José Enrique Monrosi

Esta semana, el Ministerio ha activado la maquinaria para tratar de aprobar el incremento antes de abandonar el Ejecutivo, con la convocatoria este jueves de la Comisión de Asesora de personas expertas que asesora en los últimos años al Gobierno en la subida del SMI.

El salario mínimo interprofesional, ahora en 1.221 euros brutos al mes, es un elemento clave para 2,5 millones de personas trabajadoras bajo su cobertura directa. Y más todavía en un momento de elevada inflación como el actual, ya que el último dato sitúa el alza del IPC interanual casi en el 5%, impulsado por el auge del precio de las gasolinas.

El aumento del salario mínimo ha sido además una de las banderas del Gobierno de coalición progresista durante su mandato, con subidas históricas de este indicador, después de haber estado prácticamente congelado durante el mandato de Mariano Rajoy.

Competencia exclusiva del Gobierno

La subida del salario mínimo es una competencia exclusiva del Gobierno, que no tiene que pasar por el Parlamento, y que simplemente requiere de “la consulta” de los agentes sociales. Es decir, la presentación de la propuesta de aumento a los sindicatos y patronales más representativos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha venido ampliando este mandato en la práctica, con la negociación de la subida con los agentes sociales para tratar de cerrar un aumento consensuado con la parte empresarial y la trabajadora. Algo que solo ha sucedido un año: en 2020, recién estrenada la coalición progresista, cuando se elevó el SMI a 950 euros. El resto de ejercicios, el Gobierno ha pactado el aumento solo con los sindicatos mayoritarios.

Además, Yolanda Díaz incorporó la mayoría de años un paso previo más: un informe de una Comisión Asesora de personas expertas, formada por miembros del Gobierno, universidades y academia y sindicatos (ante el rechazo a participar de la patronal).

Esta Comisión –que se ha convocado este jueves para su primer encuentro– ha venido recomendado un aumento (u horquilla de aumento) del SMI para cumplir con el compromiso del Ejecutivo de mantenerlo, al menos, en la meta del 60% del salario medio del país, siguiendo la Carta Social Europea.

Así, aunque el departamento de Díaz ha venido activando la maquinaria para subir el salario mínimo tras el verano, la aprobación de los aumentos por el Consejo de Ministros se han producido entrado ya el año, en enero e incluso en febrero. En esta ocasión, los planes de Díaz supondrían acelerar mucho los tiempos para aprobar la medida antes de la votación del 29 de noviembre.

Incertidumbre sobre la absorción de pluses

Lo que queda de momento en el aire es una medida clave que iba a condicionar la negociación del aumento del SMI este año: la prometida –y pendiente– reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales. Se trata de un cambio normativo que pretende evitar una práctica de las empresas (avalada por el Tribunal Supremo) por la que los empleadores “absorben” la subida del salario mínimo –y la pactada en convenios colectivos– a través de los complementos salariales que perciben los trabajadores.

Si el Ministerio de Trabajo es claro sobre su vocación de aprobar la subida del SMI antes de los comicios, no responden sobre si da tiempo a aprobar también esta reforma de los pluses.