Eleanor Moggio.-
Mientras el país intenta tomarse un respiro estival, la maquinaria político-mediática de la derecha y la ultraderecha no descansa. Lejos de ser un verano de sosiego institucional, asistimos a una estrategia perfectamente orquestada de desgaste e hiperventilación. Sin embargo, detrás del estruendo geopolítico, del alarmismo fronterizo y del cuestionamiento sistemático de la legitimidad democrática, subyace una prioridad urgente en la Puerta del Sol: tapar un escándalo millonario con dinero público que los ha atrapado, de lleno y por sorpresa, con el carrito del helado.
1. El «Ático de Planifica Madrid»: Los nombres del entramado y la exigencia de investigar patrimonios
El verdadero detonante de los nervios de este verano tiene dirección, superficie e importe: la compra de un ático de lujo de 485 m² en el selecto barrio madrileño de Chamberí por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A.
Detrás de esta maniobra hay responsables directos con nombres y apellidos cuya actuación debe ser sometida de inmediato a una exhaustiva investigación judicial y patrimonial:
- Miguel Ángel García Martín: Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y, a su vez, presidente del Consejo de Administración de Planifica Madrid. Como máximo responsable político y gestor del área de la que depende la entidad pública, resulta inverosímil que desconociera una operación de más de seis millones de euros.
- Pedro Corbalán Ruiz: Consejero Delegado y primer ejecutivo de Planifica Madrid, firmante y ejecutor de las decisiones operativas de la entidad. Su trayectoria acumulada en altos cargos de gestión de suelo y vivienda en la administración autonómica lo sitúa en el centro de todas las miradas sobre qué intereses técnicos o políticos respaldaron semejante adquisición.
La secuencia de la opacidad
- Ocultación deliberada: La operación, cerrada en la primavera de 2026, fue omitida de forma consciente en el inventario oficial de bienes presentado por la entidad pública en el mes de junio.
- El baile de excusas: Al salir a la luz pública, la primera versión oficial pretendió justificar la compra tildándola de «oficina temporal de la Presidencia» por las obras en la Real Casa de Correos. Una justificación insostenible tras comprobarse la calificación de uso estrictamente residencial del inmueble.
- El giro a la desesperada: Acorralados por las denuncias ante la Fiscalía por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, la solución improvisada ha sido anunciar la puesta en venta del inmueble, escudándose en que la plusvalía servirá para «financiar la reconstrucción tras los incendios». Una maniobra de pura especulación inmobiliaria con el dinero de todos los ciudadanos.
Es urgente que la Fiscalía y los órganos de fiscalización no solo pongan la lupa sobre la empresa pública, sino que auditen de forma prioritaria el patrimonio personal y los incrementos de bienes recientes tanto de Miguel Ángel García Martín como de Pedro Corbalán Ruiz, para descartar cualquier conflicto de intereses o enriquecimiento derivado de la gestión de fondos públicos.
2. La batería de cortinas de humo: Incendios, Ceuta y geopolítica de salón
Ante semejante socavón reputacional, la orden de la derecha y la ultraderecha ha sido clara: saturar el espacio mediático a cualquier precio para que no se hable del ático ni de las responsabilidades directas en la Comunidad de Madrid.
- Explotación de la tragedia de los incendios: Utilizar la emergencia climática y los incendios forestales no para arrimar el hombro ni coordinar soluciones, sino como arma de confrontación y como excusa sobrevenida para intentar blanquear la venta del inmueble de Chamberí.
- El comodín fronterizo y Ceuta: Trasladar de urgencia el foco mediático a la frontera sur. Se instrumentaliza la situación en Ceuta y las relaciones con Marruecos para sembrar un clima de «alarma nacional» e inseguridad.
- Postureo internacional: Las reuniones de dirigentes de la oposición con sectores del conservadurismo duro en Estados Unidos e Israel no responden a una política exterior seria, sino a la creación de una ficción: proyectar ante la opinión pública que España está en «malas manos», precisamente en la etapa de mayor estabilidad socioeconómica, crecimiento del empleo y rigor de nuestra historia democrática reciente.
3. Lo que la algarada estival intenta invisibilizar
La acumulación de ruido veraniego no solo busca blindar a la Presidencia madrileña; pretende también tender un tupido velo sobre la voluminosa carpeta de causas judiciales que salpican a las filas de la derecha:
- El caso de Miguel Ángel Rodríguez y el Fiscal General: El bochornoso contraste entre el acoso judicial y mediático al Fiscal General del Estado —por desmentir un bulo fiscal— y el archivo exprés de las actuaciones sobre los asesores políticos que difundieron falsedades a la opinión pública.
- La gestión de la DANA y Carlos Mazón: El intento constante de amortiguar y diluir en los tribunales las responsabilidades penales y políticas del Consell valenciano por la negligente respuesta institucional ante la catástrofe climática.
- El Caso Kitchen: La causa que avergüenza las siglas del Partido Popular, donde se investiga la utilización de las estructuras del Ministerio del Interior y los fondos reservados para espiar a sus propios miembros y destruir pruebas de corrupción.
- Las reuniones con la magistratura: Los encuentros del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con sectores y asociaciones conservadoras de la judicatura para coordinar el cerco político y judicial contra el Ejecutivo central.
4. El horizonte de septiembre: Asalto a la legitimidad democrática
Toda esta escalada no es producto de la casualidad ni de la improvisación. Forma parte de un plan preconcebido cuyo desenlace está fijado para el inicio del curso político en septiembre. El objetivo final de la alianza entre el PP y la ultraderecha es generar un clima de asfixia e inhabitabilidad institucional, apoyándose en la caja de resonancia mediática sobre las resoluciones judiciales relativas al entorno del Presidente del Gobierno, para forzar su dimisión o exigir una convocatoria anticipada de elecciones.
Desde que Pedro Sánchez fue investido por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, la derecha se ha negado tajantemente a asumir las reglas del juego democrático. Se comportan como si el poder les perteneciera por cuna o por decreto, incapaces de digerir que la ciudadanía eligió un camino diferente.
Es momento de que la ciudadanía consciente —no solo la de izquierdas, sino cualquiera que valore la regeneración ética y la democracia— advierta el engaño. Si son capaces de manipular las instituciones públicas, usar el dinero de los impuestos para caprichos patrimoniales y retorcer el relato mediático contra un Gobierno legítimo, nadie está a salvo. La impunidad no puede ser, bajo ningún concepto, el peaje que paguemos por nuestro silencio.