No hay trampa ni cartón. La nueva ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid tiene como uno de sus objetivos “promover y facilitar la participación y la colaboración de la iniciativa privada en el ejercicio de la actividad urbanística”; pretende “ampliar la colaboración público-privada en los procedimientos de gestión y ejecución”; y blinda como uno de sus principios rectores “favorecer (…) la colaboración público privada”.

Esa apuesta, recogida en un anteproyecto consultado por EL PAÍS, sirve para crear la figura de las entidades colaboradoras ambientales para gestionar procedimientos administrativos de carácter ambiental. Allana el camino para que los privados promuevan y ejecuten proyectos estratégicos como los de alcance regional. Y abre la puerta a que participen de la gestión pública del territorio con las figuras del agente urbanizador, que financiará las operaciones con sus medios y será retribuido con terrenos o compensaciones de los propietarios que usen sus servicios, o el agente regenerador. “Son nuevas formas de colaboración público-privada”, se explicita. Un planteamiento duramente criticado por la oposición de izquierdas, que ve en él “una concepción ultraliberal”.

“Con la excusa de flexibilizar procedimientos, Ayuso está llevando a cabo una desregulación masiva de la planificación territorial y urbanística, poniendo en riesgo el medio ambiente y unos servicios públicos que ya están cogidos con alfileres”, critica Alejandro Sánchez, diputado Más Madrid-Verdes. “Lo que persigue esta ley es una preponderancia cada vez mayor de los promotores inmobiliarios en la planificación territorial”, denuncia. “Ahí están justamente las Entidades Colaboradoras Urbanísticas, que se consolidan definitivamente como una respuesta a la frustración de las administraciones por no poder acometer por sí mismas los controles urbanísticos, externalizándolos en empresas privadas”, describe. “Es inaudito, pero ya lo llevan más allá y se sacan de la manga unas “entidades colaboradoras ambientales” para poder externalizar también los trámites medioambientales», lamenta el diputado del grupo que encabeza Manuela Bergerot.

Y remata: “Que estas entidades puedan tener un papel directo en los procesos de planificación y expropiación es una derivada inaceptable de una concepción ultraliberal del desarrollo que pretende dejar en manos de los promotores privados la pura planificación del territorio”.

El agente urbanizador tendrá capacidad de “iniciativa, gestión y ejecución de una actuación urbanística integrada, aun cuando no sea titular del dominio de los terrenos afectados”. El regenerador, intervendrá en barrios, áreas degradadas, entornos envejecidos o vulnerables, y se le considera “una gran novedad no solo respecto a la legislación vigente madrileña sino también una novedad respecto a otras legislaciones autonómicas”. Además, se consolida una figura que ya existía de facto, según defiende el gobierno, la del agente rehabilitador.

Así lo analiza Javier Guardiola, diputado del PSOE de Óscar López en la Asamblea de Madrid: “Es una ley que desregula el suelo. Nos preocupa este nivel de desregulación. Hay que potenciar la creación y la oferta de vivienda pero con normas que aseguren un orden del suelo, que es un recurso finito”.

En todo caso, tanto el PSOE como Más Madrid transmiten que aún hay mucho que analizar y mucho por digerir de un proyecto con más de 300 páginas y con múltiples derivadas, que supondrá derogar la ley del Suelo de 2001 y la de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. Es decir, que cambiará el mapa que dirige cómo puede crecer la región, “desde un modelo rígido y altamente complejo hacia otro más flexible, orientado a propuestas concretas y capaz de adaptarse a las demandas sociales actuales, sin renunciar a la protección del suelo y al entorno natural”. Nada más y nada menos.

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Carlos Novillo, consejero de la Comunidad de Madrid.

la Comunidad de Madrid, especialmente en materia de vivienda y despliegue de infraestructuras, para que, orientado a la adaptación tecnológica y social, garantice la consolidación de la Comunidad de Madrid como polo de talento e inversión y permitiendo el impulso equilibrado de la región”, se lee en el anteproyecto legal, que se justifica sobre la necesidad de adaptar la región al rápido incremento de población, que ya supera los siete millones de habitantes, y sobre la falta de recursos que sufren muchos municipios.

Nada es casual en el texto. Mucho menos su título, ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, del que deriva el acrónimo LÍDER.

En ese contexto, la documentación que acompaña al anteproyecto y que consta en el portal de transparencia explicita la opinión gubernamental de que “la colaboración público-privada que se ha manifestado como la fórmula más eficaz y ágil en la gestión y ejecución”.

Mayoría absoluta

Así explica esa idea un portavoz de la consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que dirige Carlos Novillo. “Se dota de más competencias a las juntas de compensación en el ámbito de la gestión”, dice. “Las Entidades Colaboradoras Urbanísticas ya emitían certificados en materia de licencias y podían hacer la inspección de las obras. Ahora se extiende esa colaboración en el ámbito de las viviendas protegidas (podrán controlar y comprobar sus calificaciones) y en el de la evaluación ambiental”, añade sobre estas entidades privadas, que podrán participar en funciones de comprobación y verificación en los procedimientos de licencias y declaraciones responsables.

La nueva propuesta del gobierno regional se encuentra aún en la fase de audiencia e información. Eso quiere decir que aún se pueden hacer alegaciones y aportaciones al texto, que no es definitivo. Luego llegaría el momento de tramitarlo en la Asamblea de Madrid, donde la oposición (compuesta por Más Madrid, PSOE y Vox) tendrá la oportunidad de dar su opinión en los debates correspondientes.

Nada, sin embargo, impide que el gobierno de Díaz Ayuso imponga sus puntos de vista sin aceptar los de los demás en una materia clave para el futuro de la Comunidad de Madrid: para eso la baronesa logró mayoría absoluta en las elecciones de la primavera de 2023. Un aval que el Ejecutivo está utilizando para dejar una profunda huella legal con el personalísimo sello de Díaz Ayuso antes de que lleguen los comicios de 2027.

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