Los principales focos de investigación judicial y denuncias sociales respecto a las irregularidades económicas en la sanidad autonómica se estructuran de la siguiente manera:- El mecanismo: Al no superar los límites legales del contrato menor, la administración elude la obligación de convocar un concurso público. [1]
- El riesgo: Colectivos como la asociación Audita Sanidad denuncian que esta falta de competencia y publicidad favorece el desvío de fondos y dificulta detectar si existen comisiones pactadas entre empresas y adjudicadores. [1]
- Tramas bajo investigación: Macrocausas judiciales analizan el cobro de comisiones millonarias e irregulares por parte de intermediarios que facilitaban contratos de material sanitario (como mascarillas o test) a ministerios y gobiernos autonómicos. Empresarios de estas tramas han testificado ante la Audiencia Nacional sobre supuestas exigencias de dinero en efectivo a cambio de adjudicaciones. [1, 2]
- Denuncias del Ministerio de Sanidad: La ministra de Sanidad ha llegado a calificar como “corrupción institucional” el modelo de gestión de ciertas regiones que supuestamente favorece de forma sistemática el flujo de pacientes y presupuestos públicos hacia grandes grupos hospitalarios privados. [1]
- Falta de transparencia: Se critica que en ocasiones resulta imposible auditar el coste real que asumen las arcas autonómicas por cada cama concertada frente a las de gestión puramente pública. [1]
- Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria: Órgano colegiado del Ministerio de Sanidad creado para fiscalizar las malas prácticas en la contratación pública y coordinar la transparencia del SNS. [1, 2]
- Comisión Consultiva de Protección al Informante: Un canal oficial que ampara el anonimato de los profesionales sanitarios o administrativos que deseen denunciar casos de corrupción dentro de sus centros sin temor a represalias. [1]
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Un informe ciudadano cifra el “abuso” de los contratos a dedo en la sanidad madrileña: son el 99,5% del total
La asociación Audita Sanidad alerta de que esta fórmula favorece la corrupción y el despilfarro pero los controles de la Comunidad o la Fiscalía no funcionan
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, (dcha.) junto a su consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una visita a la sede madrileña de la farmacéutica suiza Roche, el 19 de noviembre de 2024.EUROPA PRESS (EUROPA PRESS) Los contratos menores (a dedo) representan el 99,5% de toda la contratación en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según un informe de la asociación Audita Sanidad, un colectivo ciudadano que fiscaliza desde 2016 a la Comunidad de Madrid. Este grupo alerta de que la ley establece límites al uso de esta fórmula de contratación, pero habitualmente las administraciones de todo tipo se los saltan, lo que supone un riesgo de corrupción y un despilfarro. Sin embargo, las denuncias interpuestas por la asociación ante Fiscalía, Defensor del Pueblo o la Comunidad de Madrid han caído en saco roto.
Los contratos menores son una de las fórmulas permitidas por ley para que las administraciones se relacionen con empresas privadas mediante la compra de suministros, la ejecución de servicios o la realización de obras. En principio, las adjudicaciones deberían anunciarse para que gane la mejor de varias empresas competidoras, pero cuando el importe es escaso (15.000 o 40.000 euros, dependiendo del tipo de trabajo) se permite la designación a dedo, en teoría para favorecer el funcionamiento ágil de hospitales o escuelas. El problema viene cuando los responsables de las compras trocean contratos de gran entidad para saltarse las exigencias de las licitaciones con publicidad y concurrencia, y la sospecha reside en el cobro de una comisión ilegal por parte de esos gestores públicos.
El informe de 34 páginas de Audita Sanidad analiza el período 2016-2020 y señala que la contratación menor fue la norma en todos los centros de gasto dependientes de la Consejería de Sanidad. En esos cinco años, la Consejería gastó más de 4.000 millones de euros en contratos menores. Los autores del documento estiman que en ausencia de competencia el sobrecoste asciende al 25% de lo presupuestado, un dato que se parece al contenido en un análisis que hizo la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Por ello, deducen que los madrileños se podrían haber ahorrado 818 millones de euros. “Con este importe se podrían haber construido 82 Centros de Salud de Atención Primaria o haber contratado a 14.600 médicos de Atención Primaria”, dice el informe.
La contratación menor beneficia a empresas de todo tipo, desde grandes multinacionales hasta pymes. EL PAÍS publicó esta semana que un pintor vallecano, Miguel González, titular de una empresa de 11 empleados, había recibido 1.641 contratos a dedo del Hospital Ramón y Cajal en menos de una década. El valor total ascendía a 4,7 millones de euros.
El informe destaca que precisamente ese hospital fue en 2020, al igual que en años anteriores, el centro de gasto que más “abusó” de esta fórmula. El Ramón y Cajal asignó 44.358 contratos menores el año pasado, por un importe sin IVA de casi 99 millones de euros.
Entre las grandes beneficiarias de contratos menores de la Consejería se encuentran conocidas multinacionales farmacéuticas o de alta tecnología médica. La primera es la farmacéutica suiza Roche que se llevó en 2020 un total de 4.707 contratos de ese tipo, por casi 29,5 millones de euros con IVA.
Audita Sanidad da varios ejemplos de lo que considera sospechas de fragmentación ilícita de contratos. Para ello, considera que se trocea un encargo cuando una empresa recibe 15 contratos menores de un mismo producto (una misma descripción) por un mínimo de 100.000 euros sin IVA.
Por ejemplo, la alemana Siemens vendió el año pasado “material de laboratorio” al Hospital Clínico San Carlos en 267 ocasiones, por valor conjunto de 1,6 millones de euros. Otro caso: la estadounidense Medtronic vendió a La Paz “material sanitario” en 360 ocasiones, también por un valor que suma más de 1,6 millones.
Audita Sanidad ha publicado antes análisis sobre los contratos menores de la Consejería de sanidad madrileña. La razón de que los datos de este nuevo informe tienen cierto retraso es la complejidad técnica de este control, explica uno de sus miembros, el economista Vicente Losada. “Tenemos más de 400.000 contratos anuales y hacemos un análisis de cuáles son sospechosos de haber sido troceados. Es una tarea difícil para una organización ciudadana como la nuestra”.
Su grupo lleva años denunciando sin éxito el abuso de contratos menores ante distintos organismos fiscalizadores, entre ellos la Fiscalía Anticorrupción, la CNMC, el Tribunal de Cuentas del Estado, la Cámara de Cuentas madrileña y la Intervención General autonómica. Uno de los miembros de esta asociación, el economista Vicente Losada, explica que la Fiscalía les exigió pruebas de comisiones ilícitas. En otros casos se han encontrado la callada por respuesta.
Losada critica que no hay interés por parte de las administraciones en acabar con este posible foco de corrupción. Recuerda el caso de la interventora general de la Junta de Andalucía que fue cesada después de publicar un contundente informe en el que detectó irregularidades en el 92% de los contratos menores sanitarios adjudicados en 2021, por un valor total de 1.223 millones de euros.
Con todo, Audita Sanidad llevará el informe este jueves ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que se define como un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda pero independiente. Losada dice que quieren escalar en esta batalla: “Estamos valorando interponer acciones judiciales en el orden penal o contencioso y también llegar ante organismos de la Unión Europea”.
