Las campañas de odio de la ultraderecha en España aparecen reflejadas en el último informe anual de Amnistía Internacional (AI). Esta organización acaba de dar a conocer un detallado documento sobre la situación en materia de derechos humanos en 2025 en el que figuran los casos de acoso xenófobo en Torre Pacheco o la persecución de la extrema derecha contra la escritora y periodista Cristina Fallarás.

Ambos casos forman parte del apartado sobre España en el marco del informe sobre la situación en materia de derechos humanos y libertades a nivel internacional que ha elaborado esta organización y que incluye datos sobre 144 países.

«En octubre, el partido político Vox lanzó una amplia campaña de acoso en redes sociales contra la periodista y escritora Cristina Fallarás, quien posteriormente denunció graves amenazas e insultos que la habían llevado a cancelar varias apariciones en público que tenía previstas y a presentar una denuncia ante la fiscalía contra la secretaria jurídica de ese partido por incitación al odio, acoso, injurias y calumnias y revelación de secretos», afirma AI en su informe.

El pasado 6 de marzo, Fallarás denunció que Vox utiliza su rostro en la web del partido de ultraderecha para incitar a actuar contra ella, por lo que solicitó a la Fiscalía que tome cartas en el asunto. Según ha podido verificar Público, la foto de la periodista y escritora continuaba este lunes disponible en la página oficial de Vox en internet.

Racismo en Torre Pacheco

El informe de AI recoge también los hechos registrados en julio de 2025 en Torre Pacheco (Murcia), donde activistas de ultraderecha organizaron ataques contra personas migrantes y difundieron mensajes xenófobos tras la agresión sufrida por un vecino de ese municipio.

La organización de derechos humanos señala que «grupos antiderechos organizaron «cacerías de inmigrantes» contra personas racializadas, especialmente las que percibían como norteafricanas» en Torre Pacheco.

El documento añade que los disturbios «fueron amplificados por contenidos racistas en Internet, donde se observó un aumento del 1.500% de los discursos de odio contra la comunidad norteafricana entre el 6 y el 22 de julio».

«El 14 de julio, un restaurante de kebab sufrió un ataque de unos 50 hombres cubiertos con cascos que empuñaban bates y palos, a pesar de que había presencia policial en las proximidades. El propietario tuvo que escapar por la puerta trasera», agrega.

Represión policial

En el capítulo sobre España, AI indica también que «el Parlamento no emprendió las reformas de la Ley de Seguridad Pública y del Código Penal —como derogar las disposiciones que violaban la libertad de expresión y despenalizar la calumnia y la injuria— ampliamente reclamadas por la sociedad civil y que habían sido recomendadas por mecanismos de derechos humanos».

Apunta además que «continuaron las restricciones desproporcionadas del derecho a la libertad de reunión pacífica así como el uso excesivo de la fuerza contra las protestas en solidaridad con el pueblo palestino, incluidos actos de desobediencia civil como los registrados en septiembre en Madrid, que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista».

En otro apartado, subraya que si bien «los tribunales penales continuaron negándose a investigar los casos de infiltración policial en movimientos sociales, algunas denuncias seguían pendientes ante el Tribunal Constitucional«. «El año concluyó sin que el Parlamento hubiera aprobado una propuesta legislativa para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de impedir ese tipo de operaciones policiales», lamenta el informe.

Amnistía recoge también que «un total de 27 activistas contra el cambio climático del grupo Futuro Vegetal seguían siendo objeto de investigación por presunta pertenencia a una organización criminal en relación con su participación en acciones directas no violentas».

Protección de menores migrantes

El informe señala además que en 2025 «siguieron ejecutándose miles de desalojos, en su mayoría por motivos económicos» e indica que «se dieron pasos para una reforma legislativa dirigida a mejorar el acceso a atención sanitaria universal«. En otro punto, indica que «no se protegió debidamente a las personas menores migrantes no acompañadas».

Señala también que «persistieron las restricciones desproporcionadas del derecho de reunión pacífica» y subrya que al finalizar el periodo analizado «había una causa pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que los tribunales españoles rehusaran investigar casos de tortura del periodo franquista». Asimismo, destaca que en 2025 «España impuso prohibió las exportaciones de armas a Israel».

Incumplimientos tras la DANA

El informe anual de AI también dedica un espacio a lo ocurrido en torno a la DANA. «Ni el gobierno de la Comunidad Valenciana ni el gobierno central cumplieron ciertos compromisos expuestos en los planes de reconstrucción elaborados tras el desastre, a saber, un plan local de prevención del riesgo de inundaciones y la reforma de la normativa nacional sobre la gestión del riesgo de inundaciones, respectivamente», sostiene.

Amnistía indica además que «el gobierno regional aprobó la Ley 2/2025, de 15 de abril, de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción después de los daños producidos por la DANA, que flexibilizaba las normas de planificación urbana y permitía construir en zonas inundables sin una evaluación de riesgos previa o adecuada».

«Guerras ilícitas»

En el ámbito internacional, el informe de AI describe «un panorama generalizado de violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos y otros agentes, ausencia de rendición de cuentas e injusticias sistémicas, junto con algunos avances limitados. Muchos de estos escenarios han persistido en 2026, mientras el orden internacional basado en normas es objeto de ataques constantes».

«Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos depredadores decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y descarados chantajes económicos», ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

En su estudio sobre el escenario internacional en 2025, la organización incluye información sobre «el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Rusia en Ucrania y los crímenes de guerra y otros crímenes previstos por el derecho internacional cometidos en Myanmar, Sudán y otras zonas en conflicto».

Autoritarismo e impunidad

Destaca también que «las prácticas autoritarias se han intensificado en todo el mundo». «En 2025, los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Kenia, Reino Unido y Venezuela, entre otros países, emplearon la violencia para reprimir protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes de seguridad y antiterroristas o hicieron uso de desapariciones forzadas, ejecuciones y tácticas abusivas de actuación policial», afirma.

Subraya que en 2025, «algunos Estados, como EEUU y Rusia, atacaron o menoscabaron los mecanismos internacionales de rendición de cuentas». El informe califica como «especialmente perjudiciales» las medidas adoptadas por EEUU, que impuso sanciones a integrantes de la fiscalía y la judicatura de la Corte Penal Internacional, así como a la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado desde 1967 y a varias organizaciones palestinas de derechos humanos, con la intención de obstaculizar la labor de la Corte y evitar que nacionales israelíes y estadounidenses tuvieran que rendir cuentas».