¿Es el juez Peinado y su forma de entender la justicia una herramienta de ejecución política?

Eleanor Moggio.-

23 de junio de 2026

En política, el tiempo es un arma. Y hoy, la justicia está siendo utilizada no para esclarecer hechos, sino para gestionar el desgaste de un adversario. La decisión del juez Peinado de abrir una nueva pieza separada contra Begoña Gómez no parece un acto procesal ordinario;

Es la confirmación de una metodología que debería escandalizar a cualquier demócrata. Cuando no se encuentran pruebas en la causa principal, se busca un atajo para mantener la llama encendida. Estamos ante lo que yo llamo una «justicia de ejecución»: ¿es acaso la toga una herramienta empleada por ideologías extremistas para intentar destruir al adversario político y a su entorno?

Estamos ante «instrucciones prospectivas» —investigar a una persona para ver qué delito se le puede imputar— algo que nuestra jurisprudencia ha rechazado históricamente. El artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es meridiano: un proceso penal se inicia por hechos concretos, no para ver si, tras rebuscar en toda una vida, aparece algo. Pero aquí se opta por el «goteo judicial»: abrimos una pieza, la llenamos de ruido y, si no fructifica, abrimos otra para que el acoso no cese.

Pero lo más grave es la indefensión absoluta. 

¿No existe acaso una ruptura de la tutela judicial cuando un proceso bajo secreto sumario se convierte en un colador? ¿Cómo es posible que audios y documentos bajo secreto se filtren sistemáticamente? Es responsabilidad del juez instructor asegurar la integridad de la causa. Si esas filtraciones ocurren y no se toman medidas, ¿no estamos permitiendo que la justicia sea un instrumento de una ideología política concreta? Es indignante ver cómo se destroza el honor de una persona mediante la filtración selectiva.

¿Y qué pasa cuando el ciudadano intenta defenderse? Acudes al Tribunal Constitucional buscando amparo por la vulneración de derechos fundamentales, y te encuentras con un instrumento que, en la práctica, parece servir exclusivamente a los intereses de la clase política, mientras que al ciudadano de a pie no se le hace caso. Lo digo por propia experiencia: la realidad de quien padece la injusticia dista años luz de la teoría jurídica.

La pregunta que nos hacemos todos es: ¿Quién toma medidas cuando un juez de instrucción parece actuar como un verdugo? ¿Por qué no existe un mecanismo real para frenar a un juez que abusa de su poder? Lo que estamos viendo contra la señora Begoña Gómez parece un abuso manifiesto.

Este señor, amparándose en su cargo, persigue a una persona hasta límites de acoso que cualquier ciudadano califica de cacería. Cualquier otra persona, ante esta presión mediática y judicial, se habría hundido; es un milagro que siga en pie.

Si el sistema no pone coto a actuaciones que parecen atentar contra los derechos básicos de un ciudadano, entonces el Estado de Derecho se está desmoronando. Necesitamos que se llame a las cosas por su nombre:

¿es esto justicia, o es una operación de acoso consentido?

Mientras no haya consecuencias reales para quienes utilizan su toga como un arma política, estaremos permitiendo que la democracia sea una palabra vacía.