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LAS COMISIONES PERMITEN QUE SE CUMPLA EL SUEÑO DE LAS AUTONOMIAS
El aborto exclusivamente en la sanidad privada, que los trabajadores también pagamos
Los hospitales públicos de Madrid pagan con contratos menores a las clínicas privadas por los abortos que sus médicos no quieren practicar.
Sabías qué a la Comunidad de Madrid le cuesta hasta seis veces más el mismo tratamiento en un hospital privado (concertado) que en uno público?
- Los siete centros autorizados cobran los precios más bajos de España, 287 euros por intervención, tras llevar 22 años congelados, y anhelan un acuerdo marco como el que tienen otras comunidades.
- Los hospitales Infanta Cristina y El Escorial anularon este verano dos licitaciones de acuerdo marco para contratar interrupciones del embarazo por “errores” en los pliegos.
- Sanidad responde que está “trabajando” en un nuevo concurso, pero aún no ha vuelto a publicar las dos convocatorias fallidas. Tampoco aclara si decayeron por indicación de la Consejería.
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Sobre la firma Begoña P. RamírezRedactora de Investigación Ver biografía 08/11/2026 21:54
el 99% de las intervenciones voluntarias del embarazo (IVE) solicitadas por las madrileñas.
Sólo 92 de las 18.313 que se realizaron en 2025 corrieron a cargo de los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas),
Según el análisis que Público ha realizado a partir de los datos extraídos de la Plataforma de la Contratación de Madrid por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), los hospitales del Sermas pagaron a las siete clínicas acreditadas un total de 8,88 millones de euros repartidos entre 2.575 contratos desde 2016 hasta septiembre de 2026. En 2025, se firmaron 318 contratos menores, por importe de 1,24 millones de euros, para pagar las 18.129 interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en clínicas privadas. En lo que va de 2026, ya se han suscrito 171.
Esta deuda corresponde a gastos de asistencia médica prestada a pacientes de la sanidad pública en hospitales concertados de gestión privada
900 millones de deuda acumulada hasta 2019 con los hospitales privados
Este es el cuarto capítulo de la serie que Público ha elaborado sobre la contratación menor en la sanidad madrileña. Aquí puedes consultar el primero, el segundo y el tercero. Begoña P. Ramírez
Los precios más bajos de España
En el caso de las clínicas abortistas madrileñas, se añaden otros elementos de controversia. Los precios por intervención, que fija la Comunidad de Madrid, son los más bajos de España. Por una IVE de hasta 12 semanas de gestación con anestesia local, Sanidad paga 286,89 euros; 382,53 euros si requiere anestesia general. En Aragón, 369,52 euros la primera y 519,62 euros la segunda. En Andalucía la tarifa unitaria es de 468,24 euros, aunque en el acuerdo marco abierto este año se prevé un aumento del 14%, hasta 537 euros. En el País Vasco se eleva a 690,68 euros.
Además, son precios que no se han actualizado, “ni siquiera con el IPC en los últimos 22 años”, se quejan los portavoces de laAsociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo(ACAI) consultados. Hasta ahora, el sistema utilizado por Sanidad para pagar los abortos consistía en emitir una carta de pago que recibía cada paciente con la notificación de su cita. Además del día y la hora a la que debía acudir la mujer a una clínica, la Dirección General de Atención Especializada del Sermas le informaba, en una tabla, de las diferentes tarifas según las semanas de gestación. Ese documento pasaba a manos de la clínica, que luego remitía al Sermas para su cobro.
En noviembre de 2025, una denuncia del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid consiguió eliminar de las cartas de pago la tabla con los precios, que convertía a las mujeres que solicitaban interrumpir su embarazo en los únicos pacientes del Sermas a los que se informaba del coste de la intervención que se les iba a practicar.
“Por supuesto que preferiríamos un acuerdo marco o un convenio como tienen otras comunidades autónomas”, subrayan los miembros de ACAI, que agrupa a 24 clínicas de toda España. “[Las cartas de pago y los contratos menores] No los hemos elegido nosotros. Hacemos lo que nos dice la consejería, es el Sermas quien mueve los hilos; nosotras vamos solventando la situación y ayudando a las mujeres a ejercer su derecho”, explican. También les permiten elegir todos los métodos, no sólo el farmacológico, “que es el que prefiere la Comunidad de Madrid”, apunta ACAI. En 2025, según las cifras de la propia Dirección General de Salud Pública, sólo uno de los 92 abortos practicados en los hospitales públicos madrileños fue quirúrgico.
“Prestamos nuestros servicios de acuerdo con los parámetros que el Sermas nos marca: elaboración de factura mensual por servicios prestados y su remisión al hospital correspondiente. Ignoramos el instrumento administrativo interno que, para ello, pueda utilizar este organismo”, responde José Manuel Muñoz de la Rosa, portavoz de la Clínica Dator. Si ese instrumento cambia, añade, “habrá que analizar los pros y los contras”.
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Las licitaciones fallidas del Infanta Cristina y El Escorial
De que algo puede estar cambiando dan idea los anuncios que los hospitales Infanta Cristina (Parla) y El Escorial publicaron el pasado verano en la Plataforma de Contratación de la CAM. Querían adjudicar sendos acuerdos marco para elegir clínicas privadas que practicaran interrupciones voluntarias del embarazo. El Infanta Cristina publicó sus pliegos el 23 de julio; El Escorial, el 13 de agosto. Pero exactamente una semana después –el 31 de julio y el 20 de agosto, respectivamente–, ambos hospitales desistieron del procedimiento y anularon la convocatoria.
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Consultada al respecto, la Consejería de Sanidad reduce el motivo de la anulación a meros “errores de carácter gramatical, explicativo”. Sobre la nueva tramitación, el mismo portavoz contesta que “se está trabajando en ello, saldrá en tiempo y forma todo ajustado a derecho”.
La diputada del PSOE Lorena Morales preguntó en septiembre en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid por las razones que han enviado a la papelera ambos intentos de licitar un acuerdo marco para las clínicas abortistas, pero el director general de Gestión Económico-Financiera de la Consejería de Sanidad, José Nieves González, no fue muy explícito: “Se está trabajando en un acuerdo marco, diseñándolo teniendo en cuenta todo el mercado y fijándonos en lo que han hecho otras comunidades autónomas”. Ese acuerdo marco, dijo, será “homogeneizado” para todos los hospitales, pero le restó importancia al hecho de que sea general para toda la red de centros públicos o que cada uno de ellos tenga el suyo compartiendo las mismas “exigencias técnicas, de seguridad, trazabilidad y calidad asistencial”, los mismos precios y una “coordinación centralizada para su ejecución y seguimiento”. No respondió cuál fue el motivo de que decayeran los concursos del Infanta Cristina y El Escorial. “¿Hubo alguna indicación de la Consejería [de Sanidad] para retirar estos procedimientos? ¿Tuvieron ustedes algo que ver con los desistimientos del Infanta Cristina y El Escorial?”, preguntó la diputada socialista. José Nieves se limitó a reseñar que, en la Comunidad de Madrid, el derecho al aborto se ejerce “garantizando el respeto al derecho de objeción de conciencia [de los médicos] y el derecho a recibir la prestación”.
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Precios antiguos de referencia
Ambos acuerdos marco incluían dos lotes –el primero para IVE hasta la semana 14 de gestación y el segundo para las que superen ese plazo– y tenían la misma duración, un año prorrogable a tres más, así como un aumento del 20% del precio si cambiaban determinadas condiciones. El importe anual del acuerdo del Infanta Cristina ascendía a 168.233 euros y el de El Escorial a 93.974 euros. Los precios por intervención se actualizaban un 4% por el IPC del sector médico en 2025 y un 1,9% más por el de 2026. De manera que las tarifas aumentaban, pero muy poco: pasaban de los 286,89 euros actuales por un aborto hasta 12 semanas con anestesia local a 304,03 euros. Los 382,53 euros actuales de un aborto hasta 12 semanas con anestesia general pasaban a 405,39 euros.
Para hacer esas subidas, la memoria económica del Hospital Universitario de El Escorial dice haber tomado como referencia los precios de Andalucía, Navarra, Catalunya, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha y Balears… pero de los años 2018 a 2024.
La publicación de los anuncios causó un cierto revuelo cuando se supo que El Escorial justificaba la necesidad de licitar las IVE por la “imposibilidad del Sermas de asumir la totalidad de los procedimientos incluidos en la cartera de servicios”, debido “entre otros motivos, al ejercicio del derecho de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario“. El Ministerio de Sanidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por negarse a crear el registro de médicos objetores de conciencia que exige la ley. “¡Váyanse a otro lado a abortar!”, fue su manera de expresarlo durante un debate en la Asamblea de Madrid en octubre de 2025.
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Convocatoria anulada en Andalucía
Pero no es Madrid la única comunidad que ha tenido problemas con sus acuerdos marco para cubrir las IVE que sus hospitales públicos se resisten a practicar.
Desde 2021, con el popular Juan Moreno Bonilla en la presidencia autonómica, Andalucía cuenta con un acuerdo marco de cuatro años con 10 clínicas privadas, que se prorrogó en 2025 y cuyo importe se actualizó ese año en un 20% por el “aumento de la demanda del servicio”. El valor total del acuerdo ascendió a 40,04 millones de euros. En 2025, la Junta de Andalucía había sufragado 17.851 abortos mediante este procedimiento.
El pasado mes de julio, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicó el anuncio de licitación de un nuevo acuerdo marco para sustituir al recién caducado. Otros cuatro años con una posible modificación del precio del 20% y un importe total de 53,41 millones de euros. Como queda dicho más arriba, el precio unitario de la IVE se subía un 14%, de 468,24 a 537 euros.
Pero algunas de las clínicas denunciaron el acuerdo marco ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, que ordenó la suspensión del procedimiento como medida cautelar. Cuando resolvió, en agosto, estimó cinco de los seis motivos por los que las clínicas habían presentado su recurso. Los pliegos contenían errores y defectos de todo tipo que afectaban a “elementos esenciales” del contrato, por lo que no bastaba con modificarlos. El tribunal ordenó anularlos y empezar desde cero el procedimiento, incluyendo volver a calcular el presupuesto base y el valor estimado del contrato. Aún no se ha publicado la nueva licitación.
El concurso quedó desierto en Galicia
El caso de Galicia también terminó en desistimiento, aunque por distinto motivo. El Servicio Galego de Saúde (Sergas) convocó un concurso público para licitar su propio acuerdo marco con clínicas privadas que practiquen abortos. A razón de 350 euros para una IVE farmacológica y 570 euros para una quirúrgica, ofrecía 1,3 millones de euros en tres años para realizar unas 805 intervenciones anuales. Son entre el 30% y el 40% de las que se practican en Galicia, donde sólo hay dos clínicas autorizadas, una en Vigo y otra en A Coruña.
El acuerdo marco debía acabar con el sistema que hasta entonces se utilizaba en Galicia, las autorizaciones de uso, una fórmula que ha sido criticada de forma reiterada en sus informes por el Consello de Contas. Se trata de un procedimiento a dedo “que tiene su origen en la legislación sanitaria”, pero “carece de sustento para ser utilizada con esta finalidad [las IVE] y vulnera los principios esenciales de la contratación pública (publicidad, concurrencia, transparencia)”, denuncia el organismo fiscalizador gallego.
“Además de carecer de las notas de excepcionalidad y temporalidad que identificarían esta figura [el contrato menor], al obviarse la vía establecida en la legislación de contratos públicos, no existe expediente de contratación y, por tanto, se carece de pliegos que la regulen, de oferta o de contrato que establezca y ordene los derechos y obligaciones de las partes”, recriminaba el Consello de Contas al Sergas.
La sorpresa fue que ninguna clínica privada se presentó al concurso. Así que, dos años después, el Sergas renunció a convocarlo de nuevo. Según alegó entonces, porque los hospitales públicos gallegos ya se encargan del 77% de los abortos que se practican en la comunidad autónoma.
Mejor suerte está teniendo Asturias con el acuerdo marco que convocó el pasado mes de agosto. Aún no se ha cerrado el procedimiento. Ofrece 376,74 por una quirúrgica con anestesia local y 538,20 euros por una con anestesia general. Su duración será de dos años, con dos posibles prórrogas de otros dos años cada una: 5,12 millones de euros en total. En el Principado sólo hay dos clínicas acreditadas.
Lo mismo con los vuelos para trasplantes de órganos
Las mismas advertencias que reciben los hospitales públicos madrileños desde la Intervención General se repiten para los vuelos de trasplantes de órganos. La Consejería de Sanidad declina cualquier respuesta o comentario al respecto y remite a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Pero los interventores sostienen que la labor de coordinación que asume la ONT no es motivo para adjudicar esos vuelos con contratos menores. Más aún cuando otras comunidades autónomas sí han acudido a licitaciones públicas para proveerse de ese servicio.
Así, el Hospital Gregorio Marañón no ha tenido problema en contratar por 14.999,99 euros, un céntimo por debajo del límite legal, al menos en ocho ocasiones, vuelos para transporte de órganos con diferentes aerolíneas.
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) explica a este periódico que su trabajo es coordinar los operativos entre diferentes comunidades autónomas. “Nosotros no ponemos los precios; lo hace cada empresa de transporte”, asegura una portavoz, quien cita Andalucía, Galicia, Murcia y el País Valencià entre las comunidades que cuentan con esos convenios mencionados por la Intervención General de Madrid. “Nuestro papel es de intermediarios, pero por nosotros no pasan las facturas”, continúa. De hecho, dice que la ONT busca la inmediatez, pero también el ahorro, así que muchos de sus órganos –riñones, por ejemplo– se transportan en vuelos regulares. Si se trata de trasplantes más complejos en los que, además, tiene que viajar un equipo de facultativos, entonces recurren al pool de aerolíneas con que cuentan y a las que van llamando según su disponibilidad. “Y claro que preferimos trabajar con un convenio autonómico, porque la coordinación es más fácil y te aseguras el avión”, zanja la ONT.
Sobre la firma Begoña P. Ramírez
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