Los indicios contra Zapatero (y los agujeros de la acusación)
Esta semana te escribo antes de lo habitual. La imputación de Zapatero es algo histórico: la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un tribunal. Es una noticia cuyo análisis no podía esperar.
Es comprensible la sospecha. El estupor.
Es el expresidente del Gobierno más odiado por la derecha. También el más valorado por la izquierda, no solo entre los votantes del PSOE. Para unos, ver a Zapatero acusado de corrupción supone la confirmación de un prejuicio. Para otros, una enorme decepción, mezclada con otro sentimiento muy potente: el de la incredulidad, el recelo de que se trate de otra persecución judicial.
Pero el juez Calama no es como Peinado. En esta investigación hay indicios suficientes para justificar la imputación. Preguntas relevantes que Zapatero tendrá que responder ante la Audiencia Nacional.
No, este caso no nace de una denuncia de Manos Limpias con tres recortes de prensa y una entrevista a Víctor de Aldama en el programa de Iker Jiménez, como algunos medios afirmaron de forma errónea. La investigación empieza mucho antes, en 2024, porque Francia y Suiza alertan de un posible blanqueo de capitales con el dinero del rescate de Plus Ultra. Quien impulsa este caso es la Fiscalía Anticorrupción. Y los indicios contra Zapatero no salen de las acusaciones sin pruebas de Víctor de Aldama; hay material más sólido.
Los principales indicios que señalan a Zapatero son tres.
Lo segundo, la pista del dinero. Esos 490.780 euros que Zapatero recibió de Análisis Relevante. Una compañía de Julio Martínez que a su vez cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra y que también pagó otros 239.755 euros a WhatheFav, la empresa de las hijas de Zapatero.
Estos pagos a Zapatero y sus hijas no son de golpe: es la suma de varias facturas mensuales a lo largo de 5 años, entre 2020 y 2024. Según el juez, se trata de facturas simuladas para repartirse el botín. Según el entorno de Zapatero, hay un trabajo real detrás; tanto suyo como de sus hijas.
El tercer indicio contra el expresidente tiene nombre y apellidos. El hoy famoso Julio Martínez Martínez; “Julito”, como todos le llaman. Es un amigo muy cercano a Zapatero, de su máxima confianza. Casi de la familia. El hombre que pidió a Plus Ultra ese 1% de comisión.
Tras salir de La Moncloa, Zapatero logró que el Gobierno de Mariano Rajoy le permitiera seguir corriendo por las mañanas en el Monte de El Pardo, en esa amplia zona de Madrid que es propiedad de Patrimonio Nacional y está vetada al común de los ciudadanos. Tenía su lógica. No es fácil para un expresidente, ni para su equipo de guardaespaldas, correr por el parque del Retiro o la Casa de Campo.
Zapatero no corre solo. Y entre los habituales al running está Julito Martínez. Conoció al expresidente a través de Eduardo Zaplana, según ha publicado el diario Información. Es alicantino, de la provincia donde Zaplana empezó su carrera política.
“Es la persona más pelota con Zapatero que conozco”, explica una fuente. Es “extremadamente servicial”; su “lacayo”, le llamaban los directivos de Plus Ultra. “Uno de esos moscones que se pegan a la gente con poder”, asegura esta misma persona. Antes con Zaplana; con Zapatero después.
Los pagos, las conversaciones y la relación tan estrecha con alguien tan pringado en este rescate bajo sospecha como es Julito Martínez explican el porqué de la imputación. Hay indicios. Pero otra cosa son las pruebas contra Zapatero. Por ahora, no las hay, o no las conocemos.
Es plausible la hipótesis aún por demostrar que plantea el juez: que Julio Martínez es el hombre de los recados de Zapatero, su testaferro; que el expresidente es el “núcleo” de una trama de corrupción, el jefe de esta “organización criminal”.
Pero con los datos que por el momento hay sobre la mesa también es verosímil la otra opción: que Julito Martínez actuara a espaldas de Zapatero. Que usara su nombre y sus contactos para sus propios negocios. Que endulzara su relación con el pago por esos informes para Análisis Relevante (que sí existen, según distintas fuentes). Que Julito se aprovechara de su amistad. Que no haya en la actuación de Zapatero absolutamente nada ilegal.
Tras conocerse la imputación del expresidente, Julio Martínez habló solo con un medio: dio una entrevista a OkDiario, el digital de Eduardo Inda. Es llamativa esa elección. Hay también dudas sobre cuál será su estrategia de defensa: si seguirá siendo “amigo” de Zapatero, o cargará todas las culpas contra él.
También hay en la investigación judicial algunos agujeros. Afirmaciones en la acusación contra Zapatero que no acaban de cuadrar. La típica brocha gorda de muchos informes policiales que después casan mal con la realidad.
Primero, en la propia actividad de Análisis Relevante. El juez y la UDEF presentan a esta empresa como un simple cascarón, montado para justificar los pagos para Zapatero y su familia. Pero es falso que se trate de la única actividad de esta empresa que buscaba entrar en el lucrativo negocio de las consultorías de asuntos públicos.
A partir del verano de 2020, Análisis Relevante organizó varias jornadas de debate con distintos invitados. Como este webinar –a través de internet– sobre las elecciones de Estados Unidos que se celebró el 22 de octubre de 2020. Participó el exministro Miguel Sebastián, pero también Daniel Lacalle, un economista que fue en las listas del PP.
Análisis Relevante cobró de Plus Ultra –300.000 euros del cerca del millón que facturó– pero también de otros clientes. Julio Martínez vendía una “iguala”, un pago de unos 5.000 o 6.000 euros al mes más el IVA por sus servicios de asesoría y análisis. Hasta aquí, nada muy distinto a la actividad de otras empresas de lobby. Aunque esta empresa se quedara en un proyecto fallido.
También es muy cuestionable otro de los argumentos que desarrolla el juez en su auto: que Plus Ultra consiguió esa ayuda pública, ese rescate, incumpliendo los requisitos por no estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
En su auto, el juez incluso relaciona esa supuesta anomalía con una comida de Zapatero con el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá que se celebró el 7 de septiembre de 2020. El problema es que las fechas no cuadran: el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social que presentó Plus Ultra para el rescate es de 18 días antes de esa comida. Y esa reunión –la primera vez que ambos hablaban– fue a petición de Escrivá, no de Zapatero.
Además, Plus Ultra sí cumplía con ese requisito, en contra de lo que argumenta el juez. Es compatible tener una deuda prorrogada con la Seguridad Social con estar “al corriente”, a efectos de una ayuda pública o subvención. Son miles las empresas que solicitan y logran aplazamientos en el pago a la Seguridad Social; se conceden de forma semiautomática, y obliga al pago de intereses. En esos meses de la pandemia, fueron más de cien mil. Pero estas empresas no dejan de estar “al corriente” hasta que vencen esos nuevos plazos sin pagar.
Aún es más endeble el supuesto nexo de Zapatero con una empresa offshore en Dubai que, según el auto, usó la trama para cobrar el 1% de comisión de Plus Ultra. El juez asegura que fue el propio Zapatero quien ordenó crear esa sociedad fuera de España. Pero las pruebas que aparecen en el auto no parecen concluyentes.
El juez argumenta que hay constancia de una comida entre Zapatero y Julio Martínez gracias a los correos electrónicos de este conseguidor con la secretaria del expresidente. Y que al día siguiente de ese encuentro, Martínez se mensajea con un tercero –un representante de Emiratos en España– para interesarse por cómo constituir esta sociedad offshore. Ese es todo el indicio que por ahora se conoce sobre la implicación de Zapatero en esa empresa: una mera relación temporal.
Es posible que aparezcan nuevos indicios, documentos o pruebas que cambien este análisis inicial. Falta también por escuchar las explicaciones de Zapatero ante el juez.
¿Está justificada entonces la investigación judicial contra el expresidente, a pesar de estos posibles errores? Con algunas dudas, yo creo que sí. Es habitual que una investigación judicial sea imprecisa, más en estos primeros pasos. Es lo mismo que pediría si hubiera los mismos indicios contra cualquier otro político de cualquier otro partido. Otra cosa es que Zapatero sea ya culpable, como algunos sentencian. O que la justicia sea igual para todos en este país.
El contraste con otros expresidentes es brutal. La misma semana en la que el juicio de la Kitchen demuestra hasta qué punto es escandaloso que Mariano Rajoy no fuera siquiera llamado a declarar como testigo por el juez Manuel García Castellón, esa misma Audiencia Nacional anuncia la imputación de ZP.
Estos días, en los que tanto se debate sobre los límites entre el lobby y el tráfico de influencias, es importante recordar esta investigación exclusiva que publicó elDiario.es en 2014 sobre otro expresidente: Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi.
Solo con la firma del contrato, Aznar se llevó un adelanto de 100.000 euros. Publicamos íntegro el contrato, y también la factura de ese primer pago. Aquí no había siquiera un intermediario ni una empresa de lobby: el comisionista era el propio expresidente del Gobierno.
Esa venta de desaladoras a Libia fracasó: por la caída del régimen y en contra de los deseos públicos de Aznar, que defendía a Gadafi como un “amigo de occidente”. De haber ganado Abengoa esas adjudicaciones, Aznar habría cobrado una comisión total de seis millones de euros. En un solo pago: no a lo largo de cinco años.
En aquella ocasión, Aznar nos explicó que estaba todo fenomenal, que era una remuneración “perfectamente transparente”. Otros argumentaron que Aznar ya no era un político en activo, que estaba retirado y que cobrar comisiones es completamente legal. Por descontado, no hubo ninguna investigación judicial. Tampoco una sola crítica del PP.
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A diferencia de Aznar, Zapatero tendrá que dar explicaciones ante un juez.