Las claves que explican por qué las demoras se han disparado en la sanidad

Lidia (nombre ficticio para preservar su anonimato) lleva tiempo con dolor intestinal sin un diagnóstico claro. Lo que hace años le habría indignado, hoy no le sorprende: le han dado cita para un TAC dentro de seis meses. A Silvia (también nombre ficticio) le ocurrió algo parecido. Llevaba medio año esperando una consulta en el hospital, programada para abril. Hace pocos días recibió un escueto SMS: «Por motivos del centro, su cita en digestivo continúa pendiente de asignar nueva fecha y hora. Lamentamos las molestias». Ni Lidia ni Silvia son casos aislados. España cerró el año pasado con la misma asignatura pendiente: las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Este cuello de botella crónico sigue siendo uno de los principales lastres del sistema sanitario público.

Los datos lo confirman. Como apunta el Ministerio de Sanidad, en la última década, las listas de espera quirúrgicas han crecido un 65%, con cerca de 850.000 personas pendientes de pasar por quirófano. En consultas externas, 81 de cada 1.000 pacientes aguardan una primera visita con el especialista hospitalario, con demoras medias que superan los 100 días. Y, de acuerdo con el último informe del Barómetro Sanitario de 2025, en Atención Primaria casi una de cada cuatro personas reconoce tener dificultades para conseguir cita, con una espera media que ronda los nueve días. 

«El problema de las listas de espera en España es estructural y responde a múltiples causas», explica Julián Manuel Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta y especialista en gestión sanitaria. En palabras del experto, el fenómeno refleja una combinación de infrafinanciación, falta de personal, un modelo asistencial que sobrecarga la Atención Primaria y una marcada desigualdad organizativa entre territorios. 

¿Dónde se atasca la sanidad pública?

¿Qué está fallando? Domínguez apunta a cuatro grandes factores. El primero, la financiación y la capacidad «insuficientes». «España sigue por debajo de la media europea en gasto sanitario y arrastra déficit de especialistas en áreas clave, lo que mantiene quirófanos y consultas funcionando al límite, incapaces de absorber la demanda», valora. El segundo elemento es demográfico: el envejecimiento y el aumento de enfermedades crónicas. «Una población más longeva y pluripatológica implica más intervenciones, más revisiones y más pruebas diagnósticas, mientras la oferta asistencial no ha crecido al mismo ritmo». 

Julián Manuel Domínguez: «La presión política por contener el gasto y la fragmentación autonómica favorecen a las listas de espera estructurales»

En tercer lugar, señala la «limitada» productividad de los recursos disponibles: quirófanos infrautilizados, escasa actividad estructural por las tardes y dificultades para cubrir turnos por la falta de profesionales. El cuarto factor tiene que ver con los incentivos y la gobernanza. «La presión política por contener el gasto y la fragmentación autonómica favorecen que se asuman listas de espera estructurales en lugar de ajustar la capacidad de forma proactiva».  

Para el experto, «no es solo cuánta cirugía se hace, sino cómo entra y circula el paciente por el sistema». Y ahí emergen nuevas grietas. La primera, una puerta de entrada saturada: «Los retrasos en Primaria dilatan derivaciones, agravan cuadros clínicos y desplazan presión hacia urgencias y hospitalización». A esto, dice, se agregan las demoras en la primera consulta especializada y la limitada capacidad resolutiva de la Primaria. «La falta de tiempo por paciente, el acceso restringido a pruebas diagnósticas y plantillas insuficientes empujan a derivaciones más frecuentes por prudencia, incrementando el flujo hacia el hospital». 

De acuerdo con el razonamiento de Domínguez, el mapa se completa con desigualdades territoriales. «Para un mismo proceso, los tiempos varían entre comunidades y hospitales, en función de su organización, el recurso a actividad extraordinaria o la colaboración con la sanidad concertada». En conjunto, dibuja un fallo de diseño del circuito asistencial: «Una Atención Primaria que no actúa como filtro resolutivo, consultas especializadas que no se priorizan como las quirúrgicas y una planificación que carece de visión integral del itinerario del paciente».

Manuel Martín, médico de familia y presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), también traslada a Público su lectura. A su parecer, el sistema sanitario arrastra un sesgo de origen: está orientado a tratar la enfermedad más que a prevenirla. «Actúa cuando el daño ya se ha producido, no antes». Martín argumenta que esa lógica evidencia una «falta de integralidad real», pese a que el modelo teórico apueste por la promoción de la salud.

Relacionado con este tema : El gigante sanitario que quiere lucrarse subiendo las listas de espera hace negocio en España,  El grupo francés Vivalto Santé es el dueño de Ribera Salud,  con una red de 70 sociedades                Begoña P. Ramírez

Manuel Martín, FADSP: «Las consecuencias de las largas listas de espera son retrasos en diagnósticos y tratamientos»

El Hospital de Torrejón es un centro público, aunque lo gestiona Ribera Salud en virtud de una concesión de 30 años. Fue inaugurado en 2011 y da servicio a una población de unos 150.000 habitantes de la zona este de Madrid, el pago por habitante asignado (población de referencia) suele situarse en un rango que, para centros similares de gestión privada en Madrid, ronda los 700 euros por habitante al año. aunque también debe atender a cualquier paciente de otras áreas de la comunidad en virtud del sistema de libre elección sanitaria con un canon muy superior  implantado por Esperanza Aguirre.

El negocio es realmente sorprendente, los ciudadanos pagamos y los politicos recogen sus extraordinarias comisiones durante 30 años.

• Canon per cápita aproximado: En el contrato de concesión original y sus actualizaciones, el pago por habitante asignado (población de referencia) suele situarse en un rango que, para centros similares de gestión privada en Madrid, ronda los 700 euros por habitante al año/ durante 30 años 
• Facturación y «Rescates»: En 2025, el Gobierno regional aprobó un pago extraordinario o «rescate» de 33 millones de euros para el centro con el fin de compensar desviaciones en la gestión y costes acumulados.
• Deuda y Reclamaciones: A finales de 2024, la empresa gestora reclamaba a la Comunidad más de 44 millones de euros pendientes de cobro por liquidaciones de ejercicios anteriores (2021-2023).
• La filial española, que facturó 792 millones de euros en 2024, compró ese año ocho centros sanitarios en Aragón, Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana.
• Contexto del gasto: El gasto sanitario medio por cada madrileño en la sanidad pública general fue de 1.414 € en 2024, aunque esta cifra incluye todos los niveles asistenciales 
• Vivalto Vié Spain que, tras comprar Gero Residencias Solimar en 2020, gestiona más de 1.200 plazas en siete centros de mayores en la Comunidad Valenciana. 

• Las Residencias son otro de los grandes negocios basados en el espolio a los ciudadanos en España

El especialista distingue entre listas de espera estructurales y no estructurales. Estas últimas, aclara, incluyen a pacientes que rechazan derivaciones a centros concertados por desconfianza o que padecen problemas considerados poco programables. Pero también abarcan un grupo mucho más amplio: entre un 30% y un 40% —o incluso más— de personas que salen de la consulta sin saber cuándo serán atendidas, cuándo recibirán una prueba diagnóstica o cuándo podrán ver a un especialista hospitalario. ¿Las consecuencias? «Retrasos en diagnósticos y tratamientos, ya sean farmacológicos, terapéuticos o quirúrgicos, con el consiguiente impacto en la evolución de las patologías y riesgo en la calidad de vida de los pacientes«.

El primer paso para descongestionar las listas

El pasado 16 de febrero, el Ministerio de Mónica García dio el primer paso formal para abordar este agujero negro. Ese día abrió el trámite de consulta pública previo a la redacción de un nuevo Real Decreto con el que pretende «unificar y modernizar» la forma en que se recoge y publica la información sobre demoras en el SNS. Desde el departamento explican a Público que se trata del primer eslabón para afrontar el problema.

Reconocen que la norma vigente solo mide las listas en el ámbito hospitalario y deja fuera los tiempos de acceso a Atención Primaria. En un contexto de aumento de la demanda y de impacto creciente sobre la salud de la población, apuntan, es imprescindible contar con métricas estatales que hasta ahora no existían. «Es difícil gestionar aquello que no se mide con precisión», enfatizan. La iniciativa aspira a reconstruir el recorrido completo del paciente: desde que solicita su primera cita en el centro de salud hasta que recibe el tratamiento definitivo, ya sea en Primaria o en el hospital —ambulatorio o quirúrgico—. «El objetivo es que cada uno de los pasos clave quede registrado con criterios objetivos, auditables y comparables entre comunidades autónomas».

Fuentes del Ministerio de Sanidad: «No buscamos generar más información, sino que sea comprensible, comparable y realmente útil»

«No se trata solo de contar cuántos esperan, sino también de saber qué ocurre con cada caso». El nuevo sistema deberá recoger cuántos pacientes salen de la lista y por qué motivo: atención recibida, incomparecencias, renuncias o reprogramaciones. Según la cartera de García, la norma quiere corregir las actuales diferencias en la interpretación y aplicación de criterios entre territorios. «No buscamos generar más información, sino que sea comprensible, comparable y realmente útil», subrayan. Los datos deberán publicarse, al menos, con carácter trimestral. Además, se plantea reforzar los portales del paciente para facilitar cambios de cita y la comunicación de incidencias. 

La modernización del sistema figura en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. En la primera mitad de 2024, el secretario de Estado de Sanidad ya situó la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas como uno de los ejes de la agenda sanitaria. El proceso arrancó formalmente en abril de 2024, cuando el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS aprobó la creación del Grupo de Trabajo de Listas de Espera. En su seno se constituyeron cuatro subgrupos temáticos integrados por técnicos y expertos designados por las propias comunidades, junto al equipo coordinador estatal. «Las propuestas que emanen de estos trabajos serán analizadas por el grupo y, posteriormente, elevadas al Pleno del Consejo Interterritorial para su aprobación definitiva», concluyen.

Las reforma necesita algo más

Los especialistas consultados para este artículo lucen escépticos ante la iniciativa de Sanidad. Ven útil mejorar la fotografía del problema, pero dudan de que, por sí sola, sirva para acortar las colas. Manuel Martín considera que perfeccionar los sistemas de medición no resolverá el atasco si no se acompaña de cambios de fondo. «Hacer más precisa la medición no reducirá las listas. El primer paso sería transparentarlas por completo y eliminar las llamadas listas no estructurales», opina. El obstáculo, completa, es político: acusa a los gobiernos autonómicos de no rendir cuentas suficientes y de ofrecer datos que, en su opinión, no reflejan toda la realidad.

En una línea bastante parecida se expresa Julián Manuel Domínguez. «Medir mejor es condición necesaria, pero claramente insuficiente». Entre los posibles efectos positivos de la reforma, destaca tres. Primero, permitir comparaciones reales entre comunidades autónomas, hoy dificultadas por criterios distintos a la hora de incluir pacientes o registrar suspensiones. Segundo, avanzar hacia un análisis más fino de los flujos: no solo cuántos esperan, sino por qué se generan los cuellos de botella. Y tercero, obligar a visibilizar ámbitos tradicionalmente relegados, como Atención Primaria o salud mental, que quedarían incorporados al sistema estatal de información. 

Julián Manuel Domínguez: «El SNS ya dispone de buenos sistemas de información en otras áreas; el problema es cómo se usan»

Sin embargo, advierte de que la norma puede quedarse en una mejora «cosmética» si no va acompañada de decisiones políticas más ambiciosas. El riesgo, dice, es lograr una imagen más nítida sin cambiar la realidad. Entre los peligros que señala están la falta de compromisos de capacidad —más recursos y reorganización—, la ausencia de garantías homogéneas de tiempos máximos entre territorios y la posibilidad de que los datos no se traduzcan en decisiones vinculantes. «El SNS ya dispone de buenos sistemas de información en otras áreas; el problema es cómo se usan», deja caer. 

Bajo su mirada, reducir de verdad las listas exige reformas estructurales. Entre ellas, reforzar Atención Primaria como eje del sistema «con financiación finalista estable, más plantillas y mayor acceso directo a pruebas diagnósticas». También plantea gestionar los tiempos de acceso de forma integrada, «con objetivos vinculantes desde la primera cita en Primaria hasta la resolución del proceso». A esto añade planes de capacidad a medio plazo —dimensionar quirófanos, camas y agendas en función de la evolución demográfica y epidemiológica— y cambios en la gobernanza: «Vincular parte de la financiación a indicadores de acceso ajustados por complejidad social, para evitar que las zonas más vulnerables acumulen más demora«.