Las familias de los 7.291 mayores que murieron en residencias de Madrid durante la pandemia han dejado de contar las veces que se aplazan en los juzgados las declaraciones de ex altos cargos de Ayuso. Este jueves se sumó un nuevo episodio a la cadena de cancelaciones.

La comparecencia de la doctora María Teresa Vidán, prevista este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey, no llegó a celebrarse. Vidán fue señalada por el exdirector general de Coordinación sanitaria y firmante de las directrices, Carlos Mur, como la autora del texto de no derivación hospitalaria. Según explicó Alejandra Jacinto, abogada de las familias, el motivo fue un error en la citación: «El juzgado, por un error en su apellido, no ha logrado notificarla correctamente y, por tanto, no ha comparecido». «Queremos pensar que se trata de un error, pero son errores muy coincidentes«, confiesa Clemente, el querellante, a Público.

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Tal y como señala Clemente, no se trata de un hecho aislado. Sin ir más lejos, este mismo miércoles también quedaron en suspenso varias declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba. El querellante José Manuel Parceiro y Jacinto informaron que el motivo radicó en fallos de notificación derivados de cambios en el personal del juzgado. «Las comparecencias ya habían sido anuladas mediante una resolución dictada en marzo, pero esa decisión no se comunicó a las partes», verbalizaron.

«A ello se suma un informe reciente de la Fiscalía sobre el caso concreto del padre de Parceiro, que debe trasladarse a las acusaciones para que formulen alegaciones. Será después cuando el juzgado decida si continúa la investigación por un delito de discriminación en la asistencia sanitaria o si, por el contrario, se encuadra en una posible omisión del deber de socorro, como se planteó en un inicio», terminaron.

El reguero de incidencias procesales se acumula. El pasado 10 de febrero, Pablo Busca y Francisco Javier Martínez Peromingo, el entonces responsable del SUMMA 112 y el autor intelectual de las directrices respectivamente, no comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid porque no se les citó correctamente.

Dos días más tarde, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getafe, Busca se acogió a su derecho de no declarar alegando una cuestión de competencia pendiente de resolver. Según trasladó su defensa, el objetivo era esperar a que se determine qué juzgado asumirá definitivamente la causa. En este mismo tribunal, Mur también estaba citado, pero su comparecencia fue aplazada hasta el próximo 15 de abril. Lo mismo ocurrió con María José Burgos, quien era directora de la residencia Los Ángeles en la pandemia y estaba citada como investigada. Su declaración se pospuso hasta el 20 de abril.

Tampoco es la primera vez que ocurre en otros tribunales. El 9 de diciembre del año pasado, Mur no se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, según su defensa, porque «no había podido ser localizado». El 17 de junio de ese mismo año, las declaraciones previstas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés se suspendieron después de que este solicitara inhibirse en favor del Juzgado número 3 de Madrid. Apenas unas semanas antes, el 26 de mayo, ese mismo órgano judicial ya había aplazado otras comparecencias a petición de las defensas, que alegaron no haber tenido acceso previo a las actuaciones.

«Seis años de impunidad»: el clamor de las familias

«La sensación, una vez más, es de enfado, de mucha rabia y de una profunda injusticia«, resume Jacinto en declaraciones a este diario. La abogada denuncia que la «lentitud» de los procedimientos, unida a las «continuas dilaciones y errores», no hace sino agravar el malestar de las familias: «Todo esto está intensificando la percepción de impunidad y de que no se está haciendo justicia». En este contexto, la acusación mira ahora a la próxima fecha clave en el calendario judicial. «Confiamos en la decisión del 16 de abril de la Audiencia Provincial de Madrid, a ver si de una vez se logra unificar la causa en un único procedimiento».

María Jesús Valero, asociación 7.291: Verdad y Justicia: «Mientras no haya responsabilidades, todo esto puede seguir pasando»

María Jesús Valero, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, denuncia la situación en conversación con Público: «Seis años de impunidad permiten que sigan ocurriendo cosas como esta en los juzgados. Es gravísimo el trato que estamos recibiendo las familias denunciantes«. Valero considera que esta sucesión de suspensiones y errores supone «un agravio absoluto» no solo para las 7.291 víctimas, sino también para sus allegados, tanto los que han llevado el caso a los tribunales, como quienes no han podido hacerlo.

«Primero fueron abandonados y discriminados, y ahora se nos trata con una desconsideración inaceptable: acudimos a declarar y, sin más, se suspende o se cancela», lamenta. Bajo su mirada, la falta de consecuencias alimenta el riesgo de que situaciones similares vuelvan a repetirse: «Mientras no haya responsabilidades, todo esto puede seguir pasando sin que ocurra nada a quienes lo permitieron».

Carmen López, Marea de Residencias: «Las residencias continúan abandonadas porque nadie ha asumido responsabilidades por lo que pasó»

Por su parte, Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, manifiesta su desconcierto: «Se están produciendo errores difíciles de comprender, impropios de procedimientos de este calibre, y además se repiten uno tras otro. No entendemos cómo es posible que haya tantos fallos en estas causas, que lo único que provocan es seguir retrasando las declaraciones». La portavoz advierte de que la paciencia de las familias empieza a agotarse: «Puede parecer infinita, pero tiene un límite«

Con todo, rechaza que el desgaste vaya a frenar su lucha: «Si alguien espera que nos cansemos o que desistamos, ya hemos demostrado que no va a ser así. Vamos a seguir firmes hasta que haya una investigación a fondo, un juicio y se depuren responsabilidades». López insiste en que lo ocurrido en 2020 no puede quedar impune: «Aquella catástrofe sigue teniendo consecuencias hoy. Las residencias continúan en una situación de abandono porque nadie ha asumido responsabilidades por lo que pasó», zanja.