Contra la impunidad
La nueva ofensiva de la Administración Trump para desmontar “ladrillo a ladrillo” la justicia internacional convierte el mundo en un lugar más inseguro
| Cuando el mundo se despertó de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se impuso la idea de que algunos delitos constituían ataques contra todos los seres humanos. Así nacieron los conceptos de genocidio y de crímenes contra la humanidad y se crearon los tribunales de Núremberg y Tokio para juzgar a los responsables de unos crímenes que hasta entonces no tenían nombre, entre ellos el Holocausto. Raphael Lemkin, quien acuñó el concepto de genocidio, se dio cuenta de que la impunidad de atrocidades como el genocidio armenio, había conducido a las masacres posteriores provocadas por los grandes totalitarismos. La necesidad de crear un tribunal permanente que juzgase aquellos crímenes cristalizó primero en cortes especiales para los genocidios de Ruanda y Bosnia, y después en el Tribunal Penal Internacional (TPI), creado en 2002 y cuya jurisdicción reconocen por ahora 125 países.
Hoy todo ese sistema para proteger a los víctimas de las guerras y los totalitarismos está sufriendo una ofensiva inaudita por parte de la Administración estadounidense, que acaba de lanzar un plan para desmontar “ladrillo a ladrillo” la arquitectura judicial de la posguerra. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha justificado con el argumento falaz de que el TPI amenaza de la existencia de Estados Unidos “como nación soberana e independiente”. En su asalto contra la justicia internacional, la primera potencia mundial también ha impuesto sanciones draconianas a jueces y funcionarios del tribunal y, entre otras medidas, les ha prohibido el uso de tarjetas de crédito, lo que les impiden desarrollar su vida y profesión con normalidad. La idea del presidente Donald Trump de que las relaciones internacionales deben regirse por la ley del más fuerte y de que ninguna norma internacional puede controlar su poder nos remite a momentos sombríos de la historia. Su asesor Stephen Miller se refirió al principio de este segundo mandato a “las leyes de hierro” que gobiernan el mundo “desde el principio de los tiempos”. EE UU no es la única democracia que se opone a cualquier forma de justicia internacional: Israel, que tiene varios dirigentes con órdenes de arresto por la destrucción de Gaza, nunca ha ocultado su rechazo a este tribunal con sede en La Haya.
Y ni la Rusia de Vladímir Putin, un líder también bajo orden de arresto del TPI, ni China tienen ningún interés en reforzarlo.La justicia universal —el derecho a perseguir a los responsables de estas acciones en cualquier país cuando no tienen otros procesos abiertos— se ha mostrado eficaz en el caso de los verdugos sirios del régimen de Bachar el Asad juzgados en los últimos años en países europeos, y en otros casos en los que tribunales nacionales han actuado ante crímenes contra la humanidad, pero no puede suplir la labor del TPI, más necesitado que nunca del apoyo de la Unión Europea y de las democracias. La impunidad no solo mira al pasado, sino a los crímenes del futuro.
 Sesion-del-juicio-contra-el-expresidente-filipino-Rodrigo-Duterte-en-el-Tribunal-Penal-Internacional-en-La-Haya. |
