El escándalo que sacudió este martes al Hospital Universitario Ramón y Cajal ha vuelto a poner el foco en la gestión de las listas de espera sanitarias en la Comunidad de Madrid. Según reveló El País, el centro rebajó la prioridad quirúrgica de 57 pacientes para mejorar sus datos y cumplir los objetivos de productividad fijados por la Consejería de Sanidad. El caso resulta especialmente grave porque no se habría limitado a alterar la forma de contabilizar las demoras, sino que habría modificado la prioridad médica de personas enfermas, con el riesgo de retrasar intervenciones necesarias.

El revuelo ha envuelto a dos responsables del hospital: el jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Basilio José de la Torre Escuredo, y el director médico, Rafael Martínez Fernández. Según el periódico, ambos habrían cambiado, entre febrero y marzo del año pasado, la clasificación de dichos pacientes —con anomalías en la columna vertebral, síndrome del túnel carpiano y luxaciones, entre otras patologías— sin consultar a los cirujanos que los trataban. Los pacientes pasaron de una prioridad “preferente”, que implica ser operados en menos de 90 días, a otra “normal”, con un plazo de hasta 180 días. Los cambios se realizaron en el sistema informático sin comunicar expresamente la modificación al paciente afectado, que únicamente podía comprobarla al consultar su carpeta ciudadana o la aplicación móvil.

El incentivo detrás de la lista de espera

La clave para entender el incentivo está en que el cumplimiento de los plazos de espera forma parte de los objetivos de productividad de los hospitales y puede repercutir incluso en el complemento salarial de sus responsables. Pero, ¿qué mide exactamente la Consejería de Sanidad? El Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica 2016-2019 fijaba objetivos concretos para reducir las demoras y establecía indicadores como el número de intervenciones programadas por quirófano y día hábil, el rendimiento de los quirófanos, los servicios de anestesia y cirugía, las operaciones suspendidas o la actividad realizada fuera del horario ordinario. También seguía la evolución de las entradas y salidas de las listas, el porcentaje de pacientes que abandonaban el registro sin ser operados y la distribución de los pacientes según su prioridad, especialidad y proceso.

Sergio Fernández, vicepresidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), valora que el caso del Ramón y Cajal plantea una cuestión que debe aclararse: “El cumplimiento de determinados objetivos relacionados con las listas de espera está vinculado a la productividad variable, que ya de por sí establece criterios obsoletos, tanto de objetivos por categoría como retributivos”. Sin embargo, expone que “no se puede afirmar que se modificaran prioridades para cobrar un incentivo, porque eso tendrá que investigarse, pero evidentemente hay que preguntarse qué controles existen para impedir que un objetivo de gestión termine interfiriendo en una decisión clínica”.

Fernández también vincula lo ocurrido con la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. “Ayuso vuelve una y otra vez a presumir de la sanidad madrileña y de sus tiempos de espera. Pues bien, en julio la lista quirúrgica alcanzó un máximo histórico, con más de 114.000 pacientes pendientes de una operación. En total había cerca de 946.000 registros de espera entre intervenciones, primeras consultas y pruebas diagnósticas. Casi 434.000 personas llevaban más de 90 días esperando una primera consulta. Y ahora conocemos que en uno de los principales hospitales públicos madrileños se habría cambiado la prioridad clínica de 57 pacientes para mejorar el cumplimiento de los plazos”.

Sergio Fernández, FADSP: “Ayuso y Matute tienen que dar explicaciones. No se puede utilizar una estadística para presumir de gestión”

“Estas listas de espera tampoco aparecen por casualidad, ya que son consecuencia de años de deterioro y desmantelamiento de la sanidad pública madrileña“, sostiene. Para Fernández, Ayuso y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, “tienen que dar explicaciones y asumir responsabilidades”. “No se puede utilizar una estadística para presumir de gestión y después desentenderse cuando aparecen dudas muy serias sobre cómo se ha construido”, añade. Además, opina que la responsabilidad de la Consejería “es evidente”, ya que dirige el SERMAS y debe establecer controles para impedir que los objetivos de gestión interfieran en los criterios clínicos.

Este diario se ha puesto en contacto con la dirección del Ramón y Cajal para conocer su versión sobre los cambios en la prioridad quirúrgica de los pacientes, pero el centro no ha respondido a las preguntas y ha remitido directamente a la Consejería. Fuentes de dicha administración explican a Público que “la gestión de la lista de espera quirúrgica de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid corresponde a los propios servicios asistenciales, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y bajo la responsabilidad de los profesionales implicados en la atención de los pacientes”.

Según estas fuentes, esta gestión está “refrendada por el comité semanal de quirófanos”. La Consejería sostiene que “ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios” y, por tanto, considera que “no cabe atribuir a estos órganos la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes”. “El hospital quiere subrayar su compromiso con la correcta gestión de las listas de espera, la adecuada atención a los pacientes y el cumplimiento de la normativa vigente, así como con el respeto a las garantías que deben regir cualquier procedimiento interno”, agregan.

Cómo impacta en las listas de espera

Según explicaron entonces, se trata de una medida que adoptaban “ante la persistente ausencia de respuesta de la Administración a las reivindicaciones planteadas durante los últimos meses de movilización del colectivo médico nacional”, en el marco de la huelga indefinida intermitente por el Estatuto Marco propio. 

De Madrid a Badajoz y Torrejón de Ardoz

El del Ramón y Cajal no es un caso aislado. Madrid ya quedó fuera durante una década, en 2005, del sistema nacional de cómputo de las listas de espera quirúrgicas. El Ministerio cuestionó entonces el método utilizado por la comunidad porque, a su juicio, reducía artificialmente las cifras: los pacientes que todavía estaban pendientes de pruebas preoperatorias o de una valoración anestésica no se incorporaban a la lista estructural, de modo que el tiempo de espera comenzaba a contabilizarse más tarde.

Los precedentes no se limitan a Madrid. En Badajoz, el Tribunal de Cuentas detectó en 2022 movimientos que no estaban justificados de pacientes entre la lista quirúrgica y la categoría de “transitoriamente no programables”, coincidiendo con la publicación de los datos oficiales. El organismo, no obstante, no concluyó que hubiera existido una manipulación deliberada. Sin ir más lejos, el año pasado, la Alta Inspección abrió una investigación en Torrejón de Ardoz después de que trascendieran unos audios del CEO de Ribera Salud en los que planteaba incrementar las listas de espera y rechazar determinados procesos por motivos de rentabilidad.

Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, asegura en conversación con Público que la manipulación de las listas de espera es una sospecha extendida en la sanidad española. “Llevamos denunciando estas prácticas desde hace años y cada vez que se nos consulta por las subidas o bajadas de las listas de espera, ahí está la hemeroteca”, señala. Hernández pone como ejemplo una práctica que, según explica, se ha encontrado recientemente: “Para rebajar los tiempos medios de espera se operan pacientes que llevan pocos días en la lista para bajar la media. Evidentemente, hablamos de patologías que pueden esperar sin causar un grave daño a los pacientes, pero no me parece ético que, con la misma prioridad quirúrgica, se intervenga antes a personas que llevan menos tiempo esperando que a otras que estaban antes en la lista”.

Ángela Hernández, AMYTS: “Para rebajar los tiempos medios de espera se operan pacientes que llevan pocos días en la lista”

La portavoz de AMYTS considera que estas maniobras responden a incentivos diferentes según el modelo de gestión. “No creo que mayoritariamente sea por incentivos personales. En la gestión directa, aumentar la actividad no implica un aumento de presupuesto, sino mayor gasto y una mayor desviación de los indicadores que valora la Consejería para la asignación del presupuesto del año siguiente. Es la gestión de la miseria a coste cero de la que hemos hablado más a menudo en Atención Primaria, pero que también sucede en hospitalaria”, explica.

En la gestión indirecta, engarza, pueden pesar criterios económicos. Hernández cita como ejemplo el hospital de Torrejón, donde, según afirma, “se presionaba de forma oral a los cirujanos generales para que incluyeran con menor prioridad patologías de pacientes del área asignada y con mayor prioridad a los de fuera de área que suponían un incentivo económico adicional”. Insiste en que se trataba de patologías que podían esperar, pero considera que la práctica “tampoco es justa de cara a los pacientes con patologías similares”.

Los trucos para falsear las listas

¿En qué consisten las triquiñuelas para manipular los datos de las listas de espera? Hernández explica que se trata de “trucos estadísticos para que no salten las alarmas en la Consejería de que se sobrepasan los días estipulados para las diferentes prioridades de las listas de espera”, así como de prácticas similares de las comunidades autónomas cuando remiten sus datos a Sanidad.

Por su parte, Manuel Martín, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y presidente de la FADSP, explica a Público que manipular y ocultar las listas de espera “forma parte de las estrategias políticas para que no haya desgaste en los gobiernos“. “En Madrid consideran que una persona está en lista de espera quirúrgica cuando ha acabado el preoperatorio. No tienen en cuenta cuándo acudió al médico de familia, al especialista o cuándo este la derivó a un servicio quirúrgico. Tampoco contabilizan el tiempo empleado en realizar las pruebas necesarias para conocer con precisión la enfermedad. En Madrid, el cómputo comienza cuando se determina la entrada en la intervención”, señala.

Manuel Martín, FADSP: “El sector privado está muy interesado en que esto no funcione bien”

Martín también denuncia una práctica extendida en las administraciones sanitarias: los llamados “buzones”. “Son espacios donde se acumulan pacientes que han rechazado acudir a centros privados concertados porque no les ofrecen garantías o porque, según la administración, padecen enfermedades cuya prioridad de intervención es difícil de catalogar”, dice. Bajo su mirada, estos buzones podrían concentrar “más del 40% de las personas que están en listas de espera reales, pero que no aparecen en la lista que se publica”, al quedar fuera de las denominadas listas de espera no estructurales.

El presidente de la FADSP considera que detrás de estas prácticas confluyen “losintereses políticos, el afán por ocultar la realidad y la falta de transparencia”, además de los intereses del sector privado. “Está muy interesado en que esto no funcione bien porque recibe cada vez más pacientes de las listas de espera de los hospitales públicos a través de los conciertos con la administración sanitaria”, razona. A ello suma el aumento de personas que contratan un seguro privado para evitar unas listas de espera que, según explica, les generan “ansiedad, riesgos para la salud o perjuicios económicos para su actividad profesional”.

Medidas para cerrar los agujeros del cómputo

La ministra de Sanidad, Mónica García, acusa al Gobierno de Ayuso de “poner nuevamente en peligro a pacientes graves para maquillar sus datos de espera”. “Es una ingeniería contable en la que está jugando con la vida de las personas”, afirmó tras conocerse el escándalo del Ramón y Cajal. “Mentir sobre las listas de espera y sobre el cumplimiento de objetivos ya es grave; retrasar operaciones urgentes para que le cuadren los números es muchísimo más peligroso”.

García asegura que volverá a llevar al Consejo Interterritorial nuevos criterios de transparencia y trazabilidad para las listas de espera

García recordó que el Ministerio llevó en julio al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) nuevos criterios de transparencia y trazabilidad para las listas de espera, aunque las comunidades autónomas se opusieron a su aprobación. “Vamos a volver a llevarlos en las próximas semanas y esperemos que esta vez salgan adelante, porque con la vida y con la salud de los pacientes no se juega”, señaló. Según explicó, el nuevo sistema permitirá conocer con mayor detalle qué ocurre con cada paciente desde su entrada en la lista hasta que se realiza la prueba o intervención, lo que aportaría “más transparencia, más trazabilidad y muchas más dificultades para poder manipular las agendas o esconder las esperas”.

“Tenemos que saber cómo se llega a esos datos y qué ocurre con los pacientes durante todo ese tiempo”, afirma tajante el vicepresidente de la FADSP. “Llevamos años reclamando más información sobre las listas de espera, por niveles asistenciales y categorías, ya que hay datos de espera que ni siquiera se tienen en cuenta. Además, en el caso de una intervención quirúrgica debería conocerse desde qué momento empieza a contar la espera y cualquier modificación posterior. Si cambia la prioridad de un paciente, tiene que quedar registrado quién realiza ese cambio y cuál es el motivo. También hay que saber qué ocurre cuando se produce una derivación o cuando un paciente deja de aparecer en la lista”.

Fernández insiste también en la necesidad de contabilizar las esperas de forma acumulada. “La Comunidad de Madrid publica por separado los datos de Atención Primaria, consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Pero el paciente no vive esas esperas por separado. Puede tardar días o semanas en conseguir una cita en Atención Primaria y después meses en llegar al especialista. Si necesita una prueba, vuelve a esperar. Si finalmente tiene que ser operado, empieza otra espera. La Comunidad de Madrid cuenta cada una por separado, mientras el paciente las va acumulando todas”, explica. Por ello, reclama conocer “esa demora real” y que la información sea accesible para poder saber qué está ocurriendo en cada hospital y comparar los datos con los de otras comunidades autónomas utilizando los mismos criterios.

Asimismo, considera que debe existir “un control independiente”. “Después de lo conocido en el Ramón y Cajal, no parece razonable que sea únicamente la propia administración la que publique los datos y certifique que reflejan correctamente lo que está ocurriendo porque, de ser así, una vez más se cerrará en falso, como ya ocurriera hace unos meses en el hospital de Torrejón”, termina.