La privatización de los sistemas sociales emblemáticos, como la sanidad, de lo que se dio en llamar «estado del bienestar» se inscribe en el marco general de las políticas neoliberales.
Los primeros pasos se dieron en Gran Bretaña en 1976 cuando el primer ministro laborista J. Callahan pidió un préstamo al FMI que le fue concedido a cambio de recortes drásticos en el gasto público y de un programa de privatizaciones. En 1979, M. Thatcher aceleró el proceso.
La imposición de los objetivos centrales del capitalismo neoliberal (déficit público cero, desfiscalización de las rentas del capital, gran disminución del gasto público en servicios sociales, privatizaciones, deslocalización del capital y duras contrarreformas con recortes progresivos de derechos laborales y sociales) se ha hecho mediante un complejo pero sumamente eficaz engranaje de cooptación, compra y desnaturalización de la izquierda institucional, política y sindical, dirigido -mano a mano- por la patronal y los aparatos del estado.
La Transición y la maniobra del despiste de Felipe Gonzalez (1982 y 1996)
La expansión de las políticas neoliberales y su correlato de ataques a conquistas sociales fundamentales coincidieron con la Transición española, en ésa época, era prioritario para las clases dominantes legitimar ante los pueblos la reforma política de la dictadura. Se puso en marcha entonces un mecanismo cuya rentabilidad parece inagotable hasta ahora: dejar que los ataques más duros contra la clase obrera los ejecutara un sedicente gobierno de izquierdas.
Hubo algunos indicadores significativos de la dirección que tomaba la «democracia» en los servicios sanitarios. Uno de ellos fue la decisión del Conseller de Sanitat del Govern Provisional de la Generalitat de Catalunya (PSUC) en lugar de incluir el personal y las instalaciones de esta última en el sector público, subvencionó su reflotamiento para a continuación concertar con ella la asistencia sanitaria. Otra de ellas, reveladora del enorme poder de la industria farmacéutica fue el nombramiento de Ernst Lluch, hombre de su confianza, como ministro de sanidad del PSOE en el primer gobierno de Felipe Gonzalez,
Tres leyes clave para la sanidad, ampliamente demandadas desde la lucha contra la Dictadura, nacieron castradas en sus planteamientos de avance en el desarrollo de recursos públicos y de su control social: la Ley General de Sanidad (1986), Ley del Medicamento (1990) y Ley de Prevención de Riesgos laborales (1995), antes de Salud Laboral.
El guión de la privatización: «confundirse con el paisaje»
El Congreso de los Diputados crea en 1990, con mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto BNG e IU, crea una Comisión para la reforma del sistema sanitario presidida por el banquero y empresario franquista Abril Martorell. Si bien la potente reacción popular impidió la introducción del copago que el Informe preconizaba, las medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización se fueron introduciendo una tras otra, primero por el INSALUD central y luego por las CC.AA, independientemente del color del partido en el gobierno.
De forma sistemática se ralentizó la inversión en los servicios sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la correspondiente masificación y deterioro de la calidad. Poco a poco, se fue desmontando el sistema sanitario desde dentro:
– Se privatizaron servicios de limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, laboratorio, radiología, etc.
– Se introdujo masivamente la precariedad entre los trabajadores de la sanidad.
– De forma lenta, pero sistemática se fueron reduciendo plantillas y camas públicas, al tiempo que se extendía la concertación de las intervenciones quirúrgicas con la sanidad privada.
El concepto de privatización se continuo y perfecciono con la presidencia de Jose Maria Aznar (1996-2004), introdujo un gran impulso en las Comunidades Autonómicas con Esperanza Aguirre (presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016) donde comenzó el gran desfalco a los ciudadanos, para continuar el desmantelamiento y robo sistemático de la sanidad publica su alumna aventajada Isabel Diaz Ayuso y demás presidentes autonómicos
En lo que a la sanidad se refiere se diseñó un proceso lento, pero demoledor, ejecutado por los grandes medios de comunicación de la derecha mediática (que reciben subvenciones publicas astronómicas de las Autonomías ) para la deslegitimación y crítica de lo público por ser «despilfarrador», «burocrático», «ineficiente», «sostenedor de privilegios funcionariales», etc.
El proceso
La supuesta eficiencia empresarial por el ahorro en el coste de medios diagnósticos y tratamientos (menos estancia media, menos personal, etc.) va de la mano del aumento exponencial del gasto sanitario y el deterioro de la calidad: se incrementan los reingresos, se dispara el gasto farmacéutico, aumentan las demandas por errores médicos o mala práctica, se ocultan los indicadores que permitirían evaluar la calidad de la atención en función de objetivos de salud, y lo que es más grave y determinante, se pone en peligro la salud y la vida de los pacientes.
El negocio del capital privado en la sanidad
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC establece que todo hospital, centro socio-sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios.
- PP, PSOE, PNV, CiU y CC , TODOS CULPABLES DEL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PUBLICA
- TODOS LOS CIUDADANOS ESTAN SUFRIENDO LOS EFECTOS DE LAS MULTIPLES PRIVATIZACIONES DE LA SANIDAD PUBLICA QUE DEBEN PONERSE FIN , REPONER EL DESFALCO PRODUCIDO Y JUDICIALIZAR A LOS RESPONSABLES.
