Número de residencias de mayores públicas en España por comunidades autónomas
cuantas residencias de mayores se han privatizado en España
La falta de personal en residencias se agudiza en verano: “Empeora la atención y aumenta la carga”
Sindicatos y familiares piden aumentar las plantillas y mejorar las condiciones
- 73,7% Privadas puras: Centros construidos, financiados y gestionados íntegramente por empresas privadas o fondos de inversión. [1]
- 14,2% Públicas puras: Solo este pequeño porcentaje de centros mantiene de forma conjunta tanto la titularidad como la gestión directa de la Administración Pública. [1]
- Aproximadamente el 62% de las plazas totales del país reciben algún tipo de financiación pública (ya sea en centro público, concertado o mediante prestación vinculada).
- El 38% restante de las plazas son de pago 100% privado por parte del usuario. [1]
- Déficit de inversión pública: Las administraciones autonómicas apenas han construido nuevos centros públicos en las últimas décadas para absorber el envejecimiento demográfico. [1]
- Externalización deliberada: Al implementarse la Ley de Dependencia, las Comunidades Autónomas optaron por cubrir la demanda derivando fondos a operadores privados y fondos de inversión (fórmulas de concierto social) en lugar de contratar personal estatutario y asumir la gestión directa de infraestructuras. [1, 2]
En la actualidad sabemos que las plazas públicas suponen un 23% del total de plazas de residencias de mayores en España, pero de éstas, solo un 13% se ofrecen en centros de titularidad pública.
EL MODELO SUECO DE RESIDENCIAS
En todas las visitas a responsables públicos apareció la misma pregunta: “¿pueden optar los dependientes por obtener dinero para el cuidado familiar en vez de servicios?”, la respuesta: en algunos casos se permite que la persona cuidadora “contrate laboralmente” aun cuidador que puede ser su familiar. Es algo realmente excepcional y siempre comportaría un contrato de trabajo.
La asociación de empresarios sueca explicó que el proceso de “privatización” de la gestión es todavía escaso, no llega al 15% y que ellos tienen la aspiración de que alcance el 50% en un futuro. Sus retos son competir de forma justa y que exista un modelo común. Algo muy curioso es que los grandes grupos gestores privados (Carema y Attendo) son empresas creadas a partir de la financiación de fondos de inversión.
El modelo de residencia geriátrica sueca consiste en módulos de entre 8 y 20 residentes que viven en habitaciones individuales de unos 20 a 30m2 y que comparten un espacio común de unos 70 en los que hacen vida con un equipo profesional formado por enfermeras, auxiliares de enfermería y ayudantes de enfermería. También existen fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales más personal de mantenimiento y dirección. No hay más profesionales. Resulta sorprendente, en comparación con las residencias de tercera edadespañolas la cantidad de metros cuadrados por residente.
Las preguntas que más se hacían los empresarios tenían que ver con los costes del sistema del modelo sueco de residencias de ancianos y el pago que recibían por parte de las administraciones y los residentes. La respuesta fue que en Suecia todas las residencias son públicas o tienen todas sus plazas concertadas con la administración.
Sobre los salarios, este es el datos que nos dieron desde la asociación de municipios y provincias. Se refiere a salario mensual (12 pagas al año) bruto y al que, en un 90% de los casos hay que añadir 170€ por “horario socialmente inconveniente”:
Los ingresos generados por los residentes dependen del nivel de atención que requieren, nivel que se obtiene al aplicar una escala que tienen en cuenta un test de AVD, la escala de Berger y unos test de comportamiento y de necesidades de atención.
Los precios que pagan las administraciones, según la información recibida de diferentes residencias, varía de un caso a otro. En Lojtnansgarden éstos son 121,6€/día para bajo nivel de atención, 174,30€ para el medio y 203,70€ para el alto.
NUVE: Se inicio la privatización antes que los Hospitales, el test funciono y proporciona cuantiosas comisiones, actualmente es un gran negocio tanto para el sector privado como para las autonomías a través de ingresos de difícil control.
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- Coste de edificación: Levantar un centro moderno y adaptado a las normativas actuales requiere millones de euros en obras y equipamiento.
- Presupuesto limitado: Las administraciones prefieren destinar ese dinero a infraestructuras de uso común (como hospitales o carreteras) o recurrir a la empresa privada para que asuma ese riesgo financiero inicial.
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- Convenios laborales: El personal de una residencia pública directa es funcionario o personal laboral de la Administración, con salarios y condiciones reguladas por convenios públicos.
- Diferencia de costes: Los salarios del sector privado de la dependencia (convenios estatales o autonómicos privados) son sustancialmente más bajos. A la Administración le resulta más barato externalizar el servicio que contratar directamente a médicos, enfermeros y cuidadores bajo el régimen público.
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- Financiación al usuario: El sistema prioriza dar un “cheque de dependencia” (Prestación Vinculada al Servicio) al ciudadano.
- Desvío al mercado: Con ese dinero público, el anciano paga una plaza en una residencia privada. El Estado cumple su obligación legal de asistencia sin necesidad de poner un solo ladrillo. [1]
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- Lentitud pública: Diseñar, licitar, adjudicar y construir una residencia pública puede tomar entre 5 y 8 (meses) o quizás años.
Agilidad de los fondos de inversión: Las grandes corporaciones y fondos internacionales (especialmente franceses e ingleses) detectaron un negocio seguro en España y construyeron macro-residencias de forma masiva en la última década, cubriendo el déficit de plazas mucho más rápido.
El negocio de la residencias de mayores privadas: facturan 7.955 millones de euros anuales
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- Desinstitucionalización: Los nuevos fondos europeos (como los Next Generation) priorizan que las personas mayores envejezcan en sus casas.
- Inversión alternativa: El dinero público actual se está dirigiendo preferentemente a potenciar la ayuda a domicilio, la teleasistencia avanzada, los centros de día y el cohousing (viviendas colaborativas), en lugar de construir centros de internamiento tradicionales.
Estas organizaciones critican que, durante el periodo estival, las plantillas se resienten por la llegada del periodo vacacional, lo que provoca que el trabajo se intensifique y que la calidad de la atención empeore.
Según aseguran, no sólo es un problema que afecta a los centros sociosanitarios, sino que atañe a la Dependencia, en general.
Además, alertan, se trata de una carencia que tiene difícil solución si se mantienen las condiciones laborales actuales –sueldos que apenas llegan al SMI, parcialidad…–.
Y es que la precariedad hace que el sector sea poco atractivo para los profesionales de los cuidados que deberían sustituir a los trabajadores cuando, escalonadamente, van cogiendo sus vacaciones y, sobre todo, para perfiles de tipo sanitario, que van a preferir otras opciones laborales como, por ejemplo, el sistema de salud. Y todo ello derivaría en más carga y en que las empresas hagan malabares organizativos para cumplir con los mínimos.
Un “mal endémico” que empeora en verano
Hugo Sánchez, responsable del sector de la Dependencia en la Federación de Servicios Públicos de UGT, califica la falta de personal en las residencias de “mal endémico estructural”.
Sánchez recuerda que se trata de un empleo “altamente feminizado” y envejecido, donde “más del 86% del personal son mujeres” y el “53% supera los 45 años”. Esta realidad, añade, se cruza con una “gran siniestralidad laboral”, debido a tareas “muy físicas”, y con la precariedad salarial –los sueldos base apenas llegan al SMI–.
Peor calidad en la atención
En este contexto, cuando llegan las vacaciones de la plantilla, se produce la tormenta perfecta. Por un lado, apunta el representante de UGT, en general, suele “aumentar el número de ingresos estacionales de usuarios”.
Y en paralelo, no se producen siempre todas las sustituciones que serían necesarias, bien porque no se encuentran profesionales disponibles o porque las empresas priorizarían, en su opinión, “maximizar su beneficio”.
Como consecuencia directa, de facto, lo que observan en el sindicato es que se incrementa “la carga exponencialmente” y ello obliga a los profesionales a dar una “atención más rápida y estandarizada”, sin margen para atender “las necesidades individuales”.
Es decir, apostilla, esto se traduciría en un retraso “en la higiene, en las movilizaciones, en los cambios posturales”, en “un menor acompañamiento emocional y vigilancia clínica” y en más “dificultad para detectar precozmente los deterioros”.
Es más, en la práctica, el sindicalista asegura que la escasez de personal cualificado puede propiciar que se den situaciones indeseables como “que categorías no sanitarias asuman tareas para las que no están habilitadas”.
Para acabar con estas carencias, desde UGT exigen la mejora del convenio colectivo –se está negociando– y reclaman que la nueva financiación estatal aprobada –el Gobierno llegará a aportar el 50% de los fondos al sistema– sea de carácter estrictamente “finalista y que redunde en mayor y mejor contratación”.
Doblajes de turnos y prolongaciones de jornada
Jesús Vargas, responsable de Sanidad Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), confirma que “la falta de personal en las residencias de mayores se ha convertido en uno de los principales problemas que afronta el sector”.
“Lejos de ser una situación exclusiva de los meses de verano, las dificultades para contratar y sustituir al personal durante el periodo vacacional no hacen más que poner de manifiesto un problema estructural: unas plantillas insuficientes durante todo el año que impiden garantizar una atención individual y de calidad, además de unas condiciones laborales dignas”, comenta.
“Esta situación obliga a las plantillas a asumir doblajes de turnos, prolongaciones de jornada y una carga de trabajo cada vez mayor para poder garantizar la atención a las personas usuarias. La sobrecarga provoca un importante desgaste físico y emocional en las personas trabajadoras y repercute directamente en la calidad de la atención, al impedir que las personas usuarias reciban los cuidados con el tiempo y la dedicación que requieren”, confirma.
Por eso, apunta, “desde la FSS-CCOO exigimos a las administraciones y a las empresas un compromiso firme para reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales y retribuciones y garantizar una financiación suficiente que permita ofrecer una atención digna y de calidad”.
Ratios y el peligro de las olas de calor
Desde la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias de Mayores coinciden con UGT y CCOO en que “el hecho de que durante el verano haya menos personal en las residencias viene a agravar una situación ya de por sí indeseable“.
Según comentan desde la organización, el problema de base tendría que ver con cómo están dimensionadas las plantillas, en general, pensando en “facilitar el negocio a las empresas o el ahorro a las administraciones”, y con ratios calculadas históricamente de “una forma engañosa”, sin contar los diferentes turnos que se dan en un día.
De esta manera, critican, esta insuficiencia estructural se exacerbaría durante el periodo estival, coincidiendo asimismo con las diferentes olas de calor, con los peligros que ello conlleva. En particular, advierten de que esta sobrecarga puede traducirse en “menos vigilancia en cuanto a la hidratación, menos trabajadores para hacer los cambios posturales de quienes lo necesiten, menos controles de la medicación adecuada”.
Cómo organizan el verano las residencias
Las empresas ponen el foco en la dificultad para encontrar trabajadores durante el periodo vacacional y también el resto del año.
“Compartimos la preocupación por la dificultad para encontrar y retener profesionales de los cuidados, un reto estructural que afecta al conjunto del sistema de atención a la dependencia y que se hace más visible en los periodos vacacionales, cuando es necesario cubrir las sustituciones del personal. El sector de los cuidados es un sector profesional, con empleo cualificado, y la infrafinanciación del sistema, la lentitud de los procesos de homologación de titulaciones y de acreditación de competencias, y la falta de reconocimiento social e institucional de estas profesiones dificultan la incorporación y retención del talento que el sistema necesita. Teniendo en cuenta esta situación, los centros adoptan medidas organizativas y laborales que les permiten planificar con antelación las coberturas estivales para garantizar la continuidad y la calidad de la atención”, aseguran a 65YMÁS desde la patronal AESTE.
“El periodo estival simplemente lo vuelve más visible debido a la coincidencia de las vacaciones, las sustituciones obligatorias y la mayor tensión organizativa que esto genera, pero la dificultad real para atraer y retener a los profesionales de los cuidados es un obstáculo que persiste durante todo el año”, explicaba el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández-Cid, en una entrevista concedida al medio Libertad Digital.
“El margen de maniobra de las empresas privadas es sumamente limitado. Cuando una parte tan importante de la financiación de los centros depende de precios públicos, conciertos y prestaciones que fija la administración, si la tarifa oficial no refleja el coste real de dar el servicio, la capacidad de mejora de las entidades se reduce drásticamente. Las empresas pueden implementar esfuerzos organizativos, de gestión y eficiencia, pero existe un límite físico obvio. No es viable mejorar los salarios, reforzar las plantillas, asumir el encarecimiento de los costes energéticos, alimentarios o normativos si la financiación pública no acompaña. Esta brecha es la que finalmente imposibilita atraer y fidelizar a los profesionales del cuidado”, añadía.
Cabe recordar que, aunque cerca del 70% de los centros son de titularidad privada, una parte importante de ellos trabajan con plazas en régimen de concierto con la administración, por lo que el sector es muy dependiente del dinero público.
Para revertir esta situación, desde la FED proponen “un plan integral para el sector de la dependencia” mediante una estrategia de país estructurada en cinco ejes fundamentales:
- “Dotar al sistema de una financiación estable y tarifas públicas ajustadas al coste real para posibilitar la mejora de condiciones laborales y el refuerzo de las plantillas”.
- “Plan de captación de talento joven, formación, estabilidad y reconocimiento. Si la oferta interna es insuficiente, se deben definir mecanismos estables para incorporar trabajadores extranjeros y agilizar los trámites de homologación de títulos de terceros países, que actualmente demoran años en lugar de resolverse en pocos meses”.
- “Los centros residenciales atienden perfiles con necesidades sanitarias cada vez más complejas sin ser hospitales. Es crucial contar con el apoyo directo de la atención primaria, una historia clínica compartida y protocolos comunes de actuación”.
- “Al ser un sector altamente regulado y sometido a controles constantes, cualquier modificación legal o normativa debe ser clara, viable, proporcionada y financieramente sostenible“.
- “Ante el rápido envejecimiento de la población española, es urgente anticipar cuántos recursos, plazas, servicios y profesionales serán necesarios en los próximos años”.
El negocio de la residencias de mayores privadas: facturan 7.955 millones de euros anuales
89.471 plazas, 3.904 centros y 7.955 millones de euros de facturación anual. Las residencias de mayores privadas se han consolidado como un motor económico del país. Según los datos del reciente informe ‘Observatorio del sector sanitario privado 2026’ de la Fundación IDIS, el sector tiene un impacto directo muy significativo en el Producto Interior…
En España, hay 3.904 centros sociosanitarios de este tipo
289.471 plazas, 3.904 centros y 7.955 millones de euros de facturación anual. Las residencias de mayores privadas se han consolidado como un motor económico del país.
Según los datos del reciente informe ‘Observatorio del sector sanitario privado 2026‘ de la Fundación IDIS, el sector tiene un impacto directo muy significativo en el Producto Interior Bruto.
Solo Extremadura y Castilla-La Mancha disponen de más centros públicos que privados
La distribución de los centros de atención residencial públicos para mayores en España es muy desigual. Existen algunos desequilibrios entre las diferentes autonomías.
Con el crecimiento demográfico del grupo sénior en España y la visibilización de sus demandas, estos centros han cobrado protagonismo. El cuestionamiento del modelo de residencia tradicional, sumado a la irrupción de nuevas fórmulas como los sénior cohousing y las viviendas para mayores, han puesto el foco en este tipo de servicios.
El 28% de los centros españoles son públicos
En España existen, en total, 6.045 centros de atención residencial, de los cuales 1.706 son públicos (28%), según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). De estos, 1.433 corresponden a residencias tradicionales, mientras que 273 son viviendas para mayores.
No obstante, la distribución en las diferentes comunidades autónomas no es uniforme. Así, Castilla-La Mancha es la región con más centros públicos en total (296) y la única en la que existen más viviendas para mayores (161) que centros residenciales (135). En la parte baja de la tabla destacan La Rioja, Ceuta y Melilla, con menos de diez centros.
Por otra parte, solo Extremadura y Castilla-La Mancha disponen de más centros públicos que privados. En el caso extremeño, tres de cada cuatro centros en la región son de titularidad pública, mientras que en Castilla-La Mancha la proporción es de algo más de la mitad de centros públicos.
En el extremo contrario, la Comunidad de Madrid es la región donde este servicio está más privatizado: casi nueve de cada diez centros son privados. Cataluña y la Región de Murcia le siguen, con un 16% y 17% de centros públicos, respectivamente.