ARTÍCULOS DE OPINIÓN, Artículos de Tomás Falantes Izquierdo

14 de junio de 2026

En 1995 el Tribunal Supremo tumbó el caso Naseiro. No por lo que decían las cintas —que decían bastante—, sino porque nadie había firmado el papel correcto antes de grabarlas. Un juez, Manglano, autorizó unas escuchas sin la motivación que exige la Constitución, y treinta años de financiación irregular del PP se fueron por ese desagüe procesal. España aprendió entonces una lección que ha repetido como un mantra desde la facultad de Derecho hasta la barra del bar: aquí no importa lo que hiciste, importa el papel que firmaste antes de que se supiera.

Rosendo Naseiro, extesorero del Partido Popular, compareciendo ante una comisión en el Congreso de los Diputados.

Treinta años después, otro juez de la Audiencia Nacional, Calama, instruye el caso Plus Ultra. Y aparece un móvil. No cualquier móvil: el de Rodolfo Reyes, expropietario de la aerolínea, al que en 2021 la policía de fronteras de Estados Unidos le hizo una extracción forense completa en el aeropuerto de Miami, durante un control rutinario. Cinco años después, ese volcado —mensajes, contactos, conversaciones enteras— llega a la UDEF española. Y en esos mensajes aparece, según se ha filtrado, una frase que podría resumir media legislatura: «nuestro pana Zapatero detrás».

Aquí viene lo bueno. El juez Calama, en vez de simplemente incorporar ese material a la causa —que es lo que hacen los jueces con las pruebas que les llegan, faltaría más—, ha decidido pedirle permiso a Estados Unidos. Una comisión rogatoria, formal, para que las autoridades norteamericanas autoricen el uso de ese teléfono como prueba de juicio en un proceso penal español.

Pensemos esto con calma, porque merece la pena. Un juez de un país soberano, investido de la potestad jurisdiccional que le otorga la Constitución española, le escribe a otro Estado para preguntarle si puede usar un papel que ese otro Estado le ha mandado. No es que le pida explicaciones sobre cómo se obtuvo —eso sería razonable, es la diligencia debida sobre la cadena de custodia—.

Es que le pide permiso de uso. Como si la validez de una prueba en un proceso penal español dependiera de una licencia de importación.

Y sin embargo, mirado de cerca, esta jugada de Calama no es ingenuidad ni sumisión: es el fantasma de Naseiro actuando por anticipado. El juez sabe perfectamente lo que le espera. La defensa de Zapatero ya ha presentado un escrito —lo ha hecho su abogado, Víctor Moreno Catena— planteando «dudas razonables» sobre la autenticidad, el volcado, la custodia y el acceso a esas comunicaciones, y señalando que todo esto ha viajado entre policías «sin intervención judicial conocida». Es decir: la defensa está preparando exactamente el mismo argumento que tumbó Naseiro. No «esto es falso», sino «esto no se obtuvo con el papel correcto, así que no existe a efectos legales».

Calama, adelantándose, intenta blindar el material pidiendo que Washington lo autorice no solo como «medio de investigación» sino como «medio de prueba en el proceso penal español». Es decir: quiere que el papel que faltó en Naseiro lo firme ahora, a posteriori, un gobierno extranjero. La pregunta que cualquiera con sentido común se hace —¿y si Estados Unidos dice que no, o no contesta, o contesta dentro de tres años? — no tiene respuesta clara, y ahí es donde el procedimiento empieza a parecer una pantomima: el material ya está en la causa, ya ha servido para registros, para imputaciones, para órdenes de busca y captura. Pedir permiso ahora es cerrar la puerta del establo después de que el caballo ha dado dos vueltas al pueblo.

Lo que de verdad está en juego no es si Zapatero tuvo relación con el rescate de Plus Ultra —eso lo dirá, si llega, un juicio—. Lo que está en juego es, otra vez, el mismo nudo de siempre: la diferencia entre lo que pasó y lo que se puede demostrar que pasó según las reglas. Naseiro nos enseñó que esa diferencia puede ser tan grande como para que treinta años de corrupción documentada no produzcan una sola condena. Plus Ultra está a punto de enseñarnos si esa lección sigue valiendo cuando el escándalo apunta al lado contrario del tablero político.

Porque aquí conviene no engañarse: si las reglas son las reglas, lo son para todos. Y si el argumento de la cadena de custodia rota sirvió para esquivar la financiación ilegal de un partido en 1995, no hay ninguna razón —ninguna, salvo la conveniencia del momento— para que no sirva ahora. La pregunta incómoda no es si Calama tiene razón en pedir ese permiso. Es por qué, treinta años después, seguimos construyendo casas de justicia sobre el mismo terreno movedizo del papel mal firmado, y por qué a estas alturas un instructor de la Audiencia Nacional tiene que hacer de notario internacional antes de poder hacer de juez.