Dolores Delgado: «Los jueces y fiscales administramos el poder judicial, no somos sus propietarios»

La lucha contra el terrorismo ha ocupado buena parte de su carrera como fiscal. Pero Dolores Delgado ha sido también ministra de Justicia, fiscal general del Estado y, ahora, fiscal de Sala Coordinadora especializada en Memoria Democrática. Agenda Pública conversa con ella sobre su trayectoria, el funcionamiento de las instituciones y propone reformas en el ámbito de la justicia.

Agenda Pública                29 de junio de 2025               Agenda Pública / Tania Sieira

Dolores Delgado, es fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática. 

«Nos hacen falta reformas legislativas en materia de justicia. Tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1882. Somos una anomalía en Europa por nuestra propia ley».

Así de contundente se muestra Dolores Delgado en conversación con Marc López Plana, editor y director de Agenda Pública.

Dolores Delgado repasa su propia trayectoria en profundidad. Sobre su paso por el Ministerio de Justicia señala que «es verdad que hay una parte de calvario y de sacrificio. Pero la valoración personal es absolutamente satisfactoria». Fue allí donde señala que conoció «un fenómeno, para mí desconocido, el exilio de los españoles. Saqué a Franco de su tumba». Ahora, como fiscal, su ámbito de especialidad es la memoria democrática.

La conversación aborda el papel de la justicia, de los fiscales y el funcionamiento de las instituciones. Y concluye: «Los poderes no son de quienes lo administran. Los poderes son de la soberanía popular de todos y cada uno de nosotros».

¿Nos podría explicar actualmente en qué trabaja como fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática?

La Ley del 2022 de Memoria Democrática ha supuesto un cambio de paradigma en materia de memoria democrática. Previamente, la ley de 2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, fue importante, no solo porque, por primera vez afrontaba cuestiones como la apertura de fosas, el reconocimiento de las víctimas, la enumeración y determinación de los símbolos de exaltación del golpe de Estado o la dictadura, sino también porque daba relevancia a las víctimas que habían padecido miedo, silencio, olvido institucional. Pero resultó insuficiente. Tuvieron que pasar 15 años para que por primera vez una ley aludiera a la justicia en relación con la memoria democrática. Asimismo, esta ley otorga un papel protagónico al Ministerio Fiscal creando la figura de Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática para la investigación de las graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluidos los que se cometieron con el golpe de Estado de 1936, la dictadura y el franquismo hasta la entrada en vigor de la Constitución española. Al tiempo establece la obligación del Estado a realizar una investigación efectiva desde espacios de justicia correlativo al derecho de las víctimas a que se investigue, a la verdad desde espacios de justicia. Se han establecido procedimientos de investigación y determinación de hechos del pasado, abriéndose todo un abanico de posibilidades que estamos explorando desde las capacidades que el ordenamiento jurídico confiere a los fiscales. Las víctimas se hallan en el epicentro de la norma y de la acción de la Fiscalía. Y cuando hablamos de víctimas nos referimos a ellas en presente, porque tal condición no prescribe, se transmite de generación en generación y se extiende a toda la sociedad.

«La Ley de Memoria Democrática representa la primera norma que establece una justicia transicional que, hasta ahora, no ha existido en nuestro país»La Ley de Memoria Democrática representa en ese sentido la primera norma que establece una justicia transicional que, hasta ahora, no ha existido en nuestro país.

¿Qué es la justicia transicional?

Simplificando mucho y, sin perjuicio de la existencia de muy distintas situaciones según la causa que las motiva, podríamos decir que es un mecanismo judicial a través del cual el Estado asume la obligación de restablecer la dignidad de las víctimas, tras un conflicto armado, ya sea internacional o interno, o finalizada una dictadura con sus terribles consecuencias. Este tipo de justicia en España no es retributiva (determinación de un delito e imposición de una pena) sino restaurativa. Es decir, se trata de establecer los hechos, qué ocurrió, cuáles fueron las circunstancias, quiénes participaron, si es posible, qué tipo de reparación se puede otorgar para que la herida abierta por aquel hecho y la impunidad del mismo quede atrás y sirva como garantía de no repetición. Hay que buscar justicia, es preciso saber qué ocurrió, restañar heridas, determinar quiénes fueron los victimarios, qué hicieron, cómo van a responder… En España, donde sufrimos la dictadura más longeva, represiva y cruel de Europa, han tenido que pasar muchos años para hacer justicia, y la gran mayoría de los perpetradores han muerto, como la mayoría de las víctimas directas, los hechos están prescritos o amnistiados. Debe quedar claro que en la transición española la justicia transicional no existió, y, a pesar de que el miedo se mantuvo y persistió por largos años ya en democracia, las víctimas heroicamente contribuyeron a definir y consolidar nuestro actual sistema de convivencia.

Por todo ello, ha llegado el momento, en el que el Estado devuelva a las víctimas lo que nunca debió privarlas, sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación como garantías de no repetición, y, por todo, la memoria y con ella el reconocimiento de su gran contribución a la defensa de nuestras libertades y derechos. En este contexto es en el que la ley configura en su artículo 29 el derecho a una investigación efectiva, como un derecho fundamental. La Unidad que dirijo es la que asume por ley la responsabilidad de que este derecho sea una realidad.

«Algunos creen tener el exclusivo derecho de definir la historia, o mejor dicho de negarla

«En materia de derechos humanos la Unidad trata de contribuir a la estandarización de los derechos humanos en todas aquellas materias que nos conciernen como Fiscalía. Se trata de una actuación periférica con informes, donde enriquecemos esa visión de derechos humanos, porque España ha suscrito la inmensa mayoría de los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y los protocolos de desarrollo que exigen al Estado responder si hay un ciudadano que le denuncie. Llevar al límite la protección de los derechos humanos, es decir, que el Estado cumpla aquello que es nuclear en relación a los Comités de Naciones Unidas. Colaboramos con la Abogacía del Estado, que son los representantes del Reino de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en los organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos, ayudando a que se implementen la sentencia y una buena práctica. O sea, funcionamos como informadores y facilitadores de la ejecución y colaboradores con nuestros compañeros y compañeras fiscales.

¿Por qué cree que hay quien se opone a los esfuerzos en materia de memoria democrática? 

Me atrevería a decir que aun persiste la idea de que algunos creen tener el exclusivo derecho de definir la historia, o mejor dicho de negarla. Por ello es necesaria la LMD ya que mientras exista una sola víctima enterrada en una fosa desconocida, mientras una víctima necesite el reconocimiento de una injusticia sufrida por defender la libertad y la democracia, mientras una sola víctima siga padeciendo estrés postraumático por haber padecido torturas por la dictadura franquista, mientras no se conozcan todas las verdades tantos años silenciadas… habrá una tarea que hacer intentando reparar el daño inmenso que como sociedad sufrimos.

El nivel de polarización que vivimos en España hace que se intenten deslegitimar decisiones del poder legislativo.

Ciertamente aquí y en otros muchos países existe una polarización extrema que deja muy poco espacio para el consenso o el acuerdo. Es un juego de confrontaciones políticas que buscan la descalificación del contrario y por tanto de todo cuanto este haya hecho o tenga por hacer. Por ello es importante que aprovechemos aquello que ya hemos interiorizado como sociedad democrática, la Constitución de 1978 que es una buena norma de convivencia, que debe ser respetada. A partir de aquí podemos señalar que la soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es a la ciudadanía a quien pertenecen y solo a ella.

«Los poderes no son propiedad de quienes lo administran

«En el judicial, lo que hacemos los que nos dedicamos a la justicia es administrar ese poder, no somos sus propietarios. Lo que nosotros hacemos es aplicarlo e interpretarlo. La soberanía popular es la que debe regir nuestras actitudes y comportamiento como poderes.

Y si en un determinado momento la ciudadanía decide que una determinada ley tiene que cambiarse, se cambia con total normalidad democrática.

Y ese juego democrático es el que tenemos que asumir. La Constitución es una norma de convivencia buena que tenemos que respetar.
Los poderes no son de quienes lo administran. Lo que tenemos que preservar es que haya una verdadera libertad en la toma de decisiones. Hay que apostar siempre por el respeto de la soberanía popular. Y a partir de ahí, si se decide derogar una ley con las mayorías adecuadas y necesarias, pues habrá que aceptarlo. Otra cosa es que se produzca un uso abusivo de la administración de un determinado poder, ya sea el ejecutivo, ya sea el legislativo, o sea el judicial.

Si hay un uso abusivo, debemos de tener las herramientas para denunciarlo y evitarlo.

Usted ha sido ministra. Hasta el momento no había tenido ningún tipo de actividad política.
No, nunca había tenido actividad política. Soy fiscal de carrera. Tuve la gran suerte de que mi primer destino fuese Barcelona. Una Fiscalía «escuela de fiscales», con Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena al frente. Contribuyeron a nuestra convicción y compromiso por el servicio público. Pasé por el de Prat de Llobregat, con un aeropuerto que como en otros muchos en aquellos años se pasaba droga y un barrio de Sant Cosme donde el tráfico de heroína era muy importante. A finales de los ochenta y principios de los noventa, fue un salvaje momento de la heroína y del sida. Recuerdo las innumerables entradas y registros que en fines de semana hacíamos y recuerdo muy tristemente los levantamientos de cadáveres que esos mismos fines de semana teníamos que hacer, por sobredosis o por adulteración de la droga. Vivir esto como primer destino profesional te determina a ir a más. En mi caso, saber quién estaba detrás de esos pequeños traficantes, los grandes narcotraficantes, y perseguirles donde más daño les hacía: las ganancias. Tuve la suerte de obtener una plaza en la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional en el años 1993. Fueron unos años frenéticos. Trabajábamos en todo el territorio porque concentrábamos competencias en el espacio jurisdiccional de la Audiencia Nacional. Desde la Fiscalía Especial centralizamos las investigaciones especialmente de blanqueo de capitales, trabajábamos con los Jueces Centrales de Instrucción y los numerosos y extensos juicios orales se desarrollaban en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Cuando dice que concentraban competencias, es porque consideraban que la cercanía entre justicia…

No, simplemente por una cuestión de coordinación, metodología de investigación y especialidad. En la Audiencia Nacional contábamos con muchos medios materiales y humanos, una metodología de trabajo de investigación y mucha coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A partir de cada investigación de drogas que se desarrollaba se abría inmediatamente una investigación por blanqueo de capitales. El camino jurisprudencial abierto en materia de blanqueo de capitales fue el fruto de nuestro trabajo frente a las drogas.

¿Cómo ha evolucionado la lucha contra el narcotráfico?

Hay un salto cualitativo en el uso de la violencia por parte de las organizaciones de narcotraficantes. Se observa una concentración del tráfico de drogas en determinados territorios. Se repiten, no obstante, algunos patrones sociales que contribuyen a ese tráfico. Pero, creo, que ante un salto cualitativo y una actuación diferente de los narcotraficantes, tenemos que dar una respuesta distinta. Siendo Fiscal general del Estado, intenté un nuevo modelo de cooperación y propuse a un compañero, un fiscal de sala, con experiencia en investigaciones de blanqueo de capitales como coordinador para colaborar con los equipos de fiscales. El nombramiento fue recurrido por una de las asociaciones conservadoras y el fiscal renunció a asumir esa responsabilidad.

«Hubo un terrible atentado del 17 de agosto de 2007 en Barcelona pero evitamos otros»La policía puede hacer muchas detenciones, pero si no hay coordinación en la acción con la justicia, los procedimientos pueden colapsar y los tiempos se disparan y entonces las consecuencias son nefastas.

Después de ese destino en Antidroga pase a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el año 2004. Los atentados del 11-M, como a todos, nos marcaron. En mi caso me exigieron dar un paso adelante. En el año 2007 fui nombrada Fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista. Había trabajado sobre ETA antes. Pero esto fue una experiencia que cambió mi vida. Era un fenómeno criminal tan irracional, tan extremo y en esos momentos tan peligroso. Muchos procedimientos, muchas investigaciones, muchos juicios y el Estado Islámico como nuevo fenómeno terrorista. Hubo un terrible atentado del 17 de agosto de 2007 en Barcelona pero evitamos otros. Pusimos en marcha herramientas de cooperación que ayudaron

¿Sirve la metodología de investigación sobre ETA para estudiar otro tipo de terrorismo?

Es un terrorismo internacional que comparte algo con el de ETA, que es la locura de la radicalización. Los elementos imperceptibles para convencer a alguien que realice actos violentos, para imponer unas ideas, la irracionalidad del terrorismo en uno o en otro sentido. Y puede ser político, puede ser religioso, pero existe irracionalidad.

¿Por qué cree que le recurrieron todos los nombramientos?

Los recurrieron aquellos que piensan que los designios de la carrera solo los pueden determinar los que siempre han estado ahí.

Y los demás, de alguna manera, somos personas advenedizas. El concepto de servicio público de estas personas no coincide en muchos casos con el que yo tengo. El modelo de Ministerio Fiscal, al servicio del interés público tutelado por la ley y motor para contribuir a que una sociedad avance (art. 124 de la CE) no gusta a algunos, otros quieren un modelo exclusivamente punitivo. Que le vamos a hacer.

Y después le nombran ministra y empieza su calvario.

Tras once años en terrorismo, un día de junio de 2018 recibo una llamada del Presidente del Gobierno proponiéndome ser ministra de Justicia.
Yo no había participado en política. Me había reunido con diputados de distintos grupos políticos y espacios ideológicos que me habían pedido opinión sobre temas legislativos en materia de terrorismo yihadista.

«Recurrieron mis nombramientos aquellos que piensan que los designios de la carrera solo los pueden determinar los que siempre han estado ahí»

Respondiendo a su pregunta, sí, es verdad, hay una parte de calvario y de sacrificio. Pero la valoración personal es absolutamente satisfactoria. Me he movido siempre en el sector público, no ha habido puerta giratoria alguna. He ido de lo público a lo público. Desde diferentes perspectivas.
Trabajé con un gran equipo en el Ministerio de Justicia. Trabajamos con ilusión y ganas. ¿Que más se puede pedir? Conocí la Memoria Democrática, el exilio, y materialmente, como Notaria Mayor de Reino fui la encargada de exhumar al dictador Franco.
Después, como Fiscal General, me parecía que había muchas cosas que hacer, porque ahí sí que me llevaba una mochila de cosas que siempre he creído necesario hacer y que, en su mayoría, hice en los dos años que desempeñé el cargo hasta que me rompí la espalda. Pero bueno, terminé muy contenta y ahora estoy en un espacio que me encanta. Eso sí, llevo cinco años con recursos, uno detrás de otro, no me dejan tranquila, aun así no me importa nada.

¿Sigue con recursos? ¿Qué le pasa a la justicia en España?

Evidentemente tengo que continuar contestando a esos recursos, pero también he acudido al Tribunal Constitucional en amparo y actualmente está en tramitación al haberse admitido a trámite la anulación de mi nombramiento como fiscal de sala de lo militar. El tiempo da y quita razones y yo confío que tarde o temprano se reconocerá el correcto proceder que he mantenido en cada una de mis responsabilidades. Mire, mi único valor es mi trabajo como servidora publica de la justicia y esto es lo que exijo que se me reconozca. He dedicado mi vida a la justicia y lo seguiré haciendo en beneficio de la sociedad a la que me debo.

«Tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Somos una anomalía en Europa

«Con carácter general le puedo decir, que tenemos problemas estructurales de la justicia. Avanzaremos mucho si entendemos que no hay nadie dueño de ningún poder del Estado, sino que el poder pertenece a la ciudadanía en su conjunto. Repito, todos los poderes del Estado.

Nos hacen falta reformas legislativas en materia de justicia. Tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1882. Es una ley que ha sufrido muchas reformas parciales, sí, pero somos una anomalía en Europa por nuestra propia ley.

Hacen falta reformas legislativas que no deben ser entendidas como algo que va en contra de nadie, sino adaptarnos a la modernidad que se requiere. La instrucción para el fiscal sí o sí, independientemente de lo que cada uno piense. Y luego, en relación con las organizaciones asociativas de jueces y fiscales, que no tienen las prerrogativas de los sindicatos, porque el sindicato puede ser un actor político, no pueden ser utilizadas como un instrumento político, porque nos guste más o menos quién gobierne en cada momento, lo que está ocurriendo es una desviación de los propios fines de algunas asociaciones profesionales. Nosotros no somos actores políticos ni podemos serlo.

«Las organizaciones asociativas de jueces y fiscales no pueden ser utilizadas como un instrumento político «Y otra reforma necesaria es que en el Tribunal Supremo hay que incluir la doble instancia.

Es anacrónico e injusto que existan decisiones del TS que no estén sometidas a una revisión por un tribunal distinto y completamente separado del que dictó esa primera sentencia.

En el caso de los aforados, puede haber otra reforma que sería muy importante. El Tribunal Supremo, la Sala Segunda, concretamente, tiene la capacidad de investigar y después enjuiciar al presidente del Gobierno, a todos los ministros, al presidente del Tribunal Constitucional, a la presidenta del Consejo de Estado, etc. Y además, en única instancia. Esto, hoy por hoy, es anacrónico. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que el Estado de derecho y las normas del debido proceso, que ya están absolutamente consolidadas en convenios y tratados internacionales suscritos por España, contemplan que tiene que haber normas justas para enjuiciar a la gente y que no haya la posibilidad de que otro tribunal te lo revise, es injusto.

«Es anacrónico e injusto que existan decisiones del TS que no estén sometidas a una revisión por un tribunal distinto y completamente separado del que dictó esa primera sentencia»También habría que revisar los aforamientos. El aforamiento tiene una finalidad concreta y específica, pues habrá que adaptar los aforamientos a la finalidad que persigue, que normalmente es que los poderes no se vean perturbados en su acción.

Cuando le proponen ser fiscal general del Estado, ¿usted sabía lo que venía después?

Asumí el cargo porque era un ámbito que conocía. Yo había sido miembro del Consejo Fiscal y asumí la necesidad de hacer cambios en el seno de la Fiscalía. Era preciso afrontar reformas y seguir trabajando por el servicio publico. Fue un desafío en toda regla, corrió mucha tinta, por otra parte era lógico. Era la primera vez que una exministra de justicia fue designada a propuesta del Gobierno para el cargo de FGE. Y, como era lógico, las criticas fueron ácidas, en algunos casos, pero pienso que los hechos y los logros, demuestran que la decisión que tomé no fue desacertada. Encabecé la Fiscalía General durante la pandemia y las acciones que desplegamos en ese tiempo fueron certeras y meritorias, las iniciativas y los nombramientos fueron en función del mérito y el currículo, curiosamente lo que se me ha negado a mi cuando la designada como fiscal de sala he sido yo.

«El Fiscal General del Estado es una institución o un órgano de designación política para que el Gobierno desarrolle una política criminal determinada «No fui un ángel ni un monstruo que vino a hacer política y a arrasar. Ahora con la suficiente perspectiva histórica se pueden valorar los logros y avances de la Fiscalía. Las decisiones que tomé y sus beneficios. La transparencia y el sometimiento a las normas, como no podía ser de otra manera.

Con relación a que fuera una exministra de Justicia la que asumiera el cargo de fiscal general, podemos mirar atrás y analizarlo. El Estatuto del Ministerio Fiscal tiene pesos y contrapesos en la actuación de los fiscales y especialmente en la del/la Fiscal general del Estado que no tienen otros sistemas en el resto del mundo. Nosotros tenemos una conformación constitucional y, sí, el Fiscal General del Estado es una institución o un órgano de designación política para que el Gobierno desarrolle una política criminal determinada, que mañana será otra con otro gobierno.

Muchas gracias, Dolores.

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