EL NEGOCIO DE LAS PRIVATIZACIONES, DONDE LA SALUD PASA A UN SEGUNDO PLANO
En la Comunidad de Madrid, a la cabeza de la privatización de la sanidad, los procedimientos utilizados son los siguientes:
– La concesión de la construcción y la gestión por 30 años de los 8 nuevos hospitales a empresas privadas, la mayor parte de ellas constructoras, que huyen así de la crisis del sector. EN UN PLAZO MAXIMO DE DOS AÑOS SE AMORTIZAN 28 años restantes producen beneficios a excepción de las comisiones a la Comunidad autónoma que creo el regalo.
– Estas empresas son Dragados, Sacyr (dos hospitales), Acciona, Begar-Ploder, FCC, Hispánica y Apax Partners.
La ubicación de los hospitales y sus características no han sido el resultada de planificación, ni análisis de necesidades alguno por parte de la Consejería de Sanidad, sino de estudios de rentabilidad por parte de las empresas adjudicatarias.
– La apertura de nuevos hospitales no ha supuesto un aumento, sino una disminución de camas, y no habrá más personal sanitario, ya que éste saldrá en su totalidad de los antiguos hospitales públicos que se han visto obligados al cierre de cientos de camas.
No necesita explicación por increíble que parezca, los profesionales de los hospitales públicos se convierte en personal a especular por la autonomía.
– Los pliegos de condiciones no imponen a las empresas ningún tipo de mínimos en cuanto a plantillas para los servicios. Es la empresa la que aplica libremente su criterio. Los resultados son tan esperpénticos como los siguientes:
1. el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de Arganda hubo de cerrar ante el abandono de las ginecólogas por las condiciones de trabajo; un solo facultativo para quirófano, urgencias y sala.
2. en el hospital de Parla hay una sola limpiadora para todos los servicios durante el turno de noche.
La gestión privada, es decir, la búsqueda prioritaria del beneficio, implica, no solo ahorro en recursos humanos y materiales, sino sobre todo, la selección de riesgos.
-Este último principio se asienta sobre un hecho determinante en la asistencia sanitaria que utilizan implacablemente las aseguradoras privadas: el 10% de la población -personas mayores y enfermos crónicos- consume el 90% de los recursos. El negocio consiste en evitarlos a toda costa, derivándoles hacia los hospitales públicos.
Es la sustitución del Derecho Público por el Derecho Privado en la administración de fondos públicos. El Derecho Público establece mecanismos de control e intervención del gasto, dirigidos a impedir la actuación arbitraria de las administraciones en la gestión del patrimonio y los fondos públicos. El Derecho Privado, que regula el funcionamiento del negocio empresarial, obviamente, no los contempla. El propio interés empresarial, dirigido a la obtención de beneficios con recursos propios, procura la gestión eficiente de la empresa y se ocupa de evitar gastos superfluos.
Los ejemplos del Hospital de Alzira y de las fundaciones gallegas, que tuvieron que ser rescatados de la bancarrota por las Consejerías de Sanidad respectivas, son una buena muestra.
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