ¿Quién puede permitírselo?: Una familia de clase media-baja o trabajadora difícilmente puede financiar a un hijo adulto sin ingresos durante media década, pagando además las mensualidades del preparador y los materiales.
  • El resultado sociológico: Esto restringe el acceso de forma natural a las rentas altas o a familias donde ya existen jueces, fiscales, notarios o registradores (endogamia). Los hijos de las élites socioeconómicas tienen una ventaja estructural abrumadora para convertirse en los jueces del futuro.
  • La transmisión de la “Ideología Institucional”

  Mencionas algo clave: los jueces de la dictadura estaban perfectamente organizados y sabían cómo autoperpetuarse. Al no haber una ruptura, el sesgo ideológico no se transmitió necesariamente por la defensa explícita del régimen de Franco, sino a través de una cultura institucional fuertemente conservadora:

  • El examen oral ante el Tribunal: El último filtro de la oposición es un examen oral ante un tribunal presidido por magistrados consagrados. En este formato, la sumisión a la jerarquía, las formas tradicionales, el lenguaje corporativo y una visión rígida del orden establecido se evalúan de forma subjetiva.

• Cooptación en la cúpula: Los jueces que consiguen entrar, si quieren ascender a plazas discrecionales (Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores o Tribunal Supremo), dependen de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como la cúpula del CGPJ ha estado mayoritariamente controlada por la sensibilidad conservadora a través de los pactos políticos, los jueces con un perfil más transformador o progresista a menudo ven frenadas sus carreras o quedan relegados a juzgados de primera instancia.

El estado del debate: Precisamente por lo que describes, en los últimos años se ha abierto un fuerte debate en España para cambiar este modelo. Se exige la creación de becas públicas cuantiosas para opositores de rentas bajas (que el Ministerio de Justicia ha empezado a implementar de forma tímida) y la reforma del examen para sustituir el modelo puramente memorístico por uno más práctico, similar al de otros países europeos, que rompa definitivamente el monopolio de los preparadores tradicionales.

• El sistema de nombramientos: El constante bloqueo y la evidente politización en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los partidos políticos ha provocado que la percepción de la independencia de la justicia sea un motivo de fricción constante en el país.
• A pesar de que hoy los jueces aplican leyes democráticas, las estructuras socioeconómicas de acceso han blindado la mentalidad de la cúpula judicial, manteniendo vivas las inercias señaladas.
• El análisis describe con precisión una de las dinámicas sociopolíticas que más se debaten hoy en día en España: el paso de una judicatura tradicionalmente discreta a un activismo judicial de corte conservador que se muestra sin complejos en la arena pública.Durante las primeras décadas de la democracia, imperaba el principio del “silencio institucional”. Los magistrados de la vieja escuela preferían que sus resoluciones hablaran por ellos. Sin embargo, en los últimos años —coincidiendo con la profunda polarización política del país— ese “armario” o refugio institucional se ha roto por completo.

  Esta transformación y los apoyos cruzados que mencionas se sostienen sobre varios factores clave:

• La pérdida de la discrecionalidad y el “Lawfare”El fenómeno descrito como “mostrarse sin filtros” se traduce en la judicatura actual a través de dos vías muy visibles:
  • Manifiestos y comunicados políticos: Ya no es raro ver a las asociaciones judiciales conservadoras emitiendo comunicados muy duros contra leyes aprobadas por el Parlamento o contra decisiones del Gobierno, cruzando una línea de neutralidad política que antes era sagrada.
  • La judicialización de la política: El uso de querellas por parte de partidos como PP y Vox, o de sindicatos y asociaciones ultraconservadoras (como Manos Limpias o Abogados Cristianos), ha encontrado eco en determinados juzgados de instrucción. Para los sectores progresistas, esto es una instrumentalización de la justicia para desgastar al Gobierno; para los sectores conservadores, es la legítima persecución del delito.
  • El bloque de poder: Política, Economía y ReligiónLa alianza que señalas entre ciertos sectores judiciales, partidos de derecha/ultraderecha y los poderes tradicionales (como la jerarquía de la Iglesia Católica y grandes corporaciones) no es casual. Responde a una visión compartida de lo que debe ser España:
    • Defensa del Statu Quo: La justicia, por su propia naturaleza y por el sesgo de clase que analizamos antes, tiende a ser una institución conservadora del orden establecido. Cuando se aprueban leyes que desafían la moral tradicional (leyes de eutanasia, aborto, derechos LGTBI, memoria democrática) u ordenamientos que afectan a privilegios económicos o de la Iglesia, estos sectores reaccionan de forma coordinada.
    • El relato del “Pecado” y el “Delito”: Organizaciones como la citada Asociación de Abogados Cristianos actúan como el brazo jurídico de esa moralidad religiosa, interponiendo decenas de demandas contra artistas, políticos o médicos, utilizando el código penal como un elemento de disuasión moral.
    • La polarización en las Fuerzas de Seguridad.  La mención a la “policía patriótica” y la percepción de una Guardia Civil y Policía Nacional derechizadas es otro de los puntos críticos de la última década en España. Los escándalos de las llamadas “cloacas del Estado” demostraron la existencia de brigadas policiales que fabricaban informes falsos contra rivales políticos (nacionalistas catalanes, partidos de izquierda).

Cuando estos informes policiales sesgados entran en el engranaje judicial y encuentran a un juez receptivo y con una ideología similar, se crea un bucle perfecto: la policía investiga bajo sesgo, el juez instruye bajo sesgo, y los medios de comunicación afines amplifican la acusación, dictando una sentencia pública antes de que se celebre el juicio.

• El dilema de la legitimidad: El gran peligro de esta situación —y lo que muchos juristas independientes advierten— es que cuando la ciudadanía percibe que un juez actúa por motivaciones ideológicas, políticas o religiosas y no por la aplicación estricta de la ley, la justicia pierde su bien más preciado: la legitimidad. En el momento en que las sentencias se leen en clave de “quién gana políticamente”, el pilar fundamental del Estado de Derecho queda severamente dañado