Sumar ha diseñado un real decreto que ahora tendrá que negociar con el PSOE con una serie de medidas urgentes para intervenir un mercado de la vivienda que se ha convertido en uno de los grandes problemas de la legislatura por sus precios disparados. El socio minoritario de la coalición ha presentado las medidas con toda solemnidad en el Ministerio de Trabajo en un acto al que han asistido todos sus ministros, salvo Sira Rego, de viaje oficial en Jordania. La norma abarca desde la congelación de los contratos de alquiler, dando más protección a las personas inquilinas, un nuevo régimen sancionador para los alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos; y reformas fiscales para frenar la compra especulativa.

Mónica García, Pablo Bustinduy, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, durante la reunión que han mantenido en el Ministerio de Trabajo.EFE

“Queremos que la propuesta llegue al Consejo de Ministros y se apruebe. El Gobierno tiene que ser valiente, es una propuesta seria para poner límites a los abusos… O vamos por el lado de los derechos o por el del rentismo. ¡Una casa no puede ser un privilegio!”, ha afirmado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, tiene previsto comparecer este martes tras el Consejo de Ministros para explicar una serie de medidas que se aprobarán de su ministerio y el miércoles desglosará en el Congreso el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030.

Sumar insta a la congelación y prórroga de los contratos de alquiler para la “protección inmediata” de inquilinos y para ello quiere que se posponga el vencimiento de todos los contratos, añadiendo tres años adicionales, incluidos los contratos vigentes. En zonas tensionadas, la prórroga se amplía dos años más sobre la actual, alcanzando un mínimo de 10 años. También defiende la aplicación de la regulación de rentas con carácter general, inmediato y transitorio hasta que se declaren zonas tensionadas, algo que están impidiendo la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, que se niega a aplicar la Ley de Vivienda. Según la propuesta de Sumar, los nuevos contratos o renovaciones deberían fijarse al mismo precio que el anterior. La riqueza de los hogares jóvenes se ha hundido un 75% en 20 años por la crisis de la vivienda. La imposibilidad de tener piso propio es la principal causa del empobrecimiento de las familias menores de 35 años.