JJpD ANTE LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL 11N
Juezas y Jueces para la Democracia ante la convocatoria de huelga general para el día 11N por los agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil quiere expresar su apoyo a los derechos ciudadanos en los que se sustenta la convocatoria:
Creemos que la convocatoria responde a la necesidad de situar la vivienda en el centro del debate público y garantizar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna.
También apoyamos el derecho a reivindicar en una sociedad democrática las legítimas aspiraciones a salarios más justos a través del instrumento de la negociación colectiva, esencial para la paz social.
Apoyamos el derecho a reivindicar la mejora de las condiciones de seguridad y la salud laboral.
La huelga general convocada incorpora también al debate público cuestiones fundamentales para las personas trabajadoras y ciudadanas entre ellas la defensa del sistema público de pensiones y las garantías en la gestión de las bajas laborales. Como asociación judicial comprometida con la defensa de los derechos y libertades públicas consideramos necesario expresar nuestra posición ante dicha convocatoria de huelga.
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
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El respaldo de Juezas y Jueces para la Democracia a las movilizaciones del 11N subraya una brecha histórica en el seno del Estado: la distancia entre las demandas sociales de la ciudadanía —vivienda, salarios dignos, pensiones públicas— y la sensibilidad predominante en los tribunales. Que esta asociación agrupe a apenas un 8% de los magistrados no es una casualidad estadística; es el síntoma de una estructura que arrastra inercias no resueltas desde hace medio siglo.
Durante la Transición, la judicatura no vivió un proceso de depuración ni de renovación democrática. El cuerpo de magistrados forjado bajo la dictadura permaneció íntegro en sus plazas, trasladando su cultura corporativa a las nuevas instituciones. A ello se suma un sistema de acceso a la carrera judicial que, lejos de ser neutro, perpetúa la endogamia: la preparación de una oposición que exige años de dedicación exclusiva sin ingresos, combinada con el pago de cuotas privadas a preparadores que ejercen dentro del propio sistema, levanta una barrera económica insalvable para las familias de clase trabajadora.
El resultado es un estamento donde los sectores conservadores mantienen una hegemonía institucional asfixiante, a menudo ajena a la realidad material de la calle. Reclamar una judicatura plural, con un sistema de becas públicas reales que democratice el acceso y elimine los filtros de renta, no es deslegitimar la Justicia: es exigir que el poder judicial represente, de una vez por todas, al conjunto de la sociedad democrática que dice servir.
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