La UCO lleva desde las pasadas navidades esperando que el juez le autorice a investigar al novio de Ayuso.
Las acusaciones de Más Madrid y del PSOE han enviado al juez Antonio Viejo varias solicitudes de impulso procesal. La investigación se refiere a un posible soborno del empresario Alberto González Amador a un ejecutivo del grupo Quirónsalud. Amador tiene otro asuntillo de posible fraude fiscal, que se encuentra igualmente parado.
Y mientras unas causas judiciales precisan de un mayor impulso procesal, otras -las que afectan al PSOE y al Gobierno, en concreto- avanzan con ligereza, como vamos conociendo a golpe de filtraciones y levantamiento de secreto de sumarios. Todo lo que rodea a Leire Díez o a Santos Cerdán va adquiriendo ciertos visos de gravedad. No lo digo yo; lo ha dicho el ministro Marlaska, aunque también ha asegurado que no va a cesar a Mercedes Gónzalez, la directora general de la Guardia Civil, tras conocerse que se había encontrado con Leire, puesto que -según parece- de la trama no hablaron.
Y todo esto sucede en nuestro país mientras se ultiman detalles para la visita del papa, a la que este Gobierno se ha confiado para superar su momento judicial. En el punto en el que estamos tal vez Sánchez termine pidiéndole a León XIV que le bendiga los presupuestos, aunque con total probabilidad nunca se aprobarán.
Continúa la guerra en Ucrania y en Irán e Israel sigue bombardeando a sus vecinos. Y en EEUU, mientras el Congreso trata de afear los desmanes bélicos de Trump, el Senado le autoriza y proporciona dinero para dar continuidad a su criminal política migratoria. El panorama en su conjunto no es bueno.
Han pasado once años desde que en Argentina las mujeres feministas se pusieron en pie, tras el asesinato de una adolescente de 14 años, para gritar «Ni una más», y se han vuelto a movilizar tras el feminicidio estos días de otra niña de la misma edad. Y lo hacen, entre otras cosas, porque el Gobierno de Milei amenaza con suprimir el feminicidio como lo que es, un crimen con un sesgo de género. Atentas a los retrocesos.
En España se reparten más de 41.400 millones de euros anuales en subvenciones públicas, un gasto récord impulsado por fondos estatales, autonómicos y europeos. Los medios no comprados son todos de tendencia de izquierdas.
El volumen de ayudas con importes millonarios o superiores a los 100.000 euros por beneficiario ha crecido un 70% en los últimos años,
EN MEDIOS SIEMPRE CERCANOS AL PP y VOX
LAS subvenciones públicas A LA PRENSA O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACION DEBE DE ESTAR PROHIBIDA
