Estudiantes y jubilados: El infierno de las residencias
Las residencias pagadas con dinero publico
de todos los trabajadores y pequeñas empresas
¿A dónde va tu sueldo?
El gran negocio de las privatizaciones
Pagas tus impuestos para tener la tranquilidad de que, si enfermas o tus hijos quieren estudiar, el Estado te respalda. Pero las privatizaciones están regalando nuestras infraestructuras a empresas privadas.
Pagamos impuestos para tener hospitales, escuelas y residencias de mayores y de estudiantes. Es el esfuerzo de trabajadores y autónomos el que sostiene España. Sin embargo, con cada privatización, ese esfuerzo se convierte en un negocio redondo para unos pocos, mediante comisiones opacas que nadie controla.
Nos empujan hacia el modelo de Estados Unidos, un sistema despiadado donde una sola operación médica significa la ruina económica de una familia y donde estudiar una carrera universitaria supone endeudarse para los siguientes 20 años.
Para el trabajador y pequeño empresario: defender los servicios públicos no es ideología, es defender tu supervivencia económica.
Quien privatiza tu salud y tu educación, te está robando el futuro.
No permitas que destruyan nuestra sanidad y educación universal.
Votar a quienes desmantelan lo público es votar en contra de tu propio bolsillo, de tus hijos y de tu seguridad.
Se tributa para financiar el gasto público, lo que permite mantener servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras: hospitales, residencias de mayores y estudiantes, universidades publicas, pensiones.
Todos los impuestos pagados por los ciudadanos y que dieron pie a infraestructuras y servicios en sanidad , educación y bienestar publico desaparecen con las PRIVATIZACIONES Y UNAS COMISIONES QUE NADIE CONTROLA.
Nos están robando el Estado del Bienestar para implantar el modelo de EE. UU. Trabajador, autónomo: defender tus servicios públicos es defender a España.
Quien privatiza, te roba.
Las infraestructuras públicas —desde residencias hasta universidades— pertenecen a los ciudadanos que las han financiado con sus tributos. Privatizarlas no es mejorar la gestión; es regalar el patrimonio común para generar enormes beneficios privados a costa del bienestar general.
TRABAJADORES Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS EL VOTO A LA DERECHA HUNDE A ESPAÑA
Las infraestructuras públicas —desde residencias hasta universidades— pertenecen a los ciudadanos que las han financiado con sus tributos. Privatizarlas no es mejorar la gestión; es regalar el patrimonio común para generar enormes beneficios privados a costa del bienestar general.
“En el marco de la privatización sanitaria, contratar una sociedad médica privada es relativamente económico, pero afrontar una intervención quirúrgica una vez dentro, supone la ruina financiera para cualquier trabajador.”
Una cama, mil euros: el negocio de las residencias de estudiantes se dispara en la era de la especulación
Los números coinciden con los que maneja el portal Inforesidencias. Su último informe de precios de 2025, elaborado a partir de 8.730 consultas y datos de 1.184 residencias que suman más de 164.000 plazas, sitúa el coste medio de una residencia privada en 2.118 euros mensuales, un 3,77% más que el año anterior. Josep de Martí, fundador del portal, explica que una plaza residencial privada costaba entre 1.185 y 1.260 euros mensuales a comienzos de siglo, frente a los algo más de 2.100 euros en 2025.
Desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) señalan a Público que el modelo que empuja a la ciudadanía hacia la oferta privada mediante la insuficiencia o el deterioro de determinados servicios públicos se está extendiendo a ámbitos como la educación, la sanidad o las escuelas infantiles. En algunos casos, añaden, la alternativa pública resulta directamente inexistente. La organización alerta también de los riesgos de dejar los cuidados en manos de la lógica del mercado. En su opinión, corresponde a los servicios públicos actuar como contrapeso frente a los elevados precios de la oferta privada, garantizar estándares de calidad y asegurar el acceso efectivo a los derechos de la ciudadanía.
El infierno de las residencias: los precios desbocados y la falta de plazas públicas provoca “clientes cautivos”
“Más gasto a cambio de una atención que no mejora”
Los altos precios y la falta de plazas públicas generan “clientes cautivos” con poco margen para reaccionar ante la subida de tarifas, según CECU
CECU pone el foco en la escasa capacidad de elección de muchas familias. Los altos precios, la falta de plazas públicas y la dificultad para acceder a un centro cercano al entorno habitual de la persona dependiente convierten, en la práctica, a residentes y familiares en “clientes cautivos”, con un margen muy reducido para reaccionar ante incrementos de tarifas. Aun así, recuerdan que los usuarios conservan su derecho a reclamar cuando consideren que se vulneran sus intereses. La federación insiste en que la responsabilidad última recae sobre las administraciones públicas. “Los Estados deben garantizar la existencia de residencias accesibles y de calidad para todas las personas que las necesiten”. De lo contrario, “el resultado será un aumento del sobreendeudamiento de las familias o la obligación de aceptar centros que no ofrecen condiciones adecuadas de atención y cuidados”.
“No se puede normalizar que el cuidado de las personas mayores se convierta en una oportunidad de negocio que engorda beneficios privados a costa del esfuerzo económico de las familias. El objetivo debe ser recuperar la atención sociosanitaria como un derecho universal y subjetivo, no como un privilegio”, dice tajante Fernando Flores, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare). Advierte de una contradicción: mientras el discurso institucional apela a la universalidad del sistema de dependencia, en la práctica —sostiene en conversación con Público— “se están creando las condiciones para maximizar la rentabilidad del sector privado”.
- Miles de residentes y familiares se ven obligados a acudir a centros privados, donde el precio medio de una plaza ya supera los 2.100 euros mensuales en el conjunto de España.
- Las asociaciones de residentes y familiares denuncian que los “ajustes” de las tarifas se traducen en “más gasto a cambio de una atención que no mejora”
Redactora de Sanidad, Educación y Servicios Sociales Ver biografía
Madrid–Actualizado a
Mientras cerca de 50.000 personas dependientes continúan a la espera de una plaza residencial pública en España —según los últimos datos facilitados a Público por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales—, muchas familias se ven obligadas a recurrir al mercado privado, que suma alrededor de 270.000 plazas. Parte de estas personas permanece en sus domicilios a la espera de una resolución; otras reciben prestaciones o ayudas complementarias, pero la mayoría acaba asumiendo el coste de una residencia privada mientras aguarda una respuesta de la administración.
El quid de la cuestión surge cuando estas últimas familias no solo se ven abocadas a pagar una plaza en una residencia privada, sino que cada año la pagan más cara. Actualmente, una plaza asistida compartida cuesta ya una media de 2.172 euros mensuales, IVA incluido. Casi uno de cada cinco centros ha incrementado sus tarifas desde finales de 2024, con subidas medias del 8,1%, lo que supone unos 151 euros más al mes. Esta cifra se recoge en un informe al que ha tenido acceso Público, publicado en mayo de este año por miResi, una plataforma especializada en la búsqueda, comparación y asesoramiento sobre residencias para personas mayores.
El estudio toma como referencia una muestra de 1.200 centros colaboradores distribuidos en 47 provincias españolas. Las diferencias entre territorios son abismales. Gipuzkoa (4.210 euros), Bizkaia (3.160), Navarra (2.970) y Álava (2.946) encabezan el ranking de provincias más caras. En el extremo contrario, aparecen Ávila (1.434 euros), Lugo (1.528), Cáceres (1.551), Palencia (1.589) y Toledo (1.606).
“En la mayoría de los casos no se trata de un servicio asequible”, señala, al recordar que el precio de una plaza residencial llega a duplicar la pensión media en el Estado, lo que abre una brecha que deja a muchas familias ante una disyuntiva difícil: complementar con apoyo familiar o recurrir a la venta de patrimonio. En este sentido, propone limitar el coste que asumen los residentes al 85% de su pensión y que las administraciones cubran el resto, además de impulsar una red amplia de residencias públicas que actúe como contrapeso en los precios.
En la misma línea, Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, critica lo que la Administración presenta como “ajustes” o “actualizaciones de tarifas”, que en la práctica —afirma a este diario— se traducen en “más gasto para las familias a cambio de una atención que no mejora”. Denuncia también carencias estructurales en los centros: “Desde la falta de personal hasta menús insuficientes o instalaciones sin climatización adecuada frente a episodios de calor extremo”.
Por su parte, María Jesús Valero, de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, alerta de que cualquier incremento de cuotas “resulta inasumible para quienes dependen de pensiones bajas”, especialmente tras varios años de subidas acumuladas. Solo aceptarían, puntualiza, aumentos si estos se tradujeran en mejoras tangibles: más personal de atención directa, mejores condiciones laborales, infraestructuras adecuadas y una alimentación de mayor calidad.
La otra factura del futuro Acuerdo Marco en Madrid
Público ha tenido acceso a la factura de una de las residencias privadas del grupo Los Nogales, en la Comunidad de Madrid, que permite comparar la evolución de las tarifas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 para estancias de 30 días o más. En la principal partida “por estancia, cuidados y atenciones”, se detalla un incremento de 113,80 euros mensuales, un 4% más en la cuota respecto al año anterior. Según consta en las tarifas del grupo, el precio de la plaza incluye manutención completa, servicio de lavandería y planchado, así como asistencia médica. Las ayudas destinadas a las Actividades de la Vida Diaria (AVD) —en casos de incapacidad física o cognitiva— se facturan aparte según el modelo de tarificación que sigue el grupo, con un límite de 37,27 euros al día, IVA incluido.
Desde el grupo Los Nogales justifican las actualizaciones de precios por el “incremento sostenido de los costes que afronta el sector residencial en los últimos años”. Fuentes de la compañía aclaran a Público que, desde 2021, “los costes estructurales han aumentado más de un 18%”, una evolución a la que se suman el encarecimiento de la energía y el incremento de los gastos de personal. La empresa sostiene que, pese a este contexto, no ha trasladado automáticamente esos aumentos a las familias. “Las actualizaciones se han aplicado de forma contenida y escalonada“, señalan. De acuerdo con el grupo, estas medidas “han buscado garantizar la calidad asistencial y la continuidad del servicio, preservando los estándares de atención”.
El grupo privado Los Nogales atribuye la subida de precios a costes estructurales, encarecimiento de energía e incremento de gastos de personal
Asimismo, las mismas fuentes defienden que todas las decisiones económicas, organizativas y asistenciales se adoptan “bajo criterios de responsabilidad, proporcionalidad y sostenibilidad”. Respecto a la transparencia de las tarifas, la empresa recuerda que la normativa obliga a comunicar cualquier modificación con antelación. En este sentido, aseguran que los precios y sus actualizaciones se notifican al menos una vez al año a la Comunidad de Madrid y permanecen expuestos públicamente en cada centro semanas antes de su entrada en vigor. Además, prosiguen, “cada cambio tarifario se comunica por escrito de forma individual a las personas residentes y a sus familiares o representantes legales”.
El caso madrileño es especialmente llamativo. Carmen López, portavoz de la Marea de Residencias, señala a este medio que el incremento de tarifas coincide con la entrada en vigor del nuevo Acuerdo Marco el 1 de julio. En su opinión, la Comunidad de Madrid “encarece las cuotas al mismo tiempo que presiona a cientos de personas vulnerables con traslados forzosos o con la amenaza de quedar fuera del sistema“, ofreciendo como alternativa la Prestación Vinculada al Servicio (PVS), que —advierte— resulta “claramente insuficiente” para cubrir el coste de una plaza en el sector privado.
López subraya que, en el caso de las personas beneficiarias de la PVS, la subida de precios reduce de facto la cobertura pública, lo que obliga a las familias a asumir una mayor carga económica para mantener la plaza. “Es decir, cuanto más sube el precio de la residencia, mayor es la parte que debe aportar el usuario o su entorno”, dice. Además, la representante de la asociación critica que el nuevo Acuerdo Marco suponga un “incremento de la aportación pública por plaza hacia las grandes empresas gestoras”, sin que ello “se traduzca en mejoras visibles en el sistema”: ni en el aumento de plantillas ni en las condiciones laborales, ni en la calidad de la alimentación o el mantenimiento de los centros. En la práctica, sostiene López, ese aumento de la financiación pública termina reforzando los márgenes del negocio privado sin revertir la atención directa.
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