Qué escándalo, parece que aquí se prevarica
Los periodistas rechazamos -o deberíamos hacerlo- los ejercicios de fe, ya saben: esto es así porque lo dice, y solo eso, el rey/papa/presidente/juez/médico /dios/inspector/policía/médico/ curandero/ sacerdote/gurú/sursuncorda… Pongan el término que quieran, hay para todos los gustos y devociones. Por eso, resulta sorprendente que, a estas alturas de la película, el mejor argumento de quienes censuran a Pedro Sánchez por haber dicho en la televisión pública que hay jueces que hacen política y políticos que dictan sentencia es que no puede decirlo de ninguna manera, porque a palabras de juez, solo el “amén” es permitido.
El rechazo tiene grados y va desde quienes creen que la división de poderes obliga a mantener la neutralidad formal de cada uno con respecto al ámbito del otro (o sea y en el caso referido, el Ejecutivo con respecto al Judicial) hasta la de aquéllos que consideran una blasfemia que cualquier ser humano cuestione, ya no una sentencia judicial, sino el total del procedimiento que culmina con ésta o el archivo, mucho después de que, en los casos más mediáticos, se haya dictado ese simulacro de sentencia por unos intereses o los contrarios. Y sin término medio, ésas que suelen ser las responsabilidades políticas que no te convierten automáticamente en culpable de nada: un presunto culpable es un culpable sin presunción de inocencia porque un juez abre una causa y punto. Aunque sea sin indicios, como la del juez Hurtado contra el fiscal general o sin los ídem y plagada de errores ¿a sabiendas? como la del juez Peinado contra Begoña Gómez, a las que hizo referencia concreta Sánchez en TVE al criticar a una “minoría” de jueces que “no cumplen la ley”.
- Tenemos jueces manifestándose contra una ley, la de amnistía, cuando ni siquiera había sido redactada.
- Tuvimos al Tribunal Supremo juzgando a políticos por hacer política en Catalunya con una mayoría cualificada en democracia.
- Asistimos a las artimañas de un juez de la Audiencia Nacional abriendo causas contra Podemos como si no hubiera un mañana, causas que tuvo que cerrar por ausencia de todo lo básico en una proceso penal y a otra cosa.
- Tenemos a jueces en huelga que no dicen que la hicieron, aunque conste, porque no quieren que les retiren la parte correspondiente del sueldo.
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Los jueces convocan manifestaciones ante los tribunales contra la ley de amnistia
Tenemos a un exjefe del Estado en un país no democrático –y que escapó por la puerta de atrás que le abrió también el Supremo– para no tener que pagar impuestos, seguramente muy voluminosos, por una fortuna cuantiosa aunque desconocida.
- Tenemos al expresidente de la Sala de lo Penal de ese mismo Supremo, que iba a controlarlo todo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el propio Supremo gracias al PP, concediendo entrevistas solo por escrito para hablar de su libro, que no es más que una enmienda a la totalidad de este Ejecutivo y de este Legislativo.
- Tuvimos también a este mismo Alto Tribunal interfiriendo y presionando al Congreso (Poder Legislativo) para quitarle el escaño a un diputado de Podemos, que se quedó sin él porque la fe en el Supremo mueve montañas y los derechos, mucho menos o nada…
Y más, mucho más que me dejo en el tintero a falta de tiempo y espacio para escribir una enciclopedia. El presidente ha dicho lo que todos saben, aunque sólo una minoría denuncia; entre otras, algunas/os periodistas que tienen la obligación de hacerlo. También el jefe del Ejecutivo, aunque sea ahora y quizás ya tarde; ahora que su partido, el PSOE, y la coalición de Gobierno se ven al borde de un precipicio por el que ya fueron arrojados otros/as tiempo ha. Gobernar también era esto, que se lo digan si no a Lula da Silva en Brasil.
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Jueces a la gresca, amenazas de huelga y reformas cruciales marcan el inicio del año judicial más tenso
Máxima expectación ante el discurso del fiscal general del Estado, este viernes, al que se prevé que algunos jueces le retiren el saludo y le hagan el vacío como protesta por su participación en la inauguración del curso judicial en el Tribunal Supremo.
Madrid––Actualizado a
Probablemente este sea el inicio más tenso que se recuerda de un curso judicial. Tras la renovación el año pasado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años y medio caducado por el bloqueo del Partido Popular, las aguas no volvieron a su cauce. Al contrario. El curso anterior, el de 2024-2025, acabó marcado por el enfrentamiento de los sectores judiciales más afines al PP contra las reformas legislativas para el Poder Judicial impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que derivó en una concentración de togas y banderas de España frente al Tribunal Supremo. Y el nuevo año judicial arranca con la misma bronca.
El procesamiento inédito y forzado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su negativa a dimitir por ello, ha dado pie a un boicot orquestado desde el seno del PP para deslucir el acto solemne este viernes en el Tribunal Supremo, presidido por Felipe VI, tras el que queda inaugurado el año judicial 2025-2026.
Negarle el saludo al fiscal general, hacerle el vacío este viernes, guardar silencio tras las palabras de García Ortiz como señal de desprecio y aplaudir, por el contrario, el discurso de la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló; invocar al rey como damnificado por tener que compartir espacio junto a un procesado.
Todas estas acciones están encima de la mesa como parte de una campaña lanzada por el PP, cuyo lider, Feijóo, ha anunciado que no asistirá al acto en señal de protesta por las recientes declaraciones del presidente Sánchez respecto a que hay jueces que hacen política e incumplen la ley. Tampoco estará el presidente del Senado, el ‘popular’ Pedro Rollán, que ha alegado motivos personales.
Contra la institucionalidad
Otros actores activos en esta campaña que incide de lleno en la institucionalidad de una celebración que reúne a las altas personalidades del Estado, según reglamenta la Ley Orgánica del Poder Judicial, han sido los vocales conservadores, los que propuso el PP para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, el sector conservador ha pedido por carta a la presidenta del Supremo que solicite al fiscal general que no intervenga este viernes y que al ministro de Justicia, Félix Bolaños, no se le sitúe en los estrados, como es preceptivo, como protesta por las palabras de Pedro Sánchez sobre algunos jueces que incumplen la ley.
Hay que recordar que el fiscal general del Estado está procesado, pendiente de que se abra juicio oral en su contra, por un presunto delito de revelación de secretos, por el que se le pide hasta seis años de prisión, acusado de ser el autor de la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, donde reconocía haber defraudado a Hacienda 350.000 euros. Sin embargo, la polémica instrucción del juez Ángel Hurtado no ha arrojado ni un solo indicio contra el fiscal general, aunque esto no ha sido óbice para dictar su procesamiento.
También las asociaciones judiciales y fiscales mayoritarias, y conservadoras, han pedido al fiscal general que se abstenga de intervenir en el acto de inauguración del año judicial. Precisamente estas dos asociaciones, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), junto con la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), es decir, todas menos las dos asociaciones progresistas, convocaron paros y una huelga de tres días los pasados meses de junio y julio, en los juzgados para protestar por las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno, pese a que desde el CGPJ se determinó que el ejercicio del derecho a la huelga por parte de los jueces carece de soporte legal.
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En concreto, el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, en fase de tramitación parlamentaria, concita las iras de estas asociaciones, como en su día ocurrió con la ley de amnistía. El texto del Gobierno, que incorpora recomendaciones emitidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, supone una reforma de calado respecto a la manera de acceso a las carreras judicial y fiscal. Pero sobre todo va a suponer la regularización de un millar de jueces y juezas sustitutos, como exige la Unión Europa, que ya ha multado a España por el abuso de la temporalidad en el sector público.
Aunque no se trata exactamente de convertir en jueces de carrera a los 954 jueces y juezas sustitutos ni a los 331 fiscales interinos, porque el Gobierno ha convocado un millar de nuevas plazas pensando especialmente en estos profesionales que llevan en muchos casos dos décadas supliendo bajas en los juzgados y dictando sentencias, pero sin garantizarles el puesto, ya que podrán presentarse al proceso todos aquellos profesionales del derecho con cinco años de ejercicio.
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Para las asociaciones antes mencionadas esta reforma judicial «afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial».
Tras finalizar la huelga de tres días de jueces y fiscales, el pasado 4 de julio, las asociaciones convocantes advirtieron de nuevas huelgas y movilizaciones si el Gobierno persiste en este proyecto. «Si la situación persiste sin cambios sustanciales, retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga, con la misma firmeza, unidad y determinación que han caracterizado las acciones llevadas a cabo hasta el momento», consta en un comunicado. El proyecto legislativo está a punto de llegar al Pleno del Congreso para su votación.
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Por otro lado, otra de las reformas de mayor calado en Justicia que ha acometido este Gobierno, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, está desarrollándose, con la implementación de 315 tribunales de instancia, el pasado 1 de julio. Desaparecen, pues, los juzgados ordinarios, los unipersonales, y entran en funcionamiento los tribunales de instancia, que funcionarán de modo colegiado, igual que en las audiencias provinciales, pudiendo entender de un asunto hasta tres jueces. Va a haber un tribunal de instancia por cada partido judicial y un Tribunal Central de Instancia en la Audiencia Nacional.
La renovada cúpula conservadora
El año judicial comienza con una renovada cúpula judicial conservadora. En un CGPJ equilibrado, con diez vocales progresistas y otros diez conservadores, y una presidenta, Isabel Perelló, a la que se presuponía inicialmente progresista, la realidad un año después de que echara a andar el nuevo Consejo es que se ha consolidado el dominio conservador en los órganos de gobierno de la judicatura.
Así, el nuevo CGPJ ha efectuado 136 nombramientos en el Supremo, la Audiencia Nacional, tribunales superiores y audiencias provinciales, de los que 92 designaciones han ido a parar a jueces considerados conservadores y 44 a progresistas, según fuentes del CGPJ.