García ha realizado estas declaraciones tras mantener una «reunión muy productiva» con representantes de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) de los sectores de enseñanza y servicios públicos, donde han analizado la alarmante situación de los servicios públicos en la región y, específicamente, en la provincia almeriense.

El portavoz andalucista ha sido tajante respecto a las recientes declaraciones del Gobierno andaluz: «La Consejería de Educación miente: no se están aumentando el número de aulas en la pública, han eliminado más de 2.700 aulas en la pública desde 2018 y cero en la privada. Es el curioso caso de bajada de natalidad que solo afecta a la pública».

En este sentido, García ha desmentido los datos ofrecidos por la Junta sobre la provincia de Almería: «Hace unos días decían que habían creado más de 30 aulas nuevas en Infantil. Claro, si tú creas 30 y eliminas 90, el resultado es que en Almería se han eliminado más de 60 aulas en un año. Esto es matemática básica que la Consejería entiende perfectamente, lo que pasa es que quieren engañarnos. Si quieren cargarse la enseñanza pública, al menos que lo digan y no engañen. Lo mínimo que nos merecemos los andaluces es un gobierno que diga la verdad».

Frente a este escenario de «destrucción de lo público», Adelante Andalucía propone una legislación que prohíba la eliminación de líneas en la escuela pública y obligue a la restitución de las 2.700 perdidas. Además, la norma busca proteger de manera «escrita en piedra» al alumnado más vulnerable.

Para ello, García ha exigido que la Junta garantice un . «Un centro no está completo hasta que no tiene todo este personal público: al menos una profesional de Pedagogía Terapéutica (PT), una de Audición y Lenguaje (AL), una Profesional Técnica de Integración Social (PTIS), un educador o educadora social, una orientadora y personal de enfermería», ha detallado.

Se está precarizando a las trabajadoras y vulnerando el derecho del alumnado a ser atendido en condiciones. Esto se tiene que acabar», ha sentenciado.

El candidato ha ilustrado la precariedad actual del sistema poniendo como ejemplo la situación límite que atraviesan las especialistas de Audición y Lenguaje. «Están atendiendo hasta a 70 y 80 niños. Si tienen 25 horas de trabajo a la semana, ¿cuánto tiempo le dedican a cada alumno? ¿Diez o quince minutitos a la semana? Eso es lo que quiere la Consejería para nuestros niños y niñas con problemas de audición y lenguaje, además de obligar a las maestras a ser itinerantes entre centros sin pagarles esa itinerancia.