Vergüenza, Europa contra sus principios
Hay decisiones políticas cuya trascendencia no reside tanto en sus consecuencias inmediatas como en lo que revelan sobre la transformación de las sociedades que las adoptan. El anuncio de Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia paraestablecer un centro de retorno de migrantes en Ruanda, con el beneplácito de la Comisión Europea, pertenece a esta categoría. No estamos simplemente ante una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria europea, más bien estamos ante otro escalón en el progresivo desmantelamiento del marco de derechos sobre el que la Unión Europea afirma haber construido su identidad política, y sobre esto es sobre lo que tenemos que reflexionar.
Establecer un centro de retorno de migrantes en Ruanda, con el beneplácito de la Comisión Europea
El proyecto, que pretende comenzar a funcionar en 2027, contempla inicialmente el traslado de apenas un centenar de personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Se trata a todas luces de una cifra irrelevante en términos de gestión migratoria, pero de enorme trascendencia política. La danesa Mette Frederiksen lo ha expresado con gran claridad: el objetivo no es tanto resolver un problema administrativo como establecer un precedente y así normalizar la posibilidad de enviar a personas a países con los que no mantienen vínculo alguno, convirtiendo la distancia geográfica en un instrumento de disuasión.
Esta iniciativa es la continuación de una deriva que lleva años consolidándose y que ha convertido la excepcionalidad en el principio organizador de la política migratoria europea
Desde luego, esta iniciativa no surge de la nada. Es la continuación de una deriva que lleva años consolidándose y que ha convertido la excepcionalidad en el principio organizador de la política migratoria europea. Primero fueron los acuerdos de externalización del control fronterizo con Turquía, Libia o Túnez. Después llegaron las restricciones al acceso al asilo, la ampliación de los procedimientos fronterizos y la normalización de la detención administrativa. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado bajo presidencia española en 2024, institucionalizó buena parte de esta orientación securitaria. Ahora, tras la entrada en vigor de uno de sus reglamentos, el de Retorno, va más allá, trasladando fuera del territorio europeo a personas sobre las que los Estados miembros siguen teniendo obligaciones jurídicas de las que, evidentemente, no se quieren hacer cargo.
Carta de los derechos fundamentales de la unión europea
Cada nueva restricción de derechos se ha justificado apelando a la necesidad de recuperar el control, combatir a las mafias o garantizar la eficacia del sistema. Sin embargo, la acumulación de medidas dibuja una trayectoria inequívoca. La Unión Europea está descendiendo por una pendiente peligrosa en la que los derechos dejan de constituir el límite de la acción política para convertirse en obstáculos que deben sortearse mediante nuevas arquitecturas jurídicas. Se ha instalado la lógica de la contención, la expulsión y la disuasión desplazando a un rincón la protección internacional, la solidaridad y la responsabilidad compartida. Y todo bajo la iniciativa de gobiernos conservadores, liberales y socialdemócratas que sienten sobre su nuca el aliento de los reaccionarios y aplican su misma agenda.
A lo anterior hay que sumar el respaldo político que llega desde Bruselas, lo que añade una dimensión aún mas inquietante. La Comisión Europea, que debería actuar como garante de los tratados y de los principios fundamentales de la Unión, ha acogido favorablemente una iniciativa que hace apenas unos años habría suscitado enormes reservas institucionales. Frente a esta posición, la oposición de España y Francia demuestra que existen alternativas y margen político para defender otro modelo; o, mejor dicho, el modelo que defiende el marco europeo de derechos y valores vigente. Sin embargo, oponerse a una iniciativa concreta no será suficiente si no se cuestiona el paradigma que la ha hecho posible.
Porque lo que está en juego trasciende ampliamente la gestión de la inmigración irregular. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos.
No se trata de una declaración retórica, sino del fundamento jurídico y político de la legitimidad del proyecto europeo. La obligación de respetar los derechos fundamentales no desaparece cuando una persona carece de autorización de residencia o cuando su solicitud de asilo ha sido rechazada.
La prohibición de devolución a lugares donde exista riesgo de persecucióno tortura, las garantías procesales y el derecho a un recurso efectivo siguen siendo obligaciones jurídicas irrenunciables para los Estados miembros.
La elección de Ruanda resulta especialmente significativa dado su historial de restricciones a las libertades políticas y denuncias de violaciones de derechos humanos, algo que ofrece más que una duda razonable sobre las garantías que podrán ofrecerse a las personas trasladadas. La experiencia británica debería servir de advertencia. En 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal su proyecto de traslado de solicitantes de asilo a Ruanda por el riesgo de devolución a países donde podrían sufrir persecución. Aunque el modelo europeo es jurídicamente diferente, ambos plantean interrogantes sobre la externalización de las responsabilidades estatales.
Lo que está sucediendo con el marco migratorio europeo es un síntoma de lo que sucede en el seno de las democracias europeas. La erosión de los derechos rara vez se produce mediante una ruptura espectacular, lo que hace es avanzar mediante decisiones parciales, excepciones justificadas y modificaciones aparentemente técnicas que terminan alterando los principios fundamentales. Lo que ayer parecía jurídicamente inaceptable hoy se presenta como una innovación administrativa y mañana puede convertirse en práctica habitual.
Así, defender el marco internacional del asilo no es una posición ingenua, se trata de defender uno de los mayores avances civilizatorios surgidos de las tragedias del siglo XX. La Convención de Ginebra de 1951 nació del reconocimiento de que los Estados no podían disponer arbitrariamente del destino de quienes huían de la persecución. Hoy su vigencia no puede depender de las encuestas electorales ni de la presión de la extrema derecha.

Es el síntoma de una transformación política y moral que amenaza con vaciar de contenido los principios fundacionales de la integración europea.
Porque cuando un proyecto construido sobre la dignidad humana comienza a considerar esa dignidad como un problema de gestión, lo que está en riesgo no es únicamente el futuro del derecho de asilo, sino la propia naturaleza del proyecto europeo. Y una Europa que renuncia a sus principios para combatir a la extrema derecha no está frenando su avance. Está contribuyendo a su victoria.
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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.
Europa. Vergüenza
El oro, los diamantes, el litio, el cobalto y el coltán. Sí.
El café, el algodón, la madera, el cacao, el petroleo, y el gas. También.
Las pirámides, los documentales, el oxígeno que sale de sus bosques; sus paisajes, sus animales… África como cuadro, como escenario, como sueño exótico, como mercado. Sí, sí, sí y sí.
Pero no, no, no y no si de lo que hablamos es de los africanos.
No, no, no y no cuando toca aplicar los Derechos Humanos.
No, no, no y no cuando es momento de compartir lo que expoliaron.
Representantes democráticos de los países más democráticos hablan de democracia.
Votan y acuerdan montar un centro de internación en Ruanda.
No hay juicio, ni jurado; solo detención y condena:
Avión y expulsado. Sin importar de dónde sean.
Ruanda como vertedero alejado de la frontera para que no se vea, para que no huela.
Europa seguirá llevándose el oro, los diamantes y el coltán.
Seguirá apropiándose de la riqueza africana para sustentar su bienestar.
Seguirá programando safaris, cruceros por el Nilo y corriendo Ralis Dakar
y seguirá odiando al africano por no resignarse a morir por falta de oportunidad.
Seguirá llamándose demócrata y vendiéndose como faro de libertad
orgullosa de unos valores que ni se plantean usar con los demás.
Vergüenza.




