Las familias denuncian la “doble injusticia” de las residencias: “Servicio caro y salarios bajos”
“El lucro empresarial se sitúa en el centro del modelo”, critican
Precios desorbitados, pero sueldos bajos. Esta es la realidad que se da en las residencias de mayores privadas. Así lo denuncian desde la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias.
Su portavoz Xabier Monreal asegura que existe una “contradicción profunda entre el modelo teórico de bienestar y la realidad del mercado” y alerta de una “huida hacia adelante” del sector en un contexto donde el coste “duplica con creces la pensión media”.
“Se genera así una doble injusticia: el servicio es caro para el usuario y los salarios son bajos para las trabajadoras, lo que apunta a que el lucro empresarial se sitúa en el centro del modelo”, opina.
La denuncia de los familiares
Según el último informe publicado en 2025 por la web Inforesidencias.com, el precio medio de una plaza alcanza los 2.118 euros al mes.
Esta cuantía, en la mayoría de los casos, supera ampliamente la pensión media en España, situada en 1.368,4 euros para el año 2026.
Simultáneamente, las trabajadoras que sostienen este sistema, en su inmensa mayoría mujeres, perciben salarios base que ni siquiera alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en buena parte de las comunidades. “La gran mayoría de las personas que buscan residencia declaran no poder pagar más de 2.000 euros al mes”, advierte Monreal, subrayando que en “estamos ante una quiebra del acceso universal”.
En ese sentido, denuncia que, para sufragar estas cuotas, los mayores y sus familias se ven abocados a estrategias económicas extremas. En las plazas puramente privadas, el método habitual es “la venta de la vivienda habitual y patrimonio de la persona mayor o el alquiler de esta para sufragar las cuotas”.
Asimismo, se impone una “solidaridad familiar forzosa”, apunta, donde los hijos deben complementar los pagos con sus salarios, desatando un grave riesgo de “empobrecimiento intergeneracional”.
Exigencia de medidas estructurales urgentes
Frente a unas prestaciones públicas que tildan de insuficientes y tardías, la Plataforma exige un cambio estructural del modelo sociosanitario.
Entre sus principales reclamaciones destaca la implementación de una “financiación pública finalista” que equipare el gasto a la media europea, dirigida a fortalecer la red pública y a concertar plazas exclusivamente con entidades sin ánimo de lucro.
En el ámbito laboral, reclaman una “condicionalidad laboral estricta” y exigen que los contratos públicos prohíban financiar a empresas que mantienen a sus plantillas en la precariedad, reclamando fijar un límite de beneficios empresariales.
Por último, demandan “transparencia y control de precios” mediante auditorías que detecten márgenes abusivos y vinculen el coste a la calidad asistencial real.
“No podemos normalizar que el cuidado de nuestros mayores sea una oportunidad de negocio que genera beneficios privados a costa del sufrimiento económico de las familias y la explotación laboral”, concluye el representante de las familias.
Y propone el que el objetivo final sea que la atención a la dependencia sea un “derecho subjetivo y universal, no como un lujo al alcance de unos pocos”.