El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, que contemplan una ampliación de derechos, servicios y prestaciones y que garantiza por ley que el Estado asuma el 50% de la financiación del sistema de Dependencia.  Lo ha hecho con el voto a favor de todos los grupos (179), con el único voto en contra de los diputados de Vox (33) y la abstención del PP (137). Ahora el texto, que elimina las incompatibilidades entre prestaciones, permite el reconocimiento automático de la discapacidad a través del grado de dependencia, e incluye la figura del asistente personal, tendrá que ser remitido al Senado.

En paralelo, también ha quedado convalidado Real Decreto-ley 17/2026, para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone que las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 y la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para cada persona beneficiaria, que ha contado finalmente con el apoyo del PP y el voto en contra de los 33 diputados de Vox. Este decreto se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

“La mayor reforma social en lo que va de siglo”

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido en el Pleno que estas reformas supondrán un “giro radical en el sistema de cuidados de España” a través de un “aumento sin precedentes en la financiación del sistema y una profunda refundación normativa a través de las reformas de las leyes de Dependencia y Discapacidad”..

Según el ministro, esta transformación supone es “la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo” y pasar de un enfoque “asistencialista y de macrorresidencias” a “un nuevo modelo de atención basado en los derechos de estas personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos”. Los cambios podrían afectar a cerca de dos millones de personas.

Desde el PP, el diputado Enrique Belda ha precisado que “el problema no es el qué, ni los derechos, prestaciones o beneficios” sino “el de dónde, el cómo y, sobre todo, el hasta cuándo” y ha afeado una enmienda transaccional que dice que el Gobierno en el “plazo máximo” de “12 meses, a partir de la entrada en vigor de la ley, elaborará un estudio analizando distintas vías de financiación del sistema de la dependencia”. Aún así, el PP sí ha votado a favor de ampliar la financiación estatal de la dependencia, aunque la diputada del PP Carmen Fúnez, ha precisado que no van a “convalidar” “la forma de gobernar” del Ejecutivo.

Por su parte, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha tachado el decreto de financiación de “cruel engaño” y “juego macabro” porque las ayudas “no van a llegar a las familias”. Desde Sumar, Alda Recas, haciendo un símil futbolístico, ha explicado que en el ámbito de los cuidados existen “diferentes ligas”. “Si tienes unos recursos, tu familia y tú estaréis en una liga, pero si no tenéis recursos, os tocará vivir en una liga inferior”, ha avisado.

Más financiación, aumento de las cuantías y cambios en cuidados

Con la aprobación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependenciaquedará garantizado que el Gobierno aporte el 50% de la financiación, como le pedían las comunidades autónomas. En paralelo, el Consejos de Ministros de este martes ha aprobado transferir 904 millones a las CCAA para el nivel acordado de dependencia.

También se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, el servicio domiciliario saldrá de las paredes del hogar y la persona que ofrezca asistencia podrá acompañar al usuario en su día a día, se abre el abanico de quién puede cuidar a alguien y la teleasistencia se configura como un derecho subjetivo.

Por el lado de la discapacidad, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho, se establecen ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad, se reconocerá la discapacidad de manera automática a partir de la dependencia y se prohibirá la discriminación actualmente existente para personas con discapacidad en algunos seguros.

En juego, la calidad de vida de dos millones de personas

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (@Ascdiresociales), ha valorado la aprobación de la reforma como una “extraordinaria noticia” y que consideran que “fortalece el sistema de servicios sociales”. Ha valorado además que “el estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad en la agenda pública como prioridad institucional: legislando nuevos derechos, simplificando procedimientos y aportando financiación”. En juego, asegura que están “la dignidad y la calidad de vida” de dos millones de personas y de sus familiares, además de los trabajadores del sector.

Aún así, desde la asociación consideran que “la prioridad deben ser las 255.450 personas que se encuentran en las listas de espera, incrementar las prestaciones, aumentar las intensidades de los servicios y compatibilizarlos”. Ha apelado también a mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, “especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias”. Recuerda, sin embargo, que existe el riesgo de que “las comunidades autónomas, como ocurrió con el plan de choque del 2026, disminuyan su presupuesto propio de dependencia”.

Aumentan las cuantías mínimas de las prestaciones

A nivel de usuario, de aprobarse en el Senado, la financiación extra también se notará en las prestaciones. Para las personas con grado III (gran dependencia) aumentará un 128%, pasando de 290 a 660 euros al mes.

Para los usuarios reconocidos con grado II (dependencia severa), el aumento fijado será del 100%, elevando la aportación de 130 a 260 euros mensuales.  Y para el grado I (dependencia moderada) la subida será del 18%, fijándose en 90 euros. Esta medida beneficiará a cerca de 1,7 millones de personas que reciben ayudas del sistema.

Principales novedades en Dependencia

La reforma de la ley de Dependencia introduce transformaciones de calado en la atención a las personas dependientes, entre las que destacan:

• Fin de la incompatibilidad de prestaciones: Se elimina el régimen actual que impedía compatibilizar determinadas prestaciones.
• Nuevas figuras del asistente personal: Se incluye formalmente la figura del asistente personal para acompañamiento en tareas cotidianas como la compra o visitas médicas.
• Ampliación del concepto de cuidadores:  se amplía permitiendo que amigos o vecinos reciban la prestación por cuidado.
• Teleasistencia universal: Se universaliza el derecho a la teleasistencia para favorecer que todas las personas en situación de dependencia que vivan en su casa.
• Supresión de las sujeciones.

Cambios estructurales en Discapacidad y accesibilidad

En el ámbito de la discapacidad, se pretende implenentar medidas que garanticen la accesibilidad universal y la protección jurídica:

• Reconocimiento de grados: Se reconocerá de forma automática un 33% de discapacidad a las personas con un grado I de dependencia, y un 65% de discapacidad para aquellas a las que se les asigne un grado II o III.
• Accesibilidad universal como derecho: La ley reconoce la accesibilidad universal como un derecho. Se creará un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar obras en espacios públicos y se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para otorgar ayudas económicas a las comunidades de vecinos.
• Coto a las discriminaciones: La norma prohibirá la discriminación a personas con discapacidad en la contratación de pólizas de seguros y regulará la figura del facilitador procesal para garantizar su defensa y evitar la indefensión en sede judicial, entre otras medidas.