UN NUEVO DESPROPÓSITO DEL JUEZ PEINADOEsta dañando claramente el núcleo mismo de la justicia.
De OPINIÓN Y ARGUMENTO en 24 de febrero de 2026
La reciente actuación del juez Juan Carlos Peinado vuelve a situarlo en el centro del debate jurídico y político. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado otros cuatro autos dictados en la investigación que afecta a Begoña Gómez, al considerar que carecían de la motivación necesaria. Según el tribunal, las resoluciones no incluían una argumentación suficiente, lo que vulnera derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.
No se trata de un hecho aislado. Es ya la cuarta vez que la Audiencia madrileña corrige decisiones adoptadas en esta causa por inconsistencia o falta de fundamento jurídico. Los autos anulados no explicaban de manera clara y razonada por qué se tomaban determinadas decisiones procesales. En el ámbito judicial, la motivación no es un simple formalismo: es una garantía básica del Estado de Derecho. Permite a las partes comprender las razones del juez y, en su caso, recurrirlas con conocimiento de causa.
Uno de los aspectos más llamativos es que uno de los autos anulados reproducía el contenido de un artículo doctrinal de Derecho Penal sin citar siquiera a su autor. Este detalle ha generado especial sorpresa en el mundo jurídico, donde la rigurosidad técnica y el respeto a las fuentes son pilares esenciales. La utilización de argumentos doctrinales no es en sí misma cuestionable; al contrario, puede enriquecer una resolución. El problema surge cuando se incorporan sin elaboración propia y sin referencia adecuada, lo que debilita la solidez de la decisión judicial.
Una resolución sin motivación suficiente no solo es jurídicamente deficiente, sino que erosiona la confianza en el sistema judicial. La obligación de motivar las decisiones no es opcional: está vinculada directamente al derecho de los ciudadanos a un proceso con todas las garantías.
Este “suma y sigue” de correcciones por parte del tribunal superior plantea interrogantes sobre la gestión de la instrucción. Cuando las anulaciones se repiten, el problema deja de parecer puntual y adquiere un carácter estructural. La reiteración de autos revocados por falta de argumentos sólidos proyecta una imagen de fragilidad jurídica que resta toda la credibilidad del procedimiento.
En este contexto, ya va siendo hora de que el Consejo General del Poder Judicial inicie la apertura de un expediente disciplinario. El órgano de gobierno de los jueces tiene entre sus funciones velar por el correcto desempeño de la función jurisdiccional. Si se aprecia una reiterada falta de diligencia o de fundamentación adecuada en resoluciones judiciales, parece lógico entender que existe materia para examinar responsabilidades.
La independencia judicial es un pilar básico de la democracia, pero también lo es la responsabilidad. Los jueces deben actuar con plena autonomía, sí, pero también con el máximo rigor técnico y respeto escrupuloso a las garantías procesales. Cuando las resoluciones se anulan una y otra vez por falta de motivación, el sistema tiene el deber de analizar qué está fallando. Y en el Juez Peinado están fallando muchas cosas. Su actuación con interés político es evidente. No hay más objetivo que dañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
los mecanismos de control han funcionado, las instancias superiores revisan y, si procede, corrigen. Pero también evidencia que cuando las resoluciones judiciales carecen de todo rigor a la justicia le cuesta mucho denunciar a uno de los suyos y este proceso está dañando claramente el núcleo mismo de la justicia.
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