En marzo de 1987 Felipe González, entonces presidente del Gobierno, convocó en la Moncloa  a los principales responsables de los medios informativos de difusión nacional, para charlar sobre los problemas de la prensa en España. Esta serie de encuentros marcó el camino que debían seguir los principales editores del país para conseguir uno de los regalos más preciados de la Administración: una de las tres licencias de televisión privada que el Gobierno iba a repartir entre sus mejores postores.

Desde nuestro punto de vista, además de reseñar la irrupción de las televisiones privadas como fenómeno puramente mediático, hay que considerar que se inaugura un periodo que marca un importante cambio en el comportamiento de los medios de comunicación en España. Cuando se habla de censura, de disminución de libertades, de recortes en la libertad de expresión o de control de los medios, hay que examinar los mecanismos mediante los cuales los gobiernos pueden condicionar el comportamiento de los medios.

El reparto de licencias de televisión ha sido, en este sentido, uno de los mecanismos de control más eficaces. A finales de los años ochenta, una época divertida desde el punto de vista social, cuando Almodóvar empezó a rodar sus primeras películas y la movida madrileña centraba la atención de los jóvenes europeos, el periodismo se había convertido también en una actividad muy dinámica. La transición política dio paso a los primeros excesos de la democracia. Excesos económicos y tramas de corrupción que la prensa fue denunciando hasta que el Gobierno y los editores echaron el cerrojo.

El reparto de las televisiones privadas contribuyó a llevar a cabo esta operación de control de los medios. Fue un periodo en el que las empresas periodísticas debían afrontar el reto de crecer y convertirse en emporios multimedia o desaparecer. Por ello, la ronda de consultas que inició Felipe González con los principales editores del país para configurar el reparto de licencias para las televisiones privadas fue como un examen de reválida que se acabó convirtiendo en un filtro por el que el Gobierno iba a dejar pasar sólo a aquellos que se portaran bien.

En primer lugar acudieron a esas reuniones  Javier Godó, presidente de Antena 3 Televisión, y su abogado y hombre de confianza, Rafael Jiménez de Parga. Godó presidía la agencia Lid y el diario La Vanguardia, de Barcelona. Jiménez de Parga era catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Central de Barcelona y vicepresidente de Antena 3 Televisión.

La Vanguardia era un diario incómodo para los socialistas. Un periódico de derechas, con arraigo en la burguesía catalana, que condicionaba cualquier operación progresista que se pudiera poner en marcha en Cataluña.

Godó también era el presidente de Antena 3 Radio, la emisora de FM que se constituyó en 1980 con la idea final de fundar una televisión, cuyas pretensiones se vieron estancadas ante la indecisión de los distintos gobiernos de UCD a la hora de aprobar una ley de televisiones privadas.

El deseo de Godó de tener una televisión era tan grande que Antena 3 Radio había acudido a los tribunales hasta llegar al Tribunal Constitucional, que emitió una sentencia el 31 de marzo de 1982 que establecía la posibilidad de crear televisiones privadas en España en base al artículo 20 de la Constitución, relativo a la libertad de información, y al 38, que consagra la libertad de crear empresas.

Con esa sentencia en la mano, Godó y Jiménez de Parga creyeron en su momento, con UCD aún en el Gobierno y Leopoldo Calvo Sotelo como presidente, que se podría abordar el proyecto de la televisión privada. Sin embargo, recibieron un no por respuesta.

Poco antes del triunfo socialista, Godó y Jiménez de Parga lo intentaron una vez más, y convencieron al entonces ministro de Justicia, Pío Cabanillas, para que llevara al consejo de ministros una propuesta de decreto ley que permitiera la creación de televisiones privadas en España. Cabanillas elaboró el borrador, logró que el consejo de Estado lo informase favorablemente y lo presentó al consejo de ministros del 4 de agosto de 1982. Tres ministros –José Pedro Pérez Llorca, Francisco Fernández Ordóñez y José Antonio García Díez— vetaron el decreto ley porque estimaban que antes debía pasar por el consejo político de UCD, un partido que por aquellas fechas ya estaba en pleno proceso de descomposición.

Por tanto, hasta la llegada de los socialistas al poder, la idea de abrir el espectro televisivo a la empresa privada no cobró visos de realidad. Aún así, pasaron siete años hasta que en marzo de 1987 Godó y Jiménez de Parga pudieron volver a la carga en el palacio de la Moncloa, esta vez ante Felipe González, para sellar un acuerdo que permitió a los socialistas meter en  el redil al incómodo periódico catalán, y al editor conseguir la ansiada televisión privada por la que había luchado tanto tiempo.

Godó estaba dispuesto a navegar por las aguas de la neutralidad política sin hacer daño en la línea de flotación del Psoe, eliminando las campañas redundantes de información en contra del partido en el Gobierno y aceptando la sustitución del director del rotativo, Francesc Noy, por Juan Tapia, entonces redactor jefe de Economía del periódico, conocido por su cercanía al Psoe.

Este encuentro señaló el camino que debían seguir los demás. Quien se moviera en la foto no iba a salir ni en pintura, tal y como anunció Alfonso Guerra, verdadero guardián de todo el proceso. El siguiente en acercarse a la Moncloa lo sabía. Antonio Asensio, propietario del Grupo Z, que a los diez millones de votos del Partido Socialista enfrentó sus diez millones de lectores, estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de conseguir una de las licencias.

Asensio se acercó al Gobierno por la vía de Miguel Durán, presidente de la Once, y José Luis Martín Palacín, que entonces ocupaba la Secretaría General de Comunicaciones. Asensio y Durán habían hecho migas durante la operación de compra-venta del edificio del Grupo Z, que le vendió la Once, en el número 12 de la calle O´Donnell de Madrid. A su vez, Palacín y Durán acababan de resolver el problema de la lotería de Prodiecu.

Palacín transmitió a Durán los deseos del Gobierno de que el Grupo Z moderase su tono editorial. Y Durán  hizo lo propio con Asensio, que a su vez informó a los directores de todas sus publicaciones de la necesidad de eliminar las críticas hacia el Psoe. Hasta tal punto obedecieron las consignas de su presidente, que el Grupo Zeta tuvo en sus manos las primeras informaciones sobre el caso Juan Guerra. El escándalo que acabó con la dimisión de su hermano, el vicepresidente socialista Alfonso Guerra, y no las publicó, a la espera de conseguir uno de los canales de televisión privada que estaban a punto de concederse.

Entre las incorporaciones que se produjeron entonces al staff del Grupo Z se encontraba Carlos Luis Alvarez, Cándido, cuya amistad con Felipe González le garantizaba el acceso a la famosa bodeguilla en la que un grupo de periodistas leales se hizo célebre por compartir periódicamente café, copa y puro con el Presidente frente a una mesa de billar.

El otro editor en liza era Jesús Polanco, presidente del Grupo Prisa, a quien se le pidió que El País moderase sus críticas sobre la política antiterrorista, que tenía al ministro José Barrionuevo como blanco constante de sus críticas.

En la primavera de 1987 el Gobierno socialista tenía lista su terna ideal para el reparto de las televisiones privadas. Antena 3 representaba a la derecha, mientras el Grupo Z y Prisa parecían dispuestos a ser leales compañeros de viaje del Partido Socialista. Era el momento de poner en marcha el proyecto de ley que diera cobertura legal a la operación.

El 3 de abril, el portavoz del Gobierno, Javier Solana, compareció ante los periodistas para presentar el nuevo Proyecto de Ley de Televisión Privada, que no dejó indiferente a la concurrencia. El nuevo proyecto dejaba en tres el número de canales de televisión autorizados. También limitaba en el tiempo, a diez años renovables, el periodo de la concesión administrativa. El proyecto añadía algunas obligaciones que no gustaron a algunos. Entre ellas, la de comprar en España el 40 por ciento de su producción, emitir un mínimo de cuatro horas diarias, comprar el 50 por ciento de las películas en la Comunidad Económica Europea y limitar la publicidad al 10 por ciento del tiempo de emisión.

Según el proyecto de Ley, ninguna persona física o jurídica podría ser titular de más del 25 por ciento de una sociedad que hubiera obtenido una de las concesiones. Este porcentaje quedaba reducido al 15 por ciento si el titular contaba al mismo tiempo con una participación de otro 15 por ciento en el capital de un periódico o revista de ámbito nacional. Entre los profesionales de los medios de comunicación se extendió la idea de que se trataba de una Ley anti Polanco, propietario de El país, el periódico más vendido e influyente, que amenazaba con invadir también el negocio de la televisión convirtiendo el mercado de la comunicación en un pseudo monopolio.

La respuesta de Polanco no se hizo esperar. El 17 de junio de 1987 se dirigía a la asamblea anual de accionistas de El país como presidente del consejo de administración de su empresa editora, Prisa. Polanco anunció que no acudiría al concurso público convocado para la concesión de las televisiones privadas. Para el Gobierno socialista representaba un serio revés que el principal editor español y uno de los más interesados en el negocio de la televisión diera la espalda al proyecto. Polanco era, además, uno de sus aliados mediáticos naturales de los socialistas. Si ni siquiera Polanco estaba dispuesto a apoyar un proyecto así, ¿con qué garantías nacía de cara a los ciudadanos?

Un editorial de El país describía en estos términos el proyecto de Ley:

“La primera y somera lectura del proyecto de ley sobre Televisión Privada –decía El país— que el Gobierno ha aprobado enviar a las Cortes, indica lo que ya se sabía: la reticencia de los socialistas a potenciar la sociedad civil, su deseo de multiplicar los controles que sobre ella ejercen desde el Estado y su poca sensibilidad para contemplar el ejercicio de la libertad de expresión como un derecho de los ciudadanos y no como un regalo de los gobernantes”^[1].

Los socialistas interpretan la retirada de Polanco como algo grave porque representa la marca democrática por excelencia. La ausencia del grupo Prisa en el concurso podía ser interpretada como un serio retroceso en la conquista de las libertades y la modernización de España. Pero el editorial de El país era claro en este aspecto:

“La Constitución Española consagra expresamente el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». El monopolio estatal mantenido durante 30 años sobre el más característico e influyente de los medios de difusión contemporáneos es contradictorio con ese principio constitucional, derivación del artículo primero de nuestra ley de leyes, que propugna «como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». En toda sociedad democrática, ese pluralismo es inseparable de la existencia de medios de comunicación independientes del poder político. Por lo mismo, la contemplación, nuevamente en el proyecto que comentamos, de la televisión como un servicio público y no como un derecho de los ciudadanos sitúa el pensamiento político de nuestros gobernantes en sus debidos términos”.

El otro problema que subraya Polanco a través de El país es la limitación del 25 por ciento en el capital de las sociedades concesionarias:

“(…) En efecto, cuando en todo el mundo desarrollado hay una tendencia inevitable hacia los sistemas multimedia como método de garantizar la pujanza y la fortaleza de unos medios de comunicación independientes, capaces de contrapesar el enorme poder de los Estados y sus diversificados tentáculos, el proyecto de ley procura evitar eso a toda costa. De manera que las empresas periodísticas ven, de hecho, recortada su posibilidad de participación en los canales televisivos a un 15%. Entiéndase: es el poder de las empresas periodísticas, y de los periodistas que trabajan en ellas, y de la opinión que representan, el que es preciso frenar, según el Gobierno. No hay limitación semejante para cualquier otro tipo de compañías. Uno puede tener un banco, una fábrica de ordenadores o de armas, una agencia de seguros, una compañía de aviación y participar en un 25% del capital de una cadena de televisión. Pero si tiene un semanario de información general no podrá hacerlo, no vaya a concentrar demasiado poder. Curiosa manera de ver las cosas, que resulta más curiosa aún cuando el proyecto no prevé limitación semejante a las empresas multimedia en el extranjero. 0 sea, que alguien puede tener una televisión en1talia, otra en Francia,. y ser mejor aceptado por el Gobierno socialista en España que el propietario de un diario local de una pequeña provincia. Así, la industria de la comunicación española se verá debilitada ante la competencia exterior y perderá presencia en su área idiomática”.

Evidentemente, Polanco ponía por delante sus intereses en América Latina y sus perspectivas de expansión ante el proyecto de Ley elaborado por el Gobierno socialista. Pero a éste le surgió un nuevo problema. Iba a convocar un concurso público para repartir tres licencias de televisión que ya había negociado con sus respectivos candidatos, y al final, sólo iban a presentarse dos de los elegidos.

Los tres candidatos en ese momento eran Antena 3, de la mano del Conde de Godó, presidente de La Vanguardia; Univisión, auspiciado por Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta; y Sogetel, sustentado por Prisa, que se descolgaba y ponía al Gobierno socialista en un verdadero aprieto.

Pero la reacción del Partido Socialista fue inmediata. Enseguida, a comienzos de 1988, puso en marcha una operación que pasó desapercibida para la opinión pública española. Pero que fue el origen de posteriores conflictos en el área de los medios de comunicación. Si Polanco había decidido abandonar definitivamente su proyecto, era necesario montar una alternativa empresarial sólida, que garantizase la creación de un canal de televisión afín a los intereses del Gobierno. De esta forma, el ex director general de RTVE, José María Calviño, recibió el encargo de organizar un grupo empresarial que pudiera optar con garantías a uno de los canales de televisión privada previstos por el proyecto socialista.

Calviño venía de probar fortuna con Canal 10, el rocambolesco proyecto de televisión privada que trató de montar sus emisiones para España desde Londres. Aquello le proporcionó una experiencia que le permitió moverse con soltura entre el complicado mundo empresarial español e internacional.

Para compensar la ausencia de Polanco, a Calviño no se le ocurrió otra cosa que recurrir a su competidor más estrecho en el mundo editorial. El ex director de RTVE llamó Germán Sánchez Ruipérez, entonces presidente de Anaya, que era el principal competidor de Santillana, del Grupo Polanco, en el mercado de libros texto. Sánchez Ruipérez también había probado fortuna con El Sol, un periódico que pone en manos de José Antonio Martínez Soler, antiguo empleado de Polanco, con el fin de convertirlo en una cabecera capaz de competir con El país. Calviño ofrece a Sánchez Ruipérez el control de los informativos de la nueva cadena de televisión.

El segundo paso para consolidar el nuevo canal lleva a Calviño a visitar las oficinas de la Once, en compañía de Pedro de Vega, otro miembro del Psoe ligado al sector guerrista, para visitar al secretario general de la Organización de Ciegos Españoles.

Faltaba un tercer socio de referencia, que iba a venir de la mano del secretario general del Partido Socialista Italiano, Bettino Craxi. El compañero de Felipe González en la Internacional Socialista hacía buenas migas entonces con Silvio Berlusconi, que pondría a disposición del nuevo canal su know how como un genio de la televisión privada en Italia.

Sánchez Ruipérez quedó encargado de viajar a Italia para cerrar el acuerdo con Berlusconi. El italiano sería el socio industrial encargado de poner en marcha programas y de gestionar la publicidad. Ruipérez se encargaría de los informativos, mientras Durán actuaría como socio financiero en nombre de la Once. Este fue el diseño que acordaron Ruipérez y Berlusconi, pero faltaba que Durán dijera su última palabra. Para ello, aprovechó que el Milán de Berlusconi jugaba en el Santiago Bernabéu contra el Madrid un apasionante encuentro de Copa de Europa. Berlusconi y Durán compartieron palco con el entonces presidente del Madrid, Ramón Mendoza. Después volvieron a coincidir en Milán. El Madrid perdió por cinco goles a cero, pero Durán se llevó a la capital de España una agradable sensación de triunfo, cuando expuso ante el consejo de administración de la Once que su organización iba a acaparar varios puestos directivos en la nueva cadena de televisión y que Berlusconi le cedería el 33 por ciento de los ingresos de publicidad logrados a través de Publiespaña, encargada de gestionar dichos ingresos.

El nuevo canal se llamaría Tele 5, una de las marcas propiedad de Berlusconi. De modo que ante la ausencia de Polanco, el guerrismo puso en marcha una alternativa rápida, eficaz y solvente. Sin embargo, cuando el Gobierno estaba a punto de conceder las licencias de televisión, nadie sabía nada del plan diseñado por Calviño. La operación se llevó a cabo en el más estricto de los secretos.

El 17 de mayo de 1989 era el último día de plazo para que las empresas interesadas presentaran sus propuestas al Gobierno. A los aspirantes se les exigía tener un capital mínimo de mil millones de pesetas disponibles en el momento de su presentación al concurso. También debían entregar avales por valor de 10.000 millones de pesetas, para hacer frente a las inversiones que cada empresa debía afrontar en caso de ser agraciada con una concesión.

Los tres grupos que optaban ahora a una licencia de televisión hacía dos meses que habían presentado sus planes técnicos y sus documentos financieros. Antena 3 acudía al concurso asociada a un grupo de 35 periódicos regionales. Tenía como socios capitalistas a la Caja de Ahorros de Zaragoza, a la banca Rotschild y a otra media docena de empresas españolas.

Tele 5 tenía como socios principales a Anaya, la Once y Finiovest, la empresa de Berlusconi. Todas con un 25 por ciento del capital. Dos constructores, Angel Medrano y Juan Fernández Montreal, ambos tapados de la Once, controlaban el resto de las acciones.

Univisión Canal 1, la sociedad Antonio Asensio y el Grupo Zeta, estaba integrada por el magnate de la prensa británica, Rupert Murdoch, el presidente de Ha Capital, Jacques Hachuel, el Banco Central y Banesto.

Estas eran las empresas que tenían todas las de ganar porque había llegado a acuerdos concretos con el Gobierno para suavizar sus líneas editoriales. Pero también se presentaron otras empresas. Televisión Canal 5 estaba promovido por 25 profesionales catalanes. El Grupo 16 de Juan Tomás de Salas, se sumó también a última hora a la convocatoria gubernamental, y los dos se quedaron con la miel en los labios.

La decisión del Gobierno, sin embargo, se complicó a última hora porque Jesús Polanco, presidente del Grupo Prisa, después de autoexcluirse en la carrera por uno de los canales de televisión privada, el 13 de abril, tan sólo un mes antes de que se cerrase el plazo para presentar propuestas, decidió entregar la suya al Gobierno.

Después de oponerse radicalmente al proyecto de ley del Gobierno socialista y anunciar su retirada del concurso, presentó su candidatura con una nueva empresa denominada Canal Plus España. Sus socios eran Canal Plus Francia, comandada por André Rousselet, ex jefe de Gabinete del entonces Presidente de la República Francesa, François Mitterrand; el Banco Bilbao Vizcaya y Bankinter, donde Juan Luis Cebrián, primer director de El país y consejero de Prisa, ejercerá después como consejero.

La reaparición de Polanco en la carrera por uno de los canales privados de televisión puso en un serio aprieto al Gobierno, porque ahora tenía tres canales para cuatro candidatos de peso, con los que había negociado para adecuar la convocatoria a las demandas de cada uno de ellos.

«No hay cojones»

El Gobierno socialista mareó la perdiz a lo largo de dos consejos de ministros para resolver la incógnita del reparto. El informe para su discusión  lo presentó el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Barrionuevo, el 28 de julio de 1989. En él examinaba la viabilidad de cinco de los seis proyectos que se presentaron al concurso. El Grupo 16 quedó excluido al no pasar el trámite de apertura de plicas.

El informe lo había elaborado el director general de Comunicaciones, José Luis Martín Palacín. Su contenido se guardó con gran secreto hasta un par de días antes de llegar al consejo de ministros. Sólo existían cuatro copias, en poder de Felipe González, Alfonso Guerra, José Barrionuevo y el propio Palacín, respectivamente.

La pugna en el seno del Gobierno era ya patente ante los resultados de dicha evaluación, y en pleno debate, Miguel Gil, entonces subsecretario del Ministerio del Portavoz del Gobierno, decidió filtrarlo a la prensa el 26 de julio, a través del diario ABC. Gil era conocido por su proximidad a los planteamientos del Grupo Prisa. De hecho, tras su paso por la Moncloa, acabó trabajando en sus filas^[2].

El informe, en cambio, colocaba a Canal Plus en último lugar. Ni José Barrionuevo ni Alfonso Guerra veían con buenos ojos la propuesta de Polanco. Guerra no acudió aquel 28 de julio al consejo de ministros que debatió por primera vez el reparto de las televisiones privadas. Prefirió irse de vacaciones a Conil (Cádiz), donde su hermano Juan tenía establecido su centro de operaciones estival.

El informe decía que la mejor clasificada desde el punto de vista técnico  y en cuanto a programación era Tele 5. En segundo lugar figuraba el proyecto de Antena 3. Por último, empatadas en tercer y cuarto lugar, se encontraban Univisión Canal 1 y Canal Plus. El informe, sin embargo, precisaba en uno de sus párrafos que Canal Plus era la opción televisiva que menos se ajustaba al concurso convocado por el Gobierno y que por tratarse de un canal de pago, que no necesitaba de la red de Retevisión para el transporte de la señal, podía adjudicarse fuera de concurso.

Barrionuevo recomendaba por tanto que se adjudicasen los canales a las ofertas de Tele 5, Antena 3 y Univisión. Al mismo tiempo, aconsejaba que el consejo de ministros arbitrase una fórmula técnica distinta que permitiera a Canal Plus acceder a un canal de televisión privado. Algunos de sus compañeros detectaron en Barrionuevo un cierto deseo de venganza por los años en los que El país se dedicó a criticarle a su paso por el Ministerio del Interior.

Felipe González decidió dejar pasar un tiempo antes de tomar una decisión. Se llevó los papeles al Coto de Doñana. Estaba complicado dejar en la cuneta a cualquiera de los editores con los que había negociado. Pero ni Felipe ni la ministra Portavoz, Rosa Conde, ni el ministro de Educación, Javier Solana, los más implicados en el proceso de adjudicación, supieron contantar a todos los aspirantes.

Los editores mostraron su impaciencia. Antonio Asensio se puso en contacto con Rosa Conde para saber qué posibilidades tenía su proyecto. Miguel Durán habló con la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que ocupaba un sillón en el consejo de administración de la Once, antes de irse de vacaciones. Pero el más inquieto de todos era Jesús Polanco, que ya conocía el contenido del informe sobre el reparto de las televisiones, y temía que el Gobierno excluyera a Canal Plus durante la próxima reunión del consejo de ministros.

“No hay cojones”, exclamó Polanco entre sus allegados, “ de no darme a mí la televisión”. La frase se hizo célebre en el mundillo empresarial, hasta convertirse en símbolo de lo que representaba El país para el Gobierno socialista, y en signo del carácter de su propietario. Ese verano fue de gran actividad para el presidente de Prisa. Ante la dificil situación que había provocado su retirada inicial y posterior regreso a la carrera por una televisión, mantuvo diversas reuniones con Enrique Sarasola, íntimo amigo de Felipe González y autor del proyecto de viabilidad de Canal Plus, a través de su empresa Ibermer. También movilizó a sus socios franceses, que no tardaron en reaccionar.

De hecho, el 20 de agosto Felipe González tuvo que abandonar su retiro en Doñana para viajar a Madrid y entrevistarse con el entonces presidente de la República Francesa, François Mitterrand. La reunión tenía como objetivo abordar asuntos relacionados con la Comunidad Económica Europea, pero a nadie se le escapaba que Mitterrand debió interceder en favor de Canal Plus, una sociedad que en Francia tenía como máximo responsable a su antiguo colaborador e íntimo amigo, André Rousselet.

El director general de Comunicaciones, José Luis Martín Palacín, así lo interpretó en su momento. Tras la entrevista de González con Mitterrand sondeó el grado de información que tenía el Grupo Z sobre su concesión, y descubrió que el único apoyo de este grupo editorial en el Gobierno era Rosa Conde. Palacín indagó en el entorno del Presidente y llegó a la conclusión de que el sacrificado en el reparto de licencias de televisión iba a ser el Grupo Z en favor de Polanco. Palacín trasladó sus cavilaciones al entonces vicepresidente del grupo editorial, José Luis Erviti, a quien aconsejó que fueran buscando la manera de entrar en alguno de los grupos televisivos ya organizados.

La candidatura de Antena 3 estaba fuera de toda duda, después del debate del día 28 de julio en el consejo de ministros. Alfonso Guerra convocó a Javier Godó en la Moncloa el 23 de agosto para darle personalmente la noticia. Al día siguiente estaba convocado el consejo de ministros que debía tomar una decisión. Tele 5, el canal organizado por Calviño y auspiciado por Guerra tampoco tendría problemas. La patata caliente estaba en el tercer canal. Palacín había tratado de gestionar el ingreso de Asensio en Tele 5, pero fue Rosa Conde la encargada de comunicar al presidente del Grupo Z que el tercer canal iría a parar a manos de Polanco. El jueves 24 de agosto llamó a Miguel Durán para pedirle que cediera el 25 por ciento que tenía la Once en Tele 5 al Grupo Z. Pero Durán le responde que tan sólo se había planteado ceder un 5 por ciento si el resto de sus socios hacía lo mismo.

Rosa Conde fracasó en sus gestiones y Guerra encargó a Calviño una solución de compromiso. El ex director general de RTVE se reunió esa misma tarde con Miguel Durán, Germán Sánchez Ruipérez y un representante de Berlusconi en la sede la Once en Madrid para pedirles que cada uno de ellos cediera un 5 por ciento en favor de Asensio. Durán estaba dispuesto pero Germán Sánchez Ruipérez veía en Asensio un competidor directo que amenazaba sus intereses en el seno del grupo y veta la entrada del editor catalán en Gestevisión Tele 5.

Al día siguiente, 25 de agosto de 1989, el consejo de ministros se reunía en la Moncloa y asignaba los tres canales a Antena 3, Tele 5 y Canal Plus. Los ministros de Economía, Carlos Solchaga; Cultura, Jorge Semprún; Defensa, Narcís Serra, y Educación, Javier Solana, se inclinaron calramente a favor de Canal Plus. Tanto Solchaga como Semprún recalaron posteriormente en empresas del Grupo Prisa.

Antonio Asensio pagó su asociación con Rupert Murdoch, el magnate de la comunicación británico que pasaba por ser un admirador de la entonces primera ministra conservadora Margaret Thatcher. Sus socios nacionales tampoco eran del agrado de Moncloa. Los banqueros Mario Conde y Alfonso Escámez, presidentes de Banesto y del Banco Central, mantenían serias diferencias con los socialistas.

El Gobierno consideró que todas las propuestas que llegaron al consejo de ministros eran legales, aunque la de Polanco fuera de pago y en el seno del gabinete se manejara una auditoría que daba cuenta del traspaso del 25 por ciento de las acciones de Asensio en Univisión a Murdoch, meses antes de presentar su solicitud al Gobierno.

El reparto de las primeras licencias de televisión privada provocaron a partir de entonces continuos enfrentamientos políticos y financieros en medio de la llamada “cultura del pelotazo”, una época que se caracterizó por la aparición en el panorama económico español  de una serie de empresarios dispuestos a ganar dinero y ejercer el poder a través del control de los medios de comunicación, y en especial de las televisiones.

A partir de este primer reparto se consolidaron las dos Españas que se han venido enfrentando desde entonces, no sólo en el ámbito audiovisual, sino en el Parlamento y la sociedad en general, configurando alrededor del Psoe y del PP dos mundos opuestos  por los que han ido desfilando empresarios de uno y otro signo, sin que ninguno de los dos partidos haya perdido la oportunidad de favorecer a sus correligionarios cada que le ha tocado gobernar.