CREUP DENUNCIA LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ANULAR EL REAL DECRETO DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADES Y ALERTA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Desde el estudiantado universitario, denuncian una decisión que consideran profundamente preocupante y que, en la práctica, deja nuevamente
desprotegido y sometido al sistema universitario público y al conjunto del estudiantado.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) denuncia la decisión conocida en el día de hoy por la que el Tribunal
Supremo anula el Real Decreto 905/2025, aprobado hace apenas unos meses. Un Real Decreto que suponía una regulación necesaria para empezar a poner límites a
la proliferación de nuevas universidades privadas y garantizar unas condiciones mínimas de calidad.
Para CREUP, esta norma llegaba tarde, pero era absolutamente necesaria en el contexto actual. Un contexto en el que las universidades privadas están creciendo a
un ritmo acelerado y en el que cada vez son más las instituciones que aspiran a incorporarse al sistema universitario sin que existan siempre garantías suficientes
sobre su calidad, solvencia o capacidad para asegurar una adecuada experiencia formativa al estudiantado.
Universidad de Salamanca
La organización considera especialmente preocupante que se estaba produciendo esta expansión mientras continuaban aprobándose nuevas universidades incluso
en aquellos casos en los que han existido informes desfavorables por parte de las administraciones competentes, algo que el Real Decreto anulado solventaba.
En este contexto, el estudiantado considera difícilmente comprensible que se cuestione la existencia de una situación de urgencia que justificase una actuación
normativa. La rapidez con la que se están creando nuevas universidades no es una cuestión hipotética ni futura, sino una realidad que está transformando el sistema
universitario español a una velocidad que exige una respuesta regulatoria. De hecho, la propia exposición de motivos del Real Decreto 905/2025 hacía
referencia a esta aceleración en la creación de universidades y a la necesidad de establecer mecanismos que permitieran garantizar la calidad y sostenibilidad del
sistema.
CREUP recuerda, además, que, pese a que la tramitación de la norma estuvo condicionada por los plazos existentes, el texto contó con la participación de los
colectivos afectados y con la interlocución del estudiantado universitario, incluida la propia organización. Por ello, resulta especialmente preocupante que una norma
que había sido objeto de diálogo y trabajo con parte de la comunidad universitaria sea ahora anulada sin que exista una alternativa inmediata que permita abordar el
problema que pretendía resolver. El estudiantado considera legítimo preguntarse qué intereses pueden existir detrás de una decisión que deja nuevamente al sistema universitario sin una regulación necesaria, y si estos intereses responden exclusivamente a criterios jurídicos o si existen otras consecuencias e intereses que deban ser explicados.
La organización reclama transparencia y claridad sobre las consecuencias de una decisión que afecta directamente al futuro del sistema universitario y a los derechos del
estudiantado. Esta decisión vuelve a dejar al sistema universitario sin una herramienta que, aunque mejorable, comenzaba a establecer límites ante una situación que requiere una actuación decidida por parte de los poderes públicos. Se advierte de que la universidad no puede convertirse en un espacio en el que la lógica económica prevalezca sobre la calidad académica. La educación superior no puede reducirse a una actividad económica en la que los títulos se conviertan en productos y el estudiantado, en meros clientes.
Universidad de Granada
CREUP considera especialmente grave que esta situación pueda facilitar nuevamente la creación de centros que se presentan como universidades sin que
existan garantías suficientemente exigentes para asegurar una formación de calidad, la continuidad de los estudios o la protección efectiva de los derechos del
estudiantado.
Por todo ello, se exige al Gobierno y a las administraciones competentes que no se limiten a asumir la anulación del Real Decreto 905/2025, sino que actúen de
manera inmediata para aprobar una nueva regulación que permita afrontar la situación actual y establecer criterios exigentes para la creación y funcionamiento
de nuevas universidades.
Desde CREUP consideran que la solución no puede pasar por volver al escenario anterior ni por permitir que continúe la expansión de las universidades privadas sin
unas garantías adecuadas. CREUP lamenta profundamente que una norma que había sido consensuada y trabajada con una parte importante de la comunidad universitaria sea desechada de esta manera, especialmente cuando el problema que pretendía abordar no ha desaparecido y, por el contrario, continúa agravándose.
El estudiantado universitario no puede quedar en segundo plano en esta cuestión. La calidad del sistema universitario, la protección de los derechos del estudiantado
y las garantías de las titulaciones deben estar por encima de cualquier interés económico o de cualquier carrera por ampliar la oferta universitaria y su rentabilidad .
Por ello desde el estudiantado llaman a todas las instituciones a seguir defendiendo una universidad pública y de calidad y garantizar que ninguna persona vea comprometido su futuro por la falta de unas garantías adecuadas en el sistema universitario español.