Si hay un problema generalizado en el norte global es el de la vivienda. La especulación y el turismo desbocado han tensionado los mercados inmobiliarios de gran parte de Europa en las últimas décadas. Londres es una de las ciudades que más ha sufrido sus consecuencias. Comprar es imposible y alquilar hace tiempo que dejó de estar al alcance de un bolsillo promedio.

La capital británica vive lo que se llama efecto mancha de aceite. En los distritos más céntricos ya no tienen acceso a un techo ni las clases más acomodadas. Estas se han expandido hacia el extrarradio expulsando a las rentas más humildes a barrios aún alejados.

Para atajar esta emergencia habitacional, el Parlamento ha aprobado una nueva ley que ha entrado en vigor este viernes. Su medida estrella es la recuperación de los alquileres indefinidos. A partir de ahora, mientras el inquilino cumpla y salvo contadas excepciones, el propietario tendrá prohibido iniciar un proceso de desahucio. Se trata de la mayor reforma de esta materia en cuatro décadas. Revierte el modelo impuesto por Margaret Thatcher en 1988, cuando eliminó este tipo de blindaje.

A partir de ahora, mientras el inquilino cumpla el propietario tendrá prohibido iniciar un proceso de desahucio.

Los detalles de la ley

El 1 de mayo era una fecha señalada en el calendario de muchos británicos, que ahora suman algo más de tranquilidad a sus vidas. Hasta ahora en cualquier momento podían convertirse en víctimas de los llamados “desahucios sin causa”. El propietario tenía derecho a recuperar su vivienda sin alegar ningún tipo de necesidad o problemática, y con apenas margen para mudanza.

Con la nueva normativa, los contratos se renuevan automáticamente y cualquier desalojo debe justificarse por la vía judicial. Otra novedad es que  las cuotas se actualizarán exclusivamente una vez al año y los afectados podrán impugnarlas en los tribunales. Además, no habrá posibilidad de contraofertas al alza a los precios anunciados y tampoco se podrá discriminar a las familias con hijos.

No habrá posibilidad de contraofertas al alza a los precios anunciados y tampoco se podrá discriminar a las familias con hijos.

Todos estos cambios llegan con el número de inquilinos disparado en Gran Bretaña. Si a finales de la década de 1990 ni un 10% de la población optaba por este modo de vida, actualmente casi uno de cada cinco británicos lo hace. Según el secretario de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Steve Reed, “2,7 millones de personas se van a beneficiar” de esta nueva regulación.

¿Qué opinan los inquilinos? 

Jae Vail, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Londres (London Renters Union) explica a Público que esta ley es “una gran victoria” y que “llevan mucho tiempo luchando por una mayor seguridad”. “Era completamente injusto que se nos hubiera podido desalojar sin ningún motivo y esto es un avance, igual que la prohibición de las guerras de oferta”, dice.

Aun así, cree que estos derechos son “lo mínimo indispensable” y pide una congelación de las rentas. “Tras años de subidas de precio que superan la inflación, seguiremos siendo expulsados por no poder pagar. Lo que necesitamos son controles de alquileres reales y una inversión a largo plazo en vivienda pública”, afirma Vail.

Lo que necesitamos son controles de alquileres reales y una inversión a largo plazo en vivienda pública

Desde Shelter, otra asociación provivienda, están haciendo una campaña de información para dar a conocer los detalles de la nueva Renters’ Rights Act y cifran en 11 millones el número de personas que podrían acogerse a ella en toda Gran Bretaña. Creen que los cambios normativos serán especialmente beneficiosos para los colectivos más vulnerables, como las personas migrantes o racializadas.

Almudena Fernández es una española que vive en Londres desde hace seis años. Trabaja en una escuela infantil y, como la mayoría, comparte piso. “A mí lo máximo que me han subido de golpe ha sido un 5%, y ya es mucho, pero conozco casos extremos. Ahora esto no lo van a poder hacer, porque todas las subidas de precio van a tener que ser justificadas”, explica. En este tiempo se ha encontrado todo tipo de abusos. “No arreglan problemas de humedades o te alquilan una habitación que es un zulo que la han sacado poniendo un trozo de pladur como pared. Te encuentras casas de cinco habitaciones y un baño… una locura”, añade la profesora.

La prensa conservadora británica no ha parado de alertar estos meses –el proyecto legislativo se anunció a finales de 2025– de un aumento de los desahucios y la venta de pisos destinados a esta actividad. Una encuesta realizada en marzo de este año por la Royal Institution of Chartered Surveyors reveló que las solicitudes de los propietarios para alquilar propiedades habían disminuido un 25 %.

El portavoz de London Renters Union llama a la calma. “Si los propietarios deciden vender, lo harán a otros rentistas o quizá a compradores primerizos; incluso sería una oportunidad para que las autoridades locales adquieran los inmuebles y los conviertan en vivienda social”, sostiene.

Es una forma de entender el alquiler completamente diferente a la que ha imperado en España hasta la fecha. De hecho, lejos de blindarse los contratos, en 2013 pasaron de cinco a tres años. En 2019 se retornó a la periodicidad anterior y se amplió a siete años cuando el casero es una persona jurídica. Solo durante el franquismo, con las extintas rentas antiguas, llegó a haber algo parecido al modelo nórdico.

Ahora, ya sin mayorías en el Congreso para hacer nada de calado, y con la situación mucho peor, toca ir poniendo parches

El antropólogo Jaime Palomera lamenta que el Gobierno no aprovechase para aplicar medidas de este tipo cuando todavía contaba con una mayoría progresista en el Congreso, entre 2018 y 2023. “Ahí se debía haber garantizado un alquiler estable, sin fecha de caducidad. Pero el principal partido de gobierno no quiso escuchar”, denuncia. Ese habría sido también un buen momento para tocar “un sistema fiscal que favorece el acaparamiento y la especulación”.

La única respuesta a la crisis habitacional entonces fue la ley de Vivienda, que resume en tres puntos: regulación de precios opcional, prohibición de cobro de  honorarios y sanciones a los pisos vacíos. “Un pequeño paso pero muy insuficiente, lejos de lo que las circunstancias requerían”, considera Palomera, que afirma que España es “uno de los países de Europa con mayor inseguridad para los inquilinos”. “Ahora, ya sin mayorías en el Congreso para hacer nada de calado y con la situación mucho peor, toca ir poniendo parches”, concluye.

Para Javier Gil, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y doctor en sociología, los arrendamientos indefinidos son una herramienta central para garantizar estabilidad y una de las fórmulas más efectivas para reducir la capacidad de especular. “Por eso hay tanta presión para evitar que salgan adelante normas de este tipo o prórrogas como la que decayó el martes”, afirma.

El Sindicato de Inquilinas lleva algunos años apostando por esta fórmula de rentas indefinidas, que el grupo político Más Madrid llegó a incluir en una proposición de ley.

“El contrato indefinido permite hacer del alquiler un hogar”, defendía el texto. No llegó a ser admitido a trámite.