JUGAR CON LA IGNORANCIA
Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu –conocido por Montesquieu- nos dejó escrito en su obra “El Espíritu de las leyes”:
“En época de ignorancia, no se vacila aunque las resoluciones produzcan grandes males.”
Nos venía a decir el “padre” de la separación de poderes que quienes no saben o no tienen conciencia de la complejidad de un problema actúan sin dudar -no vacilan-, aunque sus actos provoquen daños graves -grandes males-.
Cabe pensar, y así se desprende de la lectura de Montesquieu, que la ignorancia a la que aludía, además de a la nobleza, a la que imputaba una “ignorancia natural”, estaba referida al “pueblo llano”, pues también decía:
“Que el pueblo se ilustre no es cosa indiferente. Los prejuicios de los magistrados empezaron siendo prejuicios de la nación.”
Debemos entender que Montesquieu albergaba ciertos recelos sobre el proceder de los magistrados a los que achacaba el haber hecho propios los prejuicios de la sociedad de la época.
Es verdad que, en su obra, el autor pretende explicar que las leyes no son reglas fijas o mágicas que sirven para cualquier país, sino que dependen de la forma de vida, la idiosincrasia y la cultura de cada sociedad.
En nuestro ordenamiento jurídico, concretamente en el artículo 117.1 de la Constitución, se recoge: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.”
Pero, como decía antes, en muchas ocasiones las leyes han de ser interpretadas por jueces y magistrados.
Una interpretación que no debe realizarse más que acudiendo al “espíritu” de la propia ley, a la voluntad del Legislador que es quien representa la voluntad popular, sujeto de quien emana la Justicia.
En ocasiones basta con leer la “Exposición de Motivos” que precede al articulado de una ley, para encontrar la “voluntad del legislador” –casi siempre es así-, pero cuando esto no ocurre, se debe acudir a las propias actas deliberativas en las Cámaras, para encontrar cuál era la voluntad y qué pretendía el legislador con ese texto articulado.
No sé si algún profesional del Derecho me desmentirá –yo no lo soy y tampoco estoy en el día a día del quehacer de jueces y magistrados-, pero la impresión que se tiene es que la interpretación de las leyes depende más de la “voluntad ideológica” de jueces y magistrados que de la “voluntad del legislador”.
Pongo dos casos, muy de actualidad, para intentar ilustrar esta “tesis”.
El primero, la llamada “ley de nietos”. ¿Cuál fue la voluntad del legislador, recogida en su Preámbulo”?
Esa voluntad no fue otra que la de reparar los perjuicios y la pérdida de nacionalidad sufridos por los españoles a causa del exilio.
¿Cuál ha sido la interpretación del Tribunal Supremo?
Aparte del atropello jurídico cometido, para el que ni siquiera tiene competencias, la interpretación dada por los magistrados del Supremo no es otra que “la voluntad de cometer un pucherazo electoral”.
Esa es la interpretación explícita, porque la implícita, la argumentada, es todo un “monumento” a la estulticia.
Pongo el segundo ejemplo. La aplicación de la Ley de Amnistía. Bien sabemos que determinados magistrados, nuevamente del Tribunal Supremo, han llevado a cabo una “resistencia numantina” no ya a aplicar la ley, sino a aceptarla como tal.
Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que le obligue a ello.
Conjura de togas contra la amnistía
¿Cuál era la voluntad del legislador a la hora de elaborar la Ley de Amnistía?
Esa voluntad no fue otra que la de buscar reconducir el conflicto político con Cataluña, perdonando las causas penales, administrativas y contables vinculadas al procés, incluidos los líderes políticos como Carles Puigdemont.
Es muy posible –casi al 100%- que a los magistrados del Supremo no les gustara esta ley. En su derecho está el disponer del gusto que “gusten”, pero en su función –por la que se les paga- está la aplicación de la Ley por encima de su posición personal. A pesar de ello, ahí tenemos otro magistrado que “apura” la última bala –bala jurídica, se entiende- para no aplicar ni la ley ni el dictamen del TJUE.
Entre los poderes del Estado, el único que debería tener un “carácter nulo”. Es el Poder Judicial, pues al estar sometido únicamente al imperio de la ley, se debería limitar a aplicarlas y, caso de interpretarlas, atender a la voluntad del legislador, cauce de expresión de la voluntad del pueblo, del que emana la Justicia.
Llevando a la práctica eso que decía Montesquieu: “Los jueces de la nación, como es sabido, no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma.”
Habrá quienes se pregunten el porqué del título de este artículo, sobre todo sobre el término “ignorancia”.
Voy a intentar explicarlo.
En nuestra sociedad se ha impuesto un “sentido común” por el que se presuponen demasiadas cosas, por el que los prejuicios superan a los razonamientos reflexivos. Es a lo que Gramsci llamaba el dominio de las clases dominantes, que imponen su visión del mundo de manera que parezca «natural» u «obvia», convirtiéndola en el sentido común de las mayorías.
El dominio no solo se lleva a cabo por la fuerza, sino que se instala en la sociedad por medio de la “persuasión”. Para ello, es indispensable contar con determinados resortes y complicidad de la sociedad civil. Los medios de comunicación, la religión, la educación, la cultura dominante…
Por ello hoy, la ignorancia no es tanto una falta de conocimientos, sino la percepción disgregada y acrítica del mundo en el que vivimos. Un mundo en el que gran parte de la clase obrera ha absorbido la ideología del poder dominante, el capitalismo económico-mediático- y. con ello, ha terminado asumiendo como «naturales», obvias e inmutables unas estructuras sociales que la convierte en simple “mano de obra” al servicio de los intereses de los poderosos.
En esa ignorancia se fundamenta el poder de una “selecta minoría”. Valga como dato que, el 10% de las familias ricas españolas atesoran el 53% de la riqueza del país.
Y eso es lo que ellos tratan de defender, por supuesto, con la ayuda de “la clase trabajadora”