El testimonio clave del ‘caso residencias’ que podría esclarecer ¿quién decidió no medicalizar los centros?
- Está previsto que Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso encargado de elaborar el ‘Plan de Choque’, declare este miércoles como investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba.
- María Teresa Vidán, la doctora señalada por Carlos Mur como autora de los protocolos, también deberá comparecer este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey.
El ex asesor sanitario de Isabel Diaz Ayuso, Antonio Burgueño, A. Perez Meca / Europa Press.
Rocío Cruz PUBLICO Madrid–
Este miércoles podríamos estar un paso más cerca de conocer qué ocurrió realmente con los protocolos que dejaron fuera de la atención sanitaria a miles de mayores en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Está previsto que declare como investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba Antonio Burgueño, una figura central en los primeros compases de la crisis sanitaria.
En marzo de 2020, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso designó a Burgueño como principal asesor para afrontar la emergencia y le encomendó la elaboración del conocido Plan de Choque. Entre sus medidas destacaba la medicalización de las residencias, uno de los aspectos centrales de la causa judicial, que finalmente no llegó a aplicarse. Hasta ahora, Burgueño no ha prestado declaración en ninguno de los procedimientos abiertos en la comunidad, por lo que su testimonio se considera clave para reconstruir qué decisiones se adoptaron —y cuáles se descartaron— en aquellos meses críticos de 2020. Su declaración podrá aportar contexto sobre la importancia de haber medicalizado los centros, tal y como contemplaba su propio plan.
En la misma jornada judicial están citados también Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, señalados respectivamente como firmante y como uno de los autores intelectuales de los protocolos de la vergüenza. Ambos ya han declarado en otras causas abiertas en la Comunidad de Madrid en calidad de investigados.
Un tercer intento para que Burgueño declare ante el juez
El pasado 10 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba citó como investigados a varios ex altos cargos del Gobierno de Ayuso —entre ellos Martínez Peromingo, Mur, Burgueño y una geriatra de enlace—. Sin embargo, ni Burgueño ni Peromingo pudieron comparecer ante el juzgado. Mur, el único que estaba en condiciones de declarar, tampoco lo hizo, ya que el magistrado decidió suspender todas las comparecencias y posponerlas hasta este miércoles. ¿El motivo? La modificación del tipo penal que se investiga, lo que ha llevado al juez a reclamar la incorporación previa de las directrices a la causa antes de tomar declaración a los investigados.
En el caso de Burgueño, se trata del tercer intento de que declare ante la justicia. El primero tuvo lugar en mayo del año pasado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, dentro de una causa penal en la que ya figura como investigado, pero aquella citación quedó suspendida por cuestiones procesales y no llegó a materializarse. La segunda se produjo el 3 de junio de 2025 en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, donde fue convocado como testigo junto a otros exaltos cargos. En esa ocasión sí compareció, aunque su declaración llevó a la suspensión de la vista: la jueza consideró que su posición podía requerir que declarara en calidad de investigado.
Carmen López, portavoz dela plataforma de familiares de las víctimas Marea de Residencias, opina en declaraciones a Público que la comparecencia de Burgueño «es clave en el avance de la investigación». Recuerda que, cuando fue citado como testigo en el juzgado de Leganés, su declaración quedó interrumpida a instancias de la jueza, a petición de la Fiscalía, tras aludir a una reunión mantenida con los responsables del mando único a la que habría sido convocado por Ayuso. López sostiene que en ese encuentro podría haberse configurado el plan que, bajo su mirada, derivó en un trato discriminatorio.
Carmen Martín, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia pide que se identifique a las personas que habrían ordenado no ejecutar el ‘Plan de Choque’
Por su parte, Carmen Martín, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, traslada a Público que las familias depositan grandes expectativas en la declaración de Burgueño. «Confiamos en que cuente la verdad, porque, pese a haber diseñado ese plan, finalmente no se llevó a la práctica», dice. En este sentido, plantea dudas sobre quién tomó la decisión de paralizar o modificar aquel proyecto que «podría haber evitado muchas muertes». Martín pide que se identifique a las personas que habrían ordenado no ejecutar el plan original y sustituirlo por otros dispositivos, como el hospital de campaña Ifema, que —según puntualiza— «en sus primeras semanas solo atendió a 23 residentes en un contexto en el que las muertes en residencias se contaban por cientos».
Un plan de medicalización que nunca se aplicó
El origen del plan de medicalización de residencias en Madrid se remonta a marzo de 2020, cuando el Ejecutivo autonómico contactó con Burgueño para analizar la respuesta a la crisis de la covid-19. A partir de ese momento, se planteó un enfoque que él mismo definió como de carácter «militar». Tras una reunión en la que participaron la propia presidenta regional, Enrique Ruiz Escudero, Javier Fernández-Lasquetty y Miguel Ángel Rodríguez, se le encargó coordinar un plan con mando único sanitario.
El documento que elaboró contemplaba la medicalización de residencias, el refuerzo de la Atención Primaria, la hospitalización domiciliaria y la incorporación de personal médico en estos centros. Sin embargo, según ha reconocido el propio Burgueño, muchas de esas medidas no llegaron a aplicarse en su totalidad. El exasesor ha denunciado posteriormente la falta de medios, de agilidad y de coordinación, y ha señalado que muchos residentes no recibieron la atención sanitaria prevista, en un contexto en el que la medicalización no se implementó como estaba diseñada en el plan original.
José Manuel quiere saber qué pasó con su padre
El procedimiento judicial de Collado Villalba no nace de la demanda colectiva impulsada por las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, sino de la iniciativa individual de un familiar afectado. En concreto, la causa se abre a partir de la querella presentada por José Manuel Parceiro, abogado residente en Alacant, que ha decidido llevar a los tribunales la muerte de su padre, Manuel, durante la primera ola de la pandemia en Madrid, cuando vivía en la residencia Sanitas Torrelodones.
Manuel Parceiro fue víctima de los protocolos que impidieron el traslado hospitalario a miles de mayores durante la pandemia. Cedida por sus familiares.
Según relató a Público, el traslado hospitalario de su padre enfermo de covid-19 no se habría producido porque se encontraba en silla de ruedas, una circunstancia que interpreta como un posible caso de discriminación en la atención sanitaria. A partir de ahí, presentó una querella que ha ido ampliando con el tiempo, incorporando delitos como homicidio imprudente y denegación discriminatoria de asistencia médica. Parceiro desea esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades, en un contexto en el que denuncia la falta de explicaciones sobre las decisiones adoptadas.
Este jueves también está previsto que declare en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey María Teresa Vidán, la doctora a la que Mur atribuye la autoría material del texto de las directrices de no derivación. En este caso, la comparecencia se enmarca en una línea de investigación distinta, abierta tras el nuevo impulso judicial del 10 de octubre de 2024, cuando 109 familiares de víctimas presentaron una denuncia colectiva. Esa iniciativa introdujo un frente penal por un delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, tipificado en el artículo 511.1 del Código Penal, ampliando así el alcance de las pesquisas sobre la gestión sanitaria durante la pandemia.
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Es la primera vez que Pablo Busca comparece ante un juez. Su abogado ha alegado que prefieren esperar a que se determine qué juzgado tiene la competencia de la causa.
Familiares de la asociación 7.291: Verdad y Justicia a las puertas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getafe, a 12 de marzo de 2026.Público.
- Rocío Cruz Madrid––Actualizado a
Pablo Busca, quien dirigía el Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) durante la pandemia, estaba citado a declarar por videoconferencia este jueves a las 11.30 horas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getafe. Lo investigan por su papel en los protocolos que impidieron la atención hospitalaria a miles de mayores durante la crisis sanitaria.
En febrero, Busca no declaró al alegar que estaba enfermo. Es la primera vez que comparece ante un juez por estos hechos, pero finalmente tampoco ha declarado. Según ha explicado a los medios Carlos Castillo, abogado de las familias, su defensa ha comunicado al magistrado la decisión de no responder. «Al haberse elevado una cuestión de competencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, el investigado no va a declarar en el Juzgado de Getafe», ha señalado. La «excusa procesal», añade Castillo, pasa por esperar a que se determine qué juzgado asumirá definitivamente la causa.
Pablo Busca, el director gerente del SUMMA 112 durante la pandemia, en una imagen de archivo.Osakidetza / Europa press.
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Por su parte, María Jesús Valero, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, recuerda a este diario que el tiempo transcurrido no ha mitigado el dolor de las familias. «El próximo día 18 de marzo se cumplen seis años de los protocolos y seis años de martirio, de sufrimiento, de dolor y de desprecio hacia las víctimas y sus familias».