Democratizar las redes sociales, creación de una Red Social de iniciativa pública europea
apostar por «alternativas públicas y democráticas» que garanticen una total cobertura a los derechos fundamentales en los espacios digitales; partiendo de un debate sobre la viabilidad y conveniencia de la creación de una Red Social de iniciativa pública europea que cuente con la financiación de los estados miembros y esté sujeta al control parlamentario. Una plataforma cuyo funcionamiento se arrogue a una infraestructura de interés público, con participación publico-privada y colaboración multinivel entre administraciones y agentes sociales», respetando, eso sí, «estrictos» criterios de protección de datos, transparencia y neutralidad. 
Por ello, instan al Gobierno a estimular la creación de tal red social «de interés e iniciativa pública de ámbito europeo» en un primer término y que nazca del debate en el marco de la negociación presupuestaria de la Unión Europea y ante la Comisión Europea. Además, reclaman la adopción de las modificaciones pertinentes de las normativas estatales e impulsar el desarrollo y, en tal caso, la reforma de la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y cualquier otra normativa internacional para «garantizar la imposición de sanciones más severas a las granes plataformas digitales» que se salgan del paraguas legal. Sobre todo, exponen, en lo que atañe a la moderación de contenidos, la desinformación o el uso de «algoritmos opacos».
Gabriel Rufián en su intervención durante la sesión de control al Gobierno . Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Los republicanos junto con sumar han registrado una Proposición No de Ley sobre «el marco regulatorio contra la opacidad algorítmica y el estudio para la posible creación de una red social de interés y de iniciativa pública de ámbito Europeo».
Llamamiento para que el Gobierno de España maniobre para la creación de una plataforma digital pública europea, con criterio democráticos
El escrito presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados, expone la posición de dominio de las «grandes plataformas tecnológicas» sobre el espacio público online. Una hegemonía que no encuentra «precedente» alguno en la historia contemporánea, detallan. Aluden a corporaciones como Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), Alphabet (Google y YouTube) o la mencionada anteriormente del hombre fuerte de Donald Trump. Empresas que los republicanos atribuyen un funcionamiento basado en la recopilación masiva de datos personales y, en consecuencia, una «venta de publicidad hiperdirigida», moldeando a la sociedad digital hacia un ecosistema de polarización perenne y dependiente de sus infraestructuras. Un modelo que algunos expertos catalogan como tecnofeudalismo que convierte a los usuarios en «siervos digitales» de un sistema controlado por «un reducido número de actores privados».
İstanbul, Turkey – November 8, 2023: Social media applications X, instagram, LinkedIn, discord, reddit, Threads, Facebook on smart phone screen.
Ese término -el de tecnofeudalismo– se basa en la extracción y posterior venta de datos personales, así como en la monetización de la atención de los usuarios a modo de «recurso ilimitado». Para los republicanos no sólo supone un agravio para los propios consumidores, sino que degenera en un sistema que vulnera «la democracia, la libertad de expresión y la privacidad». Este caldo de cultivo ha germinado en un escenario donde proliferan tanto «la desinformación» como los «discursos del odio», amén de sembrar contenidos «más emocionales y polarizadores»; los cuales, acotan, cuentan con una «ventaja estructural» dentro de los algoritmos de recomendación. En definitiva, un trampolín para la «propagación de ideas extremistas, la erosión del diálogo democrático y el aumento de la desconfianza hacia las instituciones».
El modelo de ERC
Por otro lado, urgen al Ejecutivo para que presione y sirva de guía a la Comisión Europea con el fin de desarrollar «medidas para garantizar la integridad electoral ante la manipulación informativa» en el espacio digital, lo que conduciría a importantes cambios en los sistemas de recomendación de las plataformas digitales, así como mecanismos para «verificar la información».
Además, el Gobierno debería instar a la Comisión a la adopción de un «enfoque holístico» del Escudo de la Democracia Europea, que contemple una «implementación sólida de la legislación vigente, como la Ley de Servicios Digitales, la Ley de IA o la Ley Europea de Libertad de Medios». Así, se intensificaría la acción y la coordinación en el «ámbito de la alfabetización mediática».
Los republicanos proponen que todas estas iniciativas lleguen con un coto a la publicidad personalizada que se basa en la vigilancia masiva y la recopilación de datos personales. Un método que blindaría la capacidad de las grandes plataformas para la «explotación de información privada de los usuarios con fines comerciales». De la mano de ello, se solicita la restricción del diseño adictivo de estos espacios a través de la prohibición de prácticas como el «scroll infinito» y otros métodos orientados a «maximizar el tiempo de permanencia en línea sin considerar el impacto en la salud mental».
Asimismo, ERC insta al Gobierno a fomentar la creación de sistemas de recomendación y redes sociales alternativas, compuestas de «protocolos libres e independientes» que permitan una experiencia «más plural, democrática y transparente». De su lado, apuestan por garantizar y financiar la presencia de «verificadores y equipos independientes de moderación de contenidos» que, a su vez, estén formados y tengan el arraigo suficiente en cada Estado miembro y en los diferentes idiomas de la Unión, alejados de los criterios opacos de las plataformas líderes del sector y con una supervisión pública que eluda «sesgos discriminatorios» y estimule una «aplicación justa de las normas comunitarias». Reglamento que, según consta en la PNL, debería someterse a modificaciones para garantizar que las administraciones públicas «tengan conocimiento de todos los parámetros, normas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o los sistemas de inteligencia artifical», con el objetivo de escudriñar su «legalidad» y su impacto en la sociedad.
Democratizar las redes sociales.
- Escrito por Odón Elorza
Las redes sociales no pueden funcionar conforme a la ley de la selva, como hasta ahora, con un escenario digital fuera de control en ausencia de una regulación precisa de los Estados. La ciudadanía no debería tener que soportar la toxicidad de las redes sociales por culpa de contenidos ilegales, injurias, teorías conspirativas, bulos racistas o xenófobos, fake news y amenazas ultras con sus cuentas falsas, anónimas, haters y bots.
Las principales herramientas de internet están en manos de grandes corporaciones privadas de ideología neoliberal. Esas plataformas digitales se ven invadidas por grupos ultras que han encontrado en las redes y sus aplicaciones a su mejor aliado y la vía más fácil para hacer penetrar sus ideas entre la población. De ahí que en ellas se prodiguen los discursos populistas, la distopía y los relatos alternativos o la posverdad.
Las redes sociales no deberían servir para amenazar la democracia sino para atender las necesidades vitales de la sociedad y de las personas. Pero los gigantes tecnológicos son ajenos a la ética digital y a los principios de una sociedad democrática. De modo que la UE y los Estados miembros tienen que garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos digitales para poder informarse con rigor, comunicar, debatir con libertad sus opiniones en las redes sociales y aplicaciones o hacer compras de bienes y productos con seguridad. La ciudadanía tampoco ha de ser objeto de manipulaciones informativas por parte de oscuros intereses políticos.
Ni Musk, uno de los principales financiadores de Trump y defensor de sus proclamas ni Zuckerberg ni los demás -que actúan como el cuarto poder- están dispuestos a proteger el interés general en el mercado digital ni a ejercer una autorregulación responsable en la gestión de los contenidos ilegales y de aquellos otros que contravienen las propias normas de las plataformas en línea.
Los gigantes tecnológicos rechazan el Código de Conducta contra la desinformación y el paquete de Leyes de la UE sobre Mercados, Servicios Digitales (DSA) y Libertad de Expresión en Medios de Comunicación. En ellas se recoge una amplia regulación para garantizar la defensa de la libertad de expresión con los límites propios del Estado de Derecho, el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la seguridad publica, la transparencia y otras obligaciones de las plataformas, los derechos de los consumidores y de los usuarios digitales, así como la protección del honor de las personas y de los derechos de la infancia.
Las plataformas tecnológicas ostentan un tecnopoder superior al de muchos Estados gracias a la nueva economía de los datos que aportamos cada día los usuarios de las redes. Esas macroempresas del capitalismo digital hacen con nuestros datos un oscuro e inmenso negocio sin control. Su prioridad es mantener la soberanía digital, sin aceptar obligaciones ni una regulación legislativa y siguen reglas de funcionamiento que responden a una situación de oligopolio, fomentan un consumo enfermizo de aplicaciones, hacen un inmenso negocio con el big data y utilizan sistemas algorítmicos y sesgos para fomentar tendencias en la opinión pública y direccionar la información.
Sin embargo, las redes sociales pueden ofrecer un gran servicio a la humanidad en la era de la revolución tecnológica y debemos recuperar su papel y sentido iniciales. La cuestión es qué hacer y cómo acertar en un escenario digital tan complejo, en un planeta crispado y con incertidumbres de calado (crisis climática y migraciones), a la hora de controlar e intervenir desde los poderes públicos para lograr una gobernanza democrática de las redes.
Lo cierto es que hay distintas sensibilidades de cara a alcanzar un equilibrio regulatorio entre el ejercicio de una libertad individual sin límites y la primacía del interés general. Era necesario disponer de una regulación justa, ética y eficaz de las redes y otras plataformas en línea por parte de la Unión Europea. Con la ley DSA se pueden sancionar contenidos ilegales que recojan discursos de incitación al odio, a la violencia y al terrorismo, la desestabilización de un país en momentos electorales o de graves crisis, la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía y la práctica de la desinformación continuada junto a las fake news.
Detrás de esas actitudes asoma la estrategia de la desinformación viral por parte de quienes ocupan las redes y actúan desde el ciberpopulismo o el tecnofascismo. En la actualidad, las redes se han convertido en poderosos sectores estratégicos que son utilizadas para amenazar y debilitar el sistema democrático.
Contamos, desde 2023, con la DSA que es una ley europea reguladora muy prudente y especialmente garantista a la hora de fijar el procedimiento sobre las sanciones a las plataformas, restricciones a usuarios y la atención a reclamaciones. De modo que su aplicación se ha convertido en un gran reto para los Estados de la UE de cara a cumplir sus mandatos.
Para que la DSA resulte eficaz se debe aplicar esta regulación sin demoras, extender las medidas de autorregulación y automoderación de las propias plataformas digitales y una intervención decidida de las autoridades de los Estados. Este escenario nos empuja a los demócratas y a los movimientos cívicos de la sociedad a reflexionar, también, sobre cómo promover y configurar la idea de unas redes sociales que sean alternativas al actual modelo privado, que aporten confianza digital, funcionen con criterios de responsabilidad ética y estén dispuestas a cumplir las normas de regulación.
Necesitamos avanzar en un proceso de ejecución de las medidas contempladas en la ley DSA para democratizar el sistema de redes sociales de modo que no estén presididas por el negocio privado y la doctrina neoliberal, sino que se gestionen conforme al interés general de la ciudadanía. Dar un paso más supondría analizar las siguientes alternativas :
A. Promover un modelo nuevo y alternativo de red social europea que no sirva a los intereses privados de las empresas ni a los intereses partidistas de ningún gobierno. En este proceso de reflexión cabe plantear, en competencia con las redes privadas, la creación de un modelo de red de auténtica dimensión social, titularidad pública y escala europea, administrada por la UE mediante una instancia independiente y bajo el control de una Comisión de expertos y del Europarlamento. Ni se plantea ni se trata de crear una red social estatal gestionada por funcionarios públicos, sino de estudiar la viabilidad de una red pública europea cuyo funcionamiento, repito, esté presidido por el interés general, la ética digital y los valores democráticos.
B. Si no fuera posible una red social de propiedad pública, existe la opción de establecer algún tipo de colaboración o apoyo a una red existente, al margen de las grandes plataformas, con la condición de que esté configurada con vocación social, sin ánimo de lucro y funcione con características de servicio público. Su gestión tiene que estar basada en criterios de ética democrática para la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas (lo mismo que en la opción anterior) y con independencia de poderes económicos y políticos.
Por otra parte, se pretende prevenir la difusión de contenidos ilícitos en las plataformas digitales a quienes se esconden tras el anonimato y buscan impunidad.
Para ello, los Estados de la UE crearán una Cartera de Identidad Digital Europea, almacenada en el móvil, que podría ser de utilidad para lograr por la autoridad judicial una identificación más directa de los autores de contenidos ilegales en las redes. De momento, la DSA establece que la Orden de las autoridades a las plataformas prestatarias de los servicios digitales, recabando información para actuar contra los responsables de contenidos ilícitos, exige una respuesta sin dilación porque esas empresas ya conocen la IP o identificador del dispositivo desde donde ha actuado el infractor.
Además, la ley señala que la Comisión Europea fomentará la elaboración consensuada de Códigos de autorregulación que formen parte de las normas generales internas de las plataformas digitales. Servirán para aplicar mejor la DSA y actuar con certeza contra contenidos ilícitos y para reducir riesgos sistémicos.
Si no actuamos con rigor y convencimiento en la aplicación de la DSA para transformar y democratizar el actual modelo de redes, los enemigos de la democracia seguirán utilizando internet como arma. Y tienen todas las de ganar para favorecer la llegada de falsas democracias y de dictaduras tecno fascistas. De momento, ya han plantado en las redes sus nuevos cuarteles con las milicias digitales.
Odón Elorza / Ex Diputado del PSOE
San Sebastián / Publicado en InfoLibre, 3 de septiembre de 2024.
Bustinduy pide a la Comisión Europea que frene la desinformación en las redes sociales de Elon Musk y Mark Zuckerberg
Madrid, 15 de enero de 2025.– Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha reunido este miércoles en Bruselas con Michael McGrath, nuevo comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores. En la reunión, el ministro Bustinduy le ha solicitado que la Comisión Europea actúe para poner freno a la desinformación y otros contenidos ilícitos que se publican en las principales redes sociales que operan en Europa y en España, y ha mencionado a algunas como las que controlan Elon Musk (X, antiguo Twitter) y Mark Zuckerberg (dueño de Meta, en la que se integran redes como Facebook, Instagram o Whatsapp).
“La democracia no puede estar subordinada a los negocios de Elon Musk o Mark Zuckerberg. Las grandes plataformas se han convertido en armas políticas para desestabilizar Europa y privilegiar agendas antidemocráticas”, ha declarado Pablo Bustinduy a medios de comunicación tras reunirse con el comisario, y apostillaba que “la soberanía digital es tan crucial como la territorial”. En sus declaraciones, ha explicado también que ha hablado con McGrath de la eficacia de las medidas adoptadas en el seno de la Unión Europea para combatir la manipulación de la información que afecta a los usuarios de servicios digitales. “Este es uno de los mayores retos que tiene la Comisión Europea para la legislatura que acaba de comenzar”, ha dicho el ministro para reclamar que se actúe frente a este desafío. “La Comisión tiene las herramientas suficientes para poner freno a la deriva de los grandes magnates de las redes sociales”, añadía.
El ministro Bustinduy ha trasladado también que “es urgente” que la Comisión Europa agilice sus decisiones y concluya los expedientes ya abiertos en referencia al procedimiento abierto por la Comisión en 2023 a la red social X porque habría infringido la Ley de Servicios Digitales en áreas relacionadas con la difusión de contenidos ilícitos. “Europa se ha construido sobre el consenso del Estado de derecho y la protección de los derechos civiles y sociales. Ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, debe tener la capacidad de alterar dicho orden”, ha manifestado el máximo responsable de Consumo en España.
Dentro de la Unión Europea, y en el actual contexto de proliferación de noticias falsas y de la desinformación que circula en redes sociales, se han impulsado leyes como la anteriormente mencionada de Servicios Digitales (DSA en sus siglas en inglés) o la Ley de Mercados Digitales (DSA). El objetivo de estas normas es que establecer las conductas ilegales que se dan también en el ámbito online, y que, en consecuencia, se pongan límites a las prácticas en las que podrían estar incurriendo grandes plataformas digitales. En concreto, y en defensa de los derechos que las personas consumidoras y usuarias tienen en los, la falta de controles de verificación para evitar la difusión de contenido ilícito.
Sobre el expediente a X, la Comisión Europea podría llegar a imponer una multa sin precedentes que podría suponer hasta el 6% del volumen de negocios que genera la plataforma a nivel mundial cada año, además de medidas para subsanar este potencial incumplimiento. En julio de 2024, la Comisión ya publicó conclusiones preliminares referidas a una parte de la investigación en las que se acusaba a X de tres incumplimientos con impacto directo para las personas consumidoras: sus patrones oscuros, la falta de transparencia publicitaria y el acceso limitado que están teniendo los investigadores a los datos.
Durante su viaje a Bruselas, Bustinduy se ha reunido también con Roxana Mînzatu, que es vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Empleo de calidad, Derechos Sociales, Educación, Cualificación y Preparación, y con Hadja Lahbib, comisaria de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad. En estos encuentros, el ministro ha incidido en dos asuntos que resultan prioritarios para sus competencias. Por un lado, la necesidad de que la nueva Comisión Europea elabore una estrategia europea contra la pobreza, y, por otro, que haya una intervención a nivel comunitario en materia de vivienda. “Son dos asuntos que reflejan las dos máximas prioridades que tiene España en política social”, ha expresado, asegurando que “es imprescindible que las instituciones europeas destinen fondos y recursos para combatir la exclusión social y la pobreza”.
En estas reuniones, Bustinduy ha abordado, además, otros asuntos referidos a las desigualdades sociales y territoriales dentro de la Unión Europea. Así mismo, ha abordado otras estrategias europeas como las de inclusión de personas con discapacidad o las de conciliación para la juventud europea. “El Gobierno de España no va a abandonar la necesidad de seguir ampliando y desarrollando el pilar social del proyecto europeo. Sin una dimensión de protección social, no será posible mantener ese proyecto de paz, de convivencia y de justicia social que Europa representa en el imaginario de su ciudadanía”, ha concluido
Las redes son armas
La desinformación, los bulos, los discursos de odio y otros contenidos ilícitos discurren sin control por plataformas y redes digitales tóxicas que son la fuente donde se informa, sin ninguna garantía de rigor y veracidad, un sector cada vez más numeroso de la población, especialmente la juventud.
Las plataformas más importantes de información, comunicación e interacción pública son propiedad de seis gigantes tecnológicos que actúan como un cuarto poder al ejercer el oligopolio y que sirven de apoyo a quienes practican el ciberpopulismo y el trumpismo. Su plan de negocio, formulado desde una posición política y económica ultraliberal, ni respeta el interés general de la ciudadanía ni cumple con las reglas de funcionamiento a seguir en un Estado de Derecho.
Las que inicialmente fueron consideradas como “plazas públicas digitales abiertas al debate” se han convertido, por la élite digital, en herramientas de manipulación informativa y propaganda política. Y no tendrían que poder seguir funcionando conforme a la ley de la selva, a falta —hasta ahora— de una regulación precisa en la Unión Europea. De ahí que la ciudadanía se vea expuesta a unas redes que acogen y difunden contenidos ilegales, campañas de desinformación, bulos, fake news, teorías conspirativas, injurias, violencia de género, discursos de odio racistas y xenófobos y campañas de haters, bots y ultras desde cuentas falsas o anónimas.
Los grupos contrarios a los valores democráticos, con la tolerancia o incluso complicidad de las corporaciones tecnológicas, se hacen muy presentes en esas plataformas al encontrar en ellas una vía fácil para hacer penetrar sus ideas ultras y discursos de odio entre la población. Lo cierto es que los dueños de las plataformas digitales no fiscalizan debidamente lo que difunden y rara vez moderan o eliminan aquellos contenidos que pudieran constituir un delito o provocar un riesgo sistémico. Tampoco acostumbran a suspender perfiles que constituyen un peligro para la convivencia. De ahí que se prodiguen los mensajes que exaltan la violencia, el racismo, el totalitarismo, la distopía, la posverdad y los relatos alternativos.
Es una situación grave, cuando una parte creciente de la población, entre ella muchos adolescentes y jóvenes, está enganchada a las plataformas digitales y sigue, sin ningún contraste, las proclamas de los nuevos predicadores que se llaman youtubers e influencers. Las redes sociales, con el potencial que les incorpora una inteligencia artificial que hoy avanza fuera de todo control, no deberían constituir una amenaza para la democracia y la convivencia sino servir para atender las necesidades vitales de la sociedad y los derechos digitales de las personas.
Sin embargo, los gigantes tecnológicos son ajenos a la ética digital y a los valores que conforman una sociedad democrática. De modo que la Unión Europea y los Estados miembros tienen que comprometerse a garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos. Como poder acceder a una información veraz, el respeto a su honor y a la privacidad de sus datos, poder comunicarse y debatir con libertad sus opiniones en todas las redes sociales o hacer compras de bienes y productos con seguridad.
Las macroempresas tecnológicas, representativas del nuevo capitalismo digital, ostentan un tecnopoder muy superior al de muchos Estados gracias a la nueva economía de los datos que les aportan cada día los usuarios de las plataformas. Con el big data hacen un inmenso negocio y su prioridad estriba en mantener la plena soberanía digital al margen de cualquier regulación legislativa. Para fomentar un consumo enfermizo utilizan sesgos y sistemas algorítmicos que les permiten, además, orientar la comunicación, manipular la opinión pública, fomentar preferencias electorales entre la ciudadanía y discriminar o direccionar tanto la información como la publicidad personalizada.
El Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como DSA) aprobado en 2022 por el europarlamento así como el Código de Conducta contra la desinformación, los bulos y las fake news —una norma de autorregulación a seguir por las propias plataformas— constituyen la normativa de regulación en el ámbito de la UE. Es de aplicación a las grandes corporaciones como Google, Instagram, X, TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Zalando, Booking, YouTube, Telegram o Amazon.
La Comisión Europea trata así de regular la actividad de las plataformas de internet para prevenir actuaciones ilegales y nocivas, garantizando los derechos fundamentales de las personas y en particular los derechos de los menores, la seguridad de los usuarios y la creación de un entorno de servicios digitales transparente y fiscalizado. También se establece el procedimiento a seguir con las sanciones que se impongan a dichas plataformas, con las restricciones a las cuentas de usuarios que cometan infracciones así como la puesta a disposición de mecanismos para atender las denuncias y quejas ciudadanas.
· · Una regulación insuficiente · ·
Sin embargo, con ser un avance, la regulación europea es insuficiente a la hora de responsabilizar a estas empresas. Porque no se cumple el objetivo de establecer la obligación, por parte de las propias corporaciones, de fiscalizar lo que publican los usuarios en sus redes y de eliminar contenidos ilegales o suspender cuentas con inmediatez por campañas de desinformación que entrañen graves riesgos.
En cambio, el Reglamento señala “las obligaciones” de las plataformas con estas expresiones: ajustar, evaluar, evitar, sopesar, reducir riesgos, auditar, prestar atención y moderar contenidos ilícitos o aquellos que ofrezcan riesgos de gravedad.
En definitiva, la DSA no establece una responsabilidad de las plataformas por los contenidos que difunden ni la obligación de una supervisión constante.
El Reglamento se complementa con el Código de Conducta o buenas prácticas en materia de desinformación y bulos, que es la primera herramienta de este tipo a través de la cual los agentes pertinentes de la industria acordaron normas de autorregulación para luchar contra la desinformación. El cumplimiento del Código queda a la voluntad de las tecnológicas y se da el caso de que Elon Musk no ha firmado dicho Código.
Por otra parte, ni este Reglamento ni tampoco el referido a la Libertad de Expresión en los Medios de Comunicación definen con precisión qué ha de entenderse por desinformación ilícita y cuándo estaremos solo en casos de desinformación engañosa, peligrosa, nociva o incorrecta. De modo que la determinación de los tipos delictivos de la desinformación para casos verdaderamente graves (vinculados a ataques contra la seguridad, los procesos electorales, la convivencia social o los valores constitucionales) se deja como una tarea para los Estados miembros de la UE en la transposición y desarrollo del Reglamento, un trabajo parlamentario muy complejo y resbaladizo para no dañar el ejercicio de la libertad de expresión.
A pesar de sus limitaciones, la efectiva aplicación del Reglamento se ha convertido en un reto para los Estados de la UE y para la propia Comisión Europea de cara a hacer cumplir sus criterios. La clave reside en que los Estados tengan una voluntad política real de supervisar y controlar el funcionamiento de las redes y actuar conforme al Reglamento tanto desde la autoridad administrativa como la judicial, bien a iniciativa propia o atendiendo denuncias fundadas de usuarios y de alertadores fiables.
En el caso de España y de acuerdo con lo previsto en la DSA, que obliga a cada Estado miembro a nombrar una instancia Coordinadora de Servicios Digitales, el Gobierno ha designado para tal función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La DSA dota al Coordinador en cada país de amplias facultades de supervisión, investigación y sanción sobre los prestadores de servicios digitales que operen en España y representan, además, el primer punto de contacto para que las personas y las empresas resuelvan las reclamaciones.
La CNMC es la encargada de velar por el cumplimiento efectivo y eficaz de la norma europea, pero está pendiente de que el Gobierno eleve una ley al Parlamento para que la entidad asuma esa nueva competencia y pueda imponer sanciones o dictar órdenes de actuación a las plataformas. Debe, también, reformar sus estatutos para adaptar su actual organigrama y contar con más recursos. Como el Gobierno no ha hecho esos deberes, la CNMC aún no ha iniciado su función, algo inaceptable a la vista de cómo han proliferado los bulos con ocasión de la trágica dana de Valencia.
En este complejo escenario tecnológico y político es deseable que las instituciones democráticas, las organizaciones cívicas y los movimientos de activistas por la democracia reflexionen y trabajen sobre cómo configurar y promover un modelo de redes sociales que sea alternativo a las pertenecientes a la aristocracia digital. La democracia precisa un modelo que aporte confianza a la sociedad, funcione con transparencia en sus procesos y sistemas de algoritmos, así como con criterios de responsabilidad ética y garantías de cumplir las normas regulatorias.
Así, desde abril de 2022 y durante dos años, la Unión Europea, por medio del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y la Dirección General de Servicios Digitales, promovió un ensayo con la puesta en marcha de infraestructuras digitales de comunicación, sin ánimo de lucro y con un modelo alternativo al de las redes sociales de los gigantes tecnológicos.
Se han desarrollado, a modo de prueba y materializando un proyecto piloto, dos plataformas digitales para estudiar la viabilidad de una red social pública europea. El ensayo tecnológico, un hecho poco conocido, ha sido realizado por la Unión Europea a la vista de la actual dependencia de las plataformas chinas y norteamericanas, así como ante la interferencia desestabilizadora en las redes por parte de Rusia con ocasión de procesos electorales en países europeos.
La prueba consistió en la creación de dos portales: UE Voice y UE Video. Dos opciones para “competir”, llegado el caso, con redes privadas como X (de Elon Musk), YouTube o TikTok. UE Voice se diseñó como una plataforma de microblogging, pensada para compartir textos cortos, imágenes y vídeos de poca duración. Esta red se podría comparar con Twitter/X. Por su parte, UE Video sería una plataforma pensada para difundir vídeos y podcasts, una oferta del tipo YouTube.
La experiencia de crear infraestructuras digitales de comunicación públicas se realizó por la UE teniendo como usuarios solo a instituciones, órganos, oficinas y agencias europeas que tuvieron la oportunidad de registrar sus cuentas en las dos plataformas públicas e interconectarse entre sí. En su ensayo, el SEPD no quiso incluir el acceso de usuarios particulares, consciente de que no se daban las condiciones.
Los modelos ensayados presentan grandes diferencias con las redes que ofrecen las corporaciones tecnológicas y se apostó por el modelo de plataformas digitales públicas, gratuitas, con un diseño de software de código abierto accesible al público y descentralizadas. Lo cierto es que, en la actualidad, ya existe la oferta de ese modelo de red. Es el caso de Bluesky y Mastodon que tienen vocación social, respetan la privacidad de los usuarios que no se ven obligados a ceder sus datos personales, carecen de perfilado de sesgos de las personas y de algoritmos que manipulen los datos, no incluyen de momento publicidad y asumen el compromiso de moderar o minimizar contenidos de riesgo aceptando la autorregulación.
Las redes sociales alternativas, Bluesky y Mastodon, están experimentando un crecimiento notable tras los comportamientos y el posicionamiento político de Elon Musk, propietario de X y aliado de Trump en las recientes elecciones de EE.UU. Esto ha provocado un gran debate público y la migración de numerosas cuentas de X a dichas redes, hasta ahora muy minoritarias.
· · Hay que actuar ya · ·
Las sociedades democráticas necesitan un modelo de red alternativa, con una vocación realmente social que funcione como un servicio público, sin manipulación de la información y con protocolos de transparencia que no estén al servicio de las élites tecnológicas ni de fuerzas políticas. Es muy importante que las redes alternativas asuman la responsabilidad de impedir contenidos ilegales o tóxicos y cumplan con las regulaciones.
Por tanto, si los gigantes tecnológicos no cumplen el citado Reglamento de Servicios Digitales y si no se autorregulan mediante el Código de buenas prácticas, los Estados miembros de la UE, junto al Parlamento Europeo y la Comisión que preside Úrsula von der Leyen, no solo deben intervenir con los instrumentos que les da la ley para supervisar, denunciar y sancionar a Musk y sus colegas, sino que debieran revisar la DSA y corregir sus insuficiencias.
Por otra parte, corresponde a las instituciones europeas la función de educar en la cultura ética digital y defender los derechos digitales de la ciudadanía en los ámbitos de la comunicación, información y debate público de ideas.
No olvidemos que la conjunción entre redes privadas al servicio de líderes autoritarios y que permiten contenidos ilícitos, el uso de algoritmos para la manipulación de datos personales y la utilización de sistemas de inteligencia artificial para influir en la opinión pública supone un grave riesgo para la pervivencia de los valores del sistema democrático.
Asistimos al desafío global de lograr una gobernanza democrática de las redes y controlar los sistemas y usos de inteligencia artificial. De lo contrario, cada año habrá más Estados en el planeta que, en medio de campañas sistemáticas de desinformación y bulos, avancen en la dirección de contar con gobiernos autocráticos y falsas democracias. Para frenar los riesgos en la era de revolución tecnológica de un autoritarismo que se basa en el orden y la seguridad, debemos repensar y adaptar las instituciones a una democracia digital.
No sabemos hasta qué extremo va a pervertir Trump el sistema democrático en EE.UU. pero sí imaginamos la contaminación reaccionaria que provocará en Europa. Tampoco sabemos cómo será una gobernanza en la que intervenga la IA, pero en manos de Trump seguro que representa una amenaza para el empoderamiento ciudadano y su participación libre en la toma de decisiones. Ambos ejes de la democracia pueden ser sustituidos por un gobierno tirano de algoritmos y de sistemas inteligentes automatizados, ofreciéndonos a cambio “decisiones tecnológicas de gobierno más eficientes” como parte de un modelo alternativo a la democracia y deshumanizado que ya aparece dibujado en el horizonte.
En lo inmediato, con el señor X en la Casa Blanca junto a un gobierno de multimillonarios ultraliberales, democratizar las redes sociales y acabar con los discursos de odio será casi una misión imposible. Por ello, las sociedades que aman las libertades y la convivencia en paz deben ejercer una resistencia activa y trabajar por recuperar la función original de internet para que esté al servicio de las necesidades de la humanidad y no de una aristocracia digital. •
ODÓN ELORZA, LICENCIADO EN DERECHO Y EXDIPUTADO POR EL PSOE (2012-2022)
La fuerza laboral actual requiere habilidades que no existían hace 20 años.