Esta recomendación del Consejo tiene por objeto combatir la pobreza y la exclusión social y alcanzar altos niveles de empleo mediante la promoción de un apoyo adecuado a la renta por medio de una renta mínima, el acceso efectivo a los servicios esenciales y habilitadores para las personas que carecen de recursos suficientes y fomentando la integración en el mercado laboral de quienes puede trabajar.

Una recomendación para impulsar las redes de protección social

Aunque todos los estados miembros cuentan con redes de seguridad social, el progreso para hacerlas accesibles y adecuadas ha sido desigual. Por lo tanto, el Consejo recomienda que los Estados miembros proporcionen y, cuando sea necesario, fortalezcan redes sólidas de seguridad social combinando un apoyo adecuado a los ingresos a través de beneficios de ingresos mínimos y otros beneficios monetarios complementarios, beneficios en especie y brindando acceso a servicios esenciales y habilitadores. Se recomienda a los Estados miembros que establezcan el nivel de ingresos mínimos a través de una metodología sólida y transparente, de conformidad con la legislación nacional y con la participación de las partes interesadas pertinentes, teniendo en cuenta las fuentes de ingresos generales, las necesidades específicas y las situaciones desfavorables de los hogares, los ingresos de un -asalariado o un asalariado mínimo, nivel de vida y poder adquisitivo, así como los niveles de precios y sus desarrollos relacionados. Con vistas a promover la igualdad de género, la seguridad de los ingresos y la independencia económica de las mujeres, los adultos jóvenes y las personas con discapacidad, el Consejo recomienda además la posibilidad de solicitar la renta mínima que se proporcione a los miembros individuales del hogar.

También se recomienda a los Estados miembros que alcancen gradualmente el nivel adecuado de apoyo a la renta a más tardar en 2030, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, los Estados miembros deberían revisar periódicamente y, cuando proceda, ajustar el nivel de renta mínima para mantener su adecuación. En tiempos de recesión económica, la flexibilidad en el diseño de la renta mínima puede desempeñar un papel importante en la mitigación de las consecuencias sociales adversas y desempeñar un papel estabilizador en la economía.

La renta mínima: papel clave para salir de la pobreza y la exclusión

La renta mínima es un elemento clave en las estrategias para salir de la pobreza y la exclusión. También contribuye a apoyar una recuperación sostenible e inclusiva en tiempos de crisis económica. Las redes sólidas de seguridad social no solo mejoran los resultados sociales y de salud de quienes se encuentran más alejados del mercado laboral, sino que también brindan beneficios sociales y económicos duraderos para la Unión Europea, lo que se traduce en sociedades más equitativas, cohesionadas y resilientes.

A pesar de los avances de la última década, en 2021, más de 95,4 millones de personas seguían en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo ese riesgo mayor para las mujeres. La pandemia de COVID-19 puso de relieve las ventajas sociales y económicas de las redes de seguridad social adecuadas y específicas, con medidas de contención que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y los grupos desfavorecidos, especialmente en términos de acceso a la atención médica y la educación. La guerra de agresión rusa injustificada e ilegal contra Ucrania provocó un fuerte aumento de los precios de la energía y la consiguiente inflación, lo que afectó aún más a los hogares de ingresos bajos y medios bajos.

Fondo

Esta recomendación se basa en la recomendación 92/441/CEE del Consejo sobre criterios comunes relativos a los recursos suficientes y la asistencia social en los sistemas de protección social, a la que sustituirá. También complementa la recomendación de la Comisión 2008/867/CE sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral. En sus conclusiones del 9 de octubre de 2020, el Consejo pidió fortalecer la protección de la renta mínima para combatir la pobreza y la exclusión social en la pandemia de COVID-19 y más allá.

La propuesta de recomendación fue presentada por la Comisión al Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Sociales el 7 de octubre de 2022. Tras el examen del grupo de trabajo, se llegó a un acuerdo sobre el texto de compromiso bajo la presidencia checa. Dado que el tiempo necesario para la revisión jurídico-lingüística no permitió la adopción formal en diciembre, el Coreper y el Consejo llegaron a un acuerdo político sobre el texto en el Coreper el 30 de noviembre de 2022 y en el Consejo EPSCO el 8 de diciembre de 2022. La recomendación se adoptó formalmente como Punto A en el Consejo el 30 de enero de 2023.