La ‘mala praxis’ de la Sanidad de Ayuso: hizo pagos a las gestoras privadas de los hospitales públicos «prescindiendo totalmente del procedimiento legal»
- La Intervención de la Comunidad de Madrid considera «nulos de pleno derecho» por falta de expediente ocho millones de euros en pagos a los hospitales de concesión de obra pública.
- El Gobierno de Ayuso asegura a ‘Público’ que ha «regularizado» las órdenes de encargo e instruido a hospitales y direcciones generales para que mejoren «la formalización de las actuaciones» y cumplan los trámites legales.
- Los hospitales de gestión privatizada también pasan a Sanidad los gastos de aparcamientos, comidas del personal, dietas de acompañantes y hasta la televisión de las habitaciones.
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La gestión privatizada de los hospitales públicos madrileños es un modelo complejo que requiere un prolijo sistema de control y vigilancia sobre los pagos que la Consejería de Sanidad debe hacer a las sociedades concesionarias. Además de abonarles millones cada año por la atención médica que prestan a los pacientes del área sanitaria que tienen asignada, se les paga por cada modificación del contrato inicial que firmaron en su día. Una de sus cláusulas les permite pedir a la Administración el «reequilibrio económico» si se producen «circunstancias extraordinarias o imprevisibles» que «alteren significativamente la economía del contrato». Eso se ha traducido en cuantiosas compensaciones adicionales pagadas a lo largo de los 20 años en que lleva en funcionamiento el sistema.
Para que Sanidad desembolse ese dinero, las concesionarias y la propia consejería deben seguir antes un procedimiento que, sin embargo, suelen saltarse. Es lo que revelan los informes de control financiero elaborados por la Intervención General de la Comunidad de Madrid y conseguidos por Público a través del Portal de Transparencia autonómico. En el último, que revisó los contratos de los siete hospitales bajo concesión de obra pública, los interventores analizaron las modificaciones de contrato y reequilibrios económicos tramitados desde 2022 hasta 2024. Y descubrieron que excepto dos, todos los modificados se efectuaron sin expediente administrativo alguno. En el caso de los reequilibrios económicos por «ajustes de los servicios no asistenciales e inversiones de reposición» derivados de actuaciones realizadas entre 2016 y 2021 en cinco de los siete hospitales, tampoco se abrieron los expedientes de modificación contractual preceptivos ni hubo fiscalización previa. Pese a ello, todas las obras fueron abonadas por Sanidad.
Los siete hospitales de concesión de obra pública son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Tajo (Aranjuez) y Henares (Coslada). En ellos, la gestión sanitaria corre a cargo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), mientras que los servicios no asistenciales, desde el mantenimiento hasta la lavandería, están en manos de empresas privadas, al principio las constructoras que los levantaron y luego los fondos de inversión que los compraron.
El otro modelo de colaboración público-privada es la concesión administrativa, con el que se gestionan los hospitales Rey Juan Carlos (Móstoles), Villalba, Infanta Elena (Valdemoro) y Torrejón. Este último fue adjudicado al grupo Ribera Salud, mientras que los tres primeros pertenecen a Quirón. Este grupo también administra la Fundación Jiménez Díaz, mediante un concierto singular con el Sermas. En los cinco hospitales, tanto la atención sanitaria como los servicios no asistenciales son responsabilidad de las empresas privadas.
Además de esos modificados y reequilibrios, hay otros flujos de dinero entre la Administración y las gestoras privadas de los hospitales públicos. Al margen de los contratos de concesión, Sanidad pagó a las concesionarias de obra pública obras, mobiliario, sobrecostes de servicios e inversiones, así como otros «gastos diversos» por importe de 10,98 millones entre enero de 2021 y agosto de 2024. La Intervención considera las obras, con un gasto de 7,78 millones, «modificaciones de facto, en contra de las previsiones legales y de los pliegos» y las declara «nulas de pleno derecho». Como ocurre también con los modificados y reequilibrios anteriores, los pagos al margen del contrato prescindieron «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», subraya el informe.
«No son una forma de contratación admisible»
Los interventores sostienen que primero debería haberse analizado si las obras o la compra de mobiliario estaban incluidas en lo que se conoce como «riesgo y ventura» de las concesionarias –los que asume el empresario en la ejecución normal del contrato– y, por tanto, su coste debería haber sido asumido por ellas. Por el contrario, si se hubiera considerado que obras y mobiliario debían correr a cargo de la Administración, tendría que haberse tramitado un expediente para modificar el contrato.
Sin embargo, subraya la Intervención, el vacío documental es total entre la nota de encargo y la orden de encargo de las obras, los únicos trámites que ha encontrado y que «por sí solos no son una forma de contratación admisible».
Es más, el informe apunta a que una parte de las obras abonadas por Sanidad a las concesionarias estaban incluidas en las obligaciones del contrato o eran parte del riesgo y ventura de las empresas, por lo que éstas no tenían derecho a compensación adicional, sino que formaban parte del canon anual que se les paga.
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Por lo que se refiere a los sobrecostes de servicios e inversiones –1,82 millones de euros–, fueron abonados por Sanidad «con cantidades mensuales o periódicamente para compensar a las concesionarias […] fuera del canon», sin modificado y sin expediente, por lo que «se desvirtúa la información económico-financiera y la transparencia del contrato», concluye la Intervención.
Que una actuación administrativa sea declarada nula de pleno derecho significa que es «inválida de forma radical, automática y absoluta desde su mismo origen» debido a un vicio muy grave. Y no puede subsanarse. Según los expertos consultados por este periódico, la única manera de corregir ese «vicio» es someter la actuación y el gasto a la decisión del Consejo de Gobierno, para que los convalide, tal y como explica la Intervención en su informe y establece el decreto sobre control interno y contable de la Comunidad de Madrid. Eso hizo, añaden los interventores, el Consejo de Gobierno al menos en dos ocasiones en diciembre de 2022 y julio de 2024, aprobando los reequilibrios económicos de 2016 a 2021.
Una práctica antigua
En cualquier caso, aprobar –y pagar– modificaciones de los contratos a las concesionarias de obra pública parece ser una práctica antigua y habitual de la Comunidad de Madrid, al menos a tenor de los informes de la Intervención. En uno de 2020, de seguimiento de los contratos firmados por el Hospital Puerta de Hierro y también proporcionado a Público por Transparencia, ya desvelan los interventores que ni la sociedad gestora, propiedad desde 2020 del gigante de infraestructuras canadiense Brookfield, ni el Sermas abrieron expediente alguno por obras y modificaciones de 2018 y 2019: no se hicieron los preceptivos informes jurídicos, ni la fiscalización previa, ni hubo acuerdo del órgano de contratación… En sus alegaciones, el hospital justifica no haber tramitado el expediente de modificación contractual por dos motivos: la urgencia de poner en servicio las nuevas unidades objeto de las obras y la imposibilidad de actualizar el modelo económico y financiero del contrato porque aún estaban en trámite modificaciones anteriores.
«Hay una mala praxis administrativa», admiten los expertos consultados por Público, y un «reproche técnico-político» por parte de la Intervención. Pero lo habitual, añaden, es que, en efecto, se paguen a las concesionarias los modificados del contrato y se convaliden las actuaciones y los gastos mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno. No hay, por tanto, consecuencias prácticas, advierten.
Preguntada al respecto por este periódico, la Consejería de Sanidad se limitó a responder que había «regularizado las órdenes de encargo» e instruido a todos los hospitales y direcciones generales para que mejoren «la formalización de las actuaciones siguiendo el procedimiento legal».
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Aparcamientos, comidas, televisión…
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- A preguntas de ‘Público’, Sanidad defiende la legalidad de la medida, pero se niega a aclarar si esa cantidad la cobró íntegramente Quirón o se destinó también al resto de los hospitales bajo concesión.
- La operación consta en un informe de la Cámara de Cuentas, organismo que también detectó en 2024 una transferencia de 61,5 millones desde la agencia que gestiona las residencias al grupo Quirón.
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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizó durante dos años los remanentes de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), al cargo de las residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid, para pagar a los hospitales bajo concesión administrativa. Lo hizo en 2024, cuando transfirió 61,5 millones de euros para abonar a la Fundación Jiménez Díaz la asistencia médica prestada en 2021 por el hospital emblema del grupo Quirón a pacientes que habían optado por la «libre elección» de centro sanitario, tal y como desveló la Cadena Ser. Pero también en 2022 y por mucho mayor importe: 191,23 millones de euros de AMAS fueron transferidos al Sermas para pagar las «facturas de actividad asistencial llevada a cabo con medios ajenos», según demuestran los documentos consultados por Público. Cubría así una «necesidad de crédito» que Sanidad calificaba de «excepcional (y urgente)» para atender esos gastos de la sanidad privatizada, es decir, de recursos sanitarios públicos gestionados por empresas privadas.
La Consejería de Sanidad no ha respondido a Público cuando le ha preguntado qué empresas privadas prestaron la atención sanitaria cuyas facturas ha pagado con el dinero de las residencias de mayores. Los 61,5 millones de 2024 los cobró el grupo Quirón, al que pertenece la Fundación Jiménez Díaz. La factura de 2022, que fue publicada en la red X por el activista Óscar Hernández, triplica esa cantidad. Quirón gestiona en Madrid otros tres hospitales:el Rey Juan Carlos (Móstoles), Collado-Villalba, e Infanta Elena (Valdemoro). El grupo Ribera Salud, por su parte, es el concesionario del Hospital de Torrejón.
Un portavoz de Sanidad se limita a asegurar que se pagó por la «actividad asistencial» prestada. «La Cámara de Cuentas tiene la fiscalización completa de los datos, que es lo pertinente, preceptivo y legal», remarca.
El consejo de gobierno aprobó ambas operaciones apoyándose en que la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid le permite transferir a la Tesorería General fondos de los organismos autónomos, como es el caso de la Agencia Madrileña de Atención Social, cuando se presentan «situaciones excepcionales». Aunque no precisa qué se considera una situación de ese tipo.
Los 191.234.436,04 euros procedían del remanente de tesorería de AMAS, que el año anterior había ascendido a 210,65 millones de euros. Una cantidad considerable que llama la atención de la Cámara de Cuentas. Según el informe, ese excedente «refleja un exceso de financiación» que debería obligar a la Comunidad de Madrid a «revisar» sus «políticas de planificación presupuestaria».
Pero no sólo sorprende el volumen del remanente de la Agencia Madrileña de Atención Social, sino también el momento en que se produce, en 2021, cuando España aún estaba en plena pandemia y las residencias de mayores eran una de las áreas de asistencia más problemáticas.
Gestión de 25 residencias de mayores
Entonces, AMAS gestionaba un total de 128 centros, de los que 25 eran residencias para personas mayores, 32 centros de mayores y 17 centros de día para mayores dependientes, así como centros residenciales y de día para personas con discapacidad intelectual, residencias de menores, pisos tutelados y comedores sociales. Tal y como describe el informe de la Cámara de Cuentas, en 2022 contaba con un presupuesto de casi 663 millones de euros. A las residencias y centros de día para mayores destinó ese año 231 millones, casi tanto como el excedente que no llegó a emplear y cuyo 91% terminó en las cuentas de los hospitales privados en régimen de concesión. Sólo una pequeña parte de sus ingresos procede del cobro de las estancias en residencias de mayores, 33,5 millones.
En 2021, cuando se generó el excedente de tesorería en AMAS, ya se había superado la etapa crítica de los primeros meses de la pandemia en las residencias de mayores, cuando fallecieron 7.291 personas sólo entre marzo y abril de 2020. Pero las denuncias sindicales y de profesionales del sector de los cuidados sobre la grave escasez de personal y la falta de financiación y recursos han sobrevivido a la covid, al igual que las inversiones insuficientes en los centros y las persistentes listas de espera.
En la Comunidad de Madrid, el 94% de las residencias son gestionadas por empresas privadas.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acompañada por la ministra de Sanidad, Mónica García, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el ministro de Agricultura, Luis Planas.Chema Moya / EFE
Madrid––Actualizado a
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la ley que prioriza la gestión pública de los servicios sanitarios y limita la privada a casos estrictamente excepcionales, que deberán estar objetivamente motivados y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente.
Tras superar su segunda vuelta por el Consejo, el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud iniciará ahora su andadura parlamentaria para blindar la sanidad pública y asegurar el carácter universal, equitativo y de calidad del sistema sanitario.
«El objetivo es blindar la sanidad pública exigiendo evaluaciones estrictas para cualquier colaboración privada garantizando la calidad y la equidad en todos los centros del sistema nacional de salud», ha enfatizado en rueda de prensa la portavoz de Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Mediante el texto aprobado esta martes se deroga la conocida como ley 15/97, que abrió la puerta a la entrada de grandes grupos en los centros públicos como Quirón o Ribera Salud, que se exportó después a otros hospitales como el de Torrejón de Ardoz (Madrid), recientemente epicentro de una polémica por los audios de su CEO en los que reconocía derivar a los pacientes menos rentables.
En su exposición de motivos, el proyecto argumenta que la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.
Mecanismos de control
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acompañada por la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Educación, Milagros Tolón; y el ministro de Agricultura, Luis Planas.Agencia EFE
De esta forma, la gestión indirecta de los servicios sanitarios tendrá un carácter estrictamente excepcional: para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente. Para ello, se establecen varios mecanismos de control, el primero, la exigencia de una evaluación previa; en este sentido, se crearán órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil.
Dichos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, algo que la administración deberá tener en cuenta antes de tomar una decisión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la elaboración de estos informes.
Según ha venido argumentando Sanidad, esta proliferación de modelos privados ha derivado en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional, unos modelos que, además, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares. Asimismo, la privatización se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema.
El proyecto establece también que sea obligatorio hacer un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria. Además, establece una preferencia por el sector social para que, en caso de empate en licitaciones, se prioricen las entidades sin ánimo de lucro. LEER MAS
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