«Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia«. Pedro Sánchez se ha mostrado así de contundente durante una entrevista en TVE, que ha levantado ampollas tanto en los partidos de la oposición como en la judicatura. El presidente ha recalcado que “la inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen bien su trabajo y cumplen con la ley”, pero algunos magistrados han tomado la parte por el todo. La polémica también se coló en las redes sociales, donde los jueces tuiteros, sobre todo los de corte conservador,son cada vez más habituales.

JudgeTheZipper. LadyCrocs. TeoJuez. MagistraThor. LaLupaJudicial. Iuristóteles. LaPelo1.  Serendipia.

Estos son los seudónimos que utilizan algunos de ellos en X, antes Twitter. Lo hacen para valorar sentencias y opinar sobre legislación, pero también sobre política. Todas sus cuentas tienen muchos miles de seguidores. El malestar en casi todos los perfiles ha sido generalizado tras las declaraciones de Pedro Sánchez en TVE.

«Casualmente, esos jueces que hacen política son los que investigan los casos de corrupción de su entorno, no otros», publicó nada más finalizar la entrevista el usuario JudgeTheZipper. «Un poco más y dice y todos me han tocado a mí«, comentó Teo Juez. «Es intolerable que un presidente del Gobierno ataque a los jueces, pero ya es habitual. Desgraciadamente», apuntó Iuristóteles. Pedro Sánchez hacía referencia con sus palabras a una minoría de profesionales. Las críticas de los jueces tuiteros, no obstante, vienen de lejos. Los pactos de investidura, la amnistía o la polémica instrucción del juez Peinado también han sido objeto de debate.

¿Los jueces pueden opinar en Twitter?

El artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera una falta grave el hecho de «dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición». Esto no impide, sin embargo, que los magistrados puedan opinar libremente sobre sus representantes políticos. El CGPJ sostiene que «cada caso tiene sus particularidades» y no todas las declaraciones se pueden enmarcar en este precepto de la LGPJ. «Los hechos tienen que encajar con lo que describen tanto la norma como la jurisprudencia para ser sancionables desde el punto de vista disciplinario», señalan desde el Poder Judicial.

La justicia espera el juicio

El resto de las fuentes consultadas por este diario coinciden al englobar en los límites de la libertad de expresión la actividad mediática de los magistrados. «Los jueces pueden escribir y opinar como cualquier otro ciudadano, porque el derecho a la libertad de expresión lo ejercen a título individual. Lo que ocurre es que estas opiniones pueden ser motivo de pérdida de la imparcialidad y, en consecuencia, los magistrados pueden ser recusados», explica Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. El profesor pone un ejemplo de lo que –al menos, técnicamente– debería ser el modus operandi en estos escenarios: «Si un juez opina de la amnistía y luego recibe una causa relacionada con la amnistía, tendría que abstenerse, y si no lo hace, las personas afectadas pueden denunciarlo [por la vía disciplinaria], incluso cuando las opiniones proceden de una cuenta con seudónimo», matiza.

Cristina Hermida del Llano, catedrática de Filosofía del Derecho, coincide con esta tesis, pero recalca que los jueces y magistrados son a la vez funcionarios públicos y titulares de uno de los tres poderes del Estado. Es por ello que, en su opinión, deberían «hablar a través de sus sentencias y evitar hacer valoraciones políticas en redes sociales para no violar el principio de imparcialidad al que están sujetos en términos legales, pero también éticos». El CGPJ recuerda en este sentido la existencia de la Comisión de Ética Judicial, un órgano «independiente» que recibe consultas de los jueces sobre su posible participación en tertulias, eventos religiosos o incluso plataformas digitales. Las resoluciones son «orientativas», pero la población, si aun así detecta incumplimientos o irregularidades, puede recurrir a la vía disciplinaria.

¿Quién se esconde detrás de estos perfiles?

JUSTICIA DIGITAL OCULTA

La cuenta que más seguidores tiene es la de LadyCrocs, por encima de los 120.000. La segunda en términos de engagement es la de JudgeTheZipper, también cerca de los 110.000. Y el podio lo completa Teo Juez, con 45.000. Los tres seudónimos esconden respectivamente las identidades de Teresa Puchol, Fernando Portillo y Manuel Caballero-Bonald. La primera es magistrada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca. Portillo es juez decano en Melilla. Y Caballero-Bonald, presidente de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga. Los tres se pronuncian sin miramientos sobre la actualidad política del país y comparten sus «reflexiones» a la comunidad.

Uno de los últimos asuntos que se ha colado en sus perfiles fue la decisión del juez Peinado de solicitar todos los correos de Begoña Gómez desde 2018. «La instrucción prospectiva, que no debe hacerse, no es en sí misma una conducta prevaricadora. Depende de otros elementos, a valorar en cada caso. Desde luego no hay ningún respeto institucional en este tuit y, en mi humilde opinión, el juez Peinado sí podría sentir dañado su honor profesional», trató de argumentar MagistraThor. En su respuesta cita un mensaje de Óscar Puente, que cuestiona, una vez más, la actuación del instructor de la causa contra la mujer del presidente.

Los magistrados, habida cuenta de que sus declaraciones en X pueden generar controversia, suelen negar cualquier interés o relación ideológica. «En charcos políticos me meten ustedes«, se excusó también esta semana LadyCrocs. MagistraThor, LaLupaJudicial, Iuristóteles, Serendipia y LaPelo1 son otros de los perfiles conservadores más leídos en esta red social. Los cuatro suman 147.000 seguidores. Luis Sanz Acosta, juez en la Audiencia Provincial de Madrid, gestiona la primera de estas cuentas. Francisco José Trujillo Calvo, inspector delegado en el Servicio de Inspección del CGPJ, está detrás de LaLupaJudicial, según reveló en 2019 Anonymous Catalonia. Y los tuits de LaPelo1 los firma realmente Laura Peña Lozano, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vitigudino. Esta última se presenta así al público: «No estoy del lado de nadie, porque nadie está de mi lado».

En mayo de 2024, muchos de estos usuarios intensificaron su actividad y, en consecuencia, sus críticas. «Hoy es uno de los días más tristes y negros de la democracia española«, manifestó MagistraThor la mañana en la que el Congreso aprobó la ley de amnistía. «Un día que no ha de ser olvidado por los siglos de los siglos. Que aparezca en los libros de historia del futuro», sugirió el mismo día LaPelo1. «Guardemos un minuto de silencio por nuestro Estado de Derecho (…) y demos un último adiós a la igualdad ante la ley de todos los españoles», tuiteó entonces Serendipia.

La justicia cosmica

Público ha consultado además las publicaciones de todas estas cuentas en X durante la semana de la investidura de Pedro Sánchez, es decir, entre el 13 y el 19 de noviembre de 2023. «Ya me imagino a Puigdemont regresando con escolta oficial, pagado por todos los españoles, y en avión oficial», deslizó dos días antes de la votación JuezTeo. «Tengo muy claro que SOLO QUEDA EUROPA [en mayúsculas en el original]«, puede leerse en el perfil de MagistraThor. «¿Sabéis una cosa que un juez no permite? Pues que un político le diga lo que debe hacer«, aclaró el 16 del mismo mes LaLupaJudicial.

Los cariños con la derecha, habituales en sus redes

La LOPJ considera igual de inapropiada la publicación de «felicitaciones» hacia otros «funcionarios públicos o corporaciones oficiales», pero los magistrados que triunfan en X tampoco se cortan en este sentido. «Ayuso, con mirada y sonrisa de chulapa madrileña se está comiendo el debate sin despeinarse«, publicó el 21 de abril de 2021 LaLupaJudicial. Esta no fue la única vez que este perfil se posicionó a favor de la presidenta madrileña. «Si eres novio de Ayuso ten cuidado. Para ti no habrá presunción de inocencia. No serás presunto defraudador, serás un defraudador. Es lo que tiene ser pareja de Ayuso«, argumentó en marzo de 2024, durante la investigación por un posible delito de fraude fiscal contra Alberto González Amador. Los tuits en defensa del empresario y de la dirigente popular son habituales en su perfil, al menos, durante los últimos cinco años.

LEER ARTICULO COMPLETO

Víctor López     Periodista. Redactor de Vivienda. Escribe también sobre Memoria y Ultraderechas. Empezó cubriendo información local en Galicia y pasó por varias redacciones antes de aterrizar en ‘Público’.

Cuestionando al poder judicial

3 de septiembre de  04/09/2025 16:00 h

El poder judicial en la Carta Magna de 1978 es un poder democrático en su ejercicio, pero no en su constitución. Es un poder al que se accede mediante un procedimiento de cooptación, que no es ni puede ser en ningún caso un procedimiento de adquisición de legitimidad democrática, ya que en él no interviene el único órgano constitucional que puede transmitir la legitimación democrática que son las Cortes Generales, ya que es el único órgano que la recibe directamente del “pueblo español”, único titular originario de dicha legitimidad. Todos los demás órganos constitucionales reciben la legitimidad democrática de las Cortes Generales.

Eso no ocurre con los “jueces y magistrados que integran el poder judicial” (art. 117.1 CE). Las Cortes Generales no intervienen en el acceso de los jueces y magistrados a la carrera judicial.