El Gobierno ha requerido formalmente a la Comunidad de Madrid que declare la nulidad de los “Compromisos de Confidencialidad y Deber de Secreto” que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) está haciendo firmar a los profesionales de distintos centros sanitarios de la comunidad. La petición llega después de que Público revelara que estos documentos extienden la obligación de confidencialidad más allá de la información clínica y asistencial e incluyen también datos administrativos, económicos, técnicos y estratégicos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto sobre la mesa este martes, en una rueda de prensa, el alcance de dichas cláusulas.

“Los profesionales sanitarios no son súbditos, no trabajan en ningún cortijo y, si alguien tiene conocimiento de alguna irregularidad, tiene derecho a denunciarlo con protección y también a no ser amenazado”, ha señalado. García ha asegurado que su departamento trabajará para que se eliminen “todas las mordazas“.

García ha puesto el foco especialmente en las consecuencias que los propios escritos contemplan en caso de incumplimiento. “Estos documentos llegan a advertir literalmente de que incumplirlo puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias, administrativas o penales“, ha afirmado. “Es decir, si hablas, te va a caer la del pulpo. Se llama coacción“, ha añadido. También ha vinculado esta cuestión con la protección de quienes informan sobre posibles irregularidades dentro de las administraciones públicas. “No puede ser que los posibles denunciantes de irregularidades, de supuestos fraudes o manipulación de listas, sean los que sean señalados”, ha defendido.

“La Comunidad de Madrid no solamente les está invitando, a través de un documento coaccionador, a los profesionales a que no denuncien, sino que a quienes denuncian les está señalando. Y eso está prohibido por ley”

La ministra ha recordado que la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece mecanismos de protección para quienes comuniquen este tipo de hechos. “Hay una ley que protege al denunciante”, ha subrayado. En concreto, ha citado el artículo 36 de esta norma, que prohíbe las represalias contra las personas protegidas por la ley, incluidas actuaciones como el acoso, el aislamiento o los ataques contra su reputación.