OBJETIVO FEIJÓO : Limitar los derechos de las mujeres
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) , ante las declaraciones de Feijoo de querer limitar los derechos de las mujeres mientras su partido dificulta el acceso al aborto y los obstáculos que, según la organización, dificultan el ejercicio efectivo de este derecho.
El comunicado recuerda el caso de una mujer de Valladolid con un embarazo considerado inviable que, según su denuncia, no recibió la atención necesaria en el hospital público al que acudió y tuvo que desplazarse a otra provincia para acceder a ella. La FADSP exige a la Junta de Castilla y León que investigue lo sucedido y depure las responsabilidades correspondientes. Asimismo, reclama que todas las comunidades autónomas garanticen el acceso al aborto en la sanidad pública, dispongan de los medios necesarios y cumplan las obligaciones legales relativas a la objeción de conciencia del personal sanitario.
Las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el aborto vuelven a dejar bastante clara la posición del Partido Popular respecto a los derechos de las mujeres. El presidente del PP llegó a comparar la interrupción voluntaria del embarazo de las jóvenes de 16 y 17 años con hacerse un tatuaje, anunciando además su intención de reabrir este debate si llega al Gobierno.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) consideramos estas declaraciones profundamente preocupantes. Parece que Feijóo tiene bastante interés en cuestionar las decisiones que pueden tomar las mujeres, pero mucho menos en garantizar que los gobiernos de su partido cumplan la legislación vigente.
Hace apenas unos días conocíamos el caso de una mujer de Valladolid que, con un embarazo considerado inviable, no pudo acceder a su interrupción en el Hospital Universitario Río Hortega. Fue derivada a una clínica privada que, según su denuncia, no disponía de los medios necesarios para atender posibles complicaciones. La mujer llegó incluso a acudir a urgencias por una hemorragia y fue enviada nuevamente a su domicilio mientras persistiera el latido fetal. Finalmente tuvo que desplazarse a un hospital público de otra provincia para recibir la atención que necesitaba.
Lo sucedido es una auténtica barbaridad y resulta especialmente indignante que ocurra en una comunidad gobernada precisamente por el Partido Popular y Vox.
Feijóo aseguró también que no puede obligar al personal facultativo a practicar un aborto, lo que denota un profundo desconocimiento de la actual normativa, ya que la actual Ley del Aborto, reformada en 2023, reconoce el derecho de cada profesional a negarse por motivos de conciencia, siempre que lo comunique previamente y por escrito. Pero una cosa es respetar esa decisión individual y otra muy distinta permitir que servicios hospitalarios completos dejen de realizar esta prestación. Para evitarlo, las comunidades autónomas están obligadas a disponer de registros de personal objetor y a organizar la asistencia para garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho en la sanidad pública. Por lo tanto, la objeción de conciencia ya está regulada. Lo que falta es que determinadas administraciones cumplan la ley y dejen de utilizarla como excusa para desentenderse de sus obligaciones.
La legislación vigente reconoce el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a decidir sobre la interrupción de su embarazo sin necesidad de consentimiento de sus representantes legales. ¿Qué pretende entonces revisar Feijóo? ¿Por qué tanto interés en cuestionar un derecho reconocido mientras sus gobiernos siguen poniendo obstáculos para ejercerlo?
Desde la FADSP exigimos a la Junta de Castilla y León que investigue lo sucedido y depure las responsabilidades que correspondan. Reclamamos asimismo que todas las comunidades autónomas garanticen esta prestación en la sanidad pública, con los medios necesarios y cumpliendo la legislación sobre los registros de personal objetor de conciencia.
Feijóo debería dejar de dar lecciones sobre lo que tienen que hacer las mujeres y empezar por exigir a sus gobiernos autonómicos que cumplan la ley, ya que lo verdaderamente escandaloso es que una mujer tenga que recorrer hospitales para conseguir que se garantice su derecho al aborto en la sanidad pública.
27 de octubre de 2026
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