|
La publicación recurrente de informes alarmistas por parte de fundaciones como Fedea —que tildan de «cheque en blanco» el sistema público de pensiones y lo culpan del deterioro de las infraestructuras— responde a un relato interesado y profundamente falaz. Señalar a los pensionistas como los responsables del desajuste presupuestario no es más que una cortina de humo para ocultar las verdaderas intenciones que se esconden tras estas campañas de desgaste. Para empezar, conviene desmontar el dogma fundamental sobre el que se sustenta esta manipulación: las pensiones no son un gasto, ni una dádiva o un subsidio que el Estado le regala al pensionista. Son el resultado de una aportación diferida, el dinero que cada trabajador ha ido cotizando religiosamente durante toda su vida laboral con el compromiso social y legal de recogerlo después cuando llegue su jubilación. Presentar un derecho adquirido y cotizado como si fuera una carga o un favor financiero es una perversión del lenguaje para justificar su recorte.
Es un insulto a la inteligencia culpar a los mayores de la falta de inversión en carreteras o servicios públicos mientras se ignoran deliberadamente las causas reales del desequilibrio fiscal. Se oculta que la Seguridad Social ha tenido que soportar durante décadas miles de millones en gastos impropios que correspondían al Estado —generando una deuda histórica estimada en más de 500.000 millones de euros con la caja pública— y se pasa por alto el fraude fiscal de las grandes fortunas, por no contar los más de 60.000 millones de euros que se le han dado a la banca, que no ha devuelto y que exigimos que sean devueltos. Pretender que la dignidad de nuestros mayores compite con el mantenimiento de las infraestructuras es una maniobra miserable. Las pensiones no son un coste del que prescindir ni un privilegio inasumible, sino el pilar más firme de nuestra cohesión social y democrática. Combatir el intento de desmantelar lo público en beneficio del negocio financiero no es una opción, es una obligación de justicia social. |
Detrás de este goteo constante de advertencias sobre una supuesta insostenibilidad se encuentra el verdadero motor de la ofensiva: el apetito voraz del sector financiero. El coste de pagar las pensiones contributivas en España roza ya los 14.500 millones de euros al mes (alrededor de 14.540 millones de euros mensuales), lo que equivale a una nómina anual que supera los 200.000 millones de euros (contando las 14 pagas regulatorias y el gasto global del sistema) y representa entre un 13% y un 14% de todo el Producto Interior Bruto (PIB) del país. Este gigantesco flujo de capital —que hoy va directamente al bolsillo de más de nueve millones de pensionistas para sostener la economía real— es la mayor tarta financiera de España. Para la banca y las grandes aseguradoras privadas, la privatización de este montante supondría un negocio multimillonario vía comisiones de gestión y capitalización de fondos privados.
