Dirigido a todos los afiliados a la seguridad social en España
¡ LA SEGURIDAD SOCIAL ES DE TODOS LOS CIUDADANOS !
UN CLARO MENSAJE A LOS 22 MILLONES DE AFILIADOS
Queremos ser ROTUNDOS y TAJANTES en este punto, que es la base de todo:
LA SEGURIDAD SOCIAL NO LA PAGAN NI EL GOBIERNO CENTRAL, NI LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, NI MUCHO MENOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
La financian USTEDES, los trabajadores.
Nuve 2 de Diciembre de 2025
Nos dirigimos a ustedes, los cerca de 22 millones de trabajadores que, día a día, sostienen con su esfuerzo el sistema de protección social más importante de nuestro país
Apreciados Afiliados a la Seguridad Social en España:
Nuestra inversión colectiva ha dado sus frutos. El sistema sanitario español, parte esencial de la Seguridad Social, es reconocido a nivel global por su excelencia:
Según el informe Bloomberg, que analiza 200 sistemas sanitarios, el español es el tercer sistema de salud más eficiente del mundo, solo superado por Hong Kong, seguida de Singapur (2), España (3), Italia (4), Corea del Sur (5)
Este logro no es una dádiva política,
sino la consecuencia directa de las aportaciones obligatorias de la población trabajadora.
¡QUE NO QUEDEN DUDAS! ¿QUIÉN PAGA REALMENTE LA SEGURIDAD SOCIAL?
Con 21.838.253 afiliados al 2 de diciembre de 2025, el sistema se mantiene íntegramente gracias a la aportación de parte de sus nóminas, como la cotización por contingencias comunes (la cotización 4,70% en 2025).
LA NÓMINA DE LOS CERCA DE 22 MILLONES DE TRABAJADORES CORRESPONDE AL ESFUERZO, AL SACRIFICIO Y AL TRABAJO DE CADA UNO DE NOSOTROS.
Ante las acciones de ciertas Comunidades Autónomas que están privatizando, mas o menos oculto como administración externa.
La externalización o la venta de servicios sanitarios o sociales, actuando como si fuesen propietarios, debemos recordarlo:
Lo que se paga con el esfuerzo y el dinero de los ciudadanos, no puede ser vendido o privatizado por la administración de turno.
La Seguridad Social es un PATRIMONIO DE LOS CIUDADANOS. Los recursos y la infraestructura generados por su cotización pertenecen a la ciudadanía y son un derecho social, no una mercancía que pueda ser enajenada por intereses partidistas o regionales.
Los afiliados somos los únicos dueños y garantes de este sistema de protección.
UN POCO DE HISTORIA
Un Mensaje para los 22 Millones de Afiliados
¡La Seguridad Social es Nuestra!
Apreciados Afiliados a la Seguridad Social en España:
Nos dirigimos a ustedes, los cerca de 22 millones de trabajadores que, día a día, con su esfuerzo y dedicación, sostienen uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad: la Seguridad Social.
En la seguridad social no hay derechas, ni izquierdas, la pagamos entre TODOS con una parte de nuestras nominas
Nos la están robando descaradamente a través de las privatizaciones y comisiones desproporcionadas.
Explico de forma sencilla, lo que están haciendo para que lo entienda incluso la Sra. Ayuso
Es el momento de tomar parte activa, crear una Asociación de afiliados a la seguridad social que controle por medio de un superordenador de forma matemática y carente de ideologías cada céntimo; de esta forma si hay cambios políticos, no afectara a los ciudadanos
Un Sistema de Calidad Mundial
Es motivo de orgullo recordar que el sistema de salud español, elemento clave de nuestra Seguridad Social, está catalogado como uno de los más eficientes a nivel global.
La Realidad de la Financiación: Quién Paga la Seguridad Social
En un contexto de debate público, es crucial dejar un punto claro y sin ambigüedades:
La Seguridad Social no la pagan ni el Gobierno, ni las Comunidades Autónomas, ni los partidos políticos.
El sistema se sostiene y se financia gracias a la aportación directa de todos los trabajadores en activo. Es el porcentaje de nuestras nóminas —como la cotización por contingencias comunes (4,70% en 2025)— lo que garantiza el funcionamiento de las pensiones, las prestaciones por desempleo, la sanidad y otras ayudas esenciales.
La nómina de los 22 millones de trabajadores afiliados corresponde al esfuerzo y al trabajo de cada uno de nosotros.
El nivel de excelencia se ha conseguido lentamente , no es una improvisación ,pero con paso firme:
- En 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión
La propia institución de la Seguridad Social tiene su antecedente en el Instituto Nacional de Previsión creado en 1908 para, entre otros fines, «administrar la mutualidad de asociados» y «estimular y favorecer» la práctica de pensiones de retiro. Es decir, el antecedente de las pensiones de jubilación.
- En 1919, se crea el primer seguro obligatorio se introdujo por primera vez en España ,una ley que obligaba a trabajadores y patronos a cotizar para la vejez.
- En el período de 1932 a 1935, el gobierno de la II República encargó al Instituto Nacional de Previsión la elaboración de un proyecto de unificación y coordinación de los seguros sociales preexistentes, que no se aplicó por el golpe de Estado de Franco y la posterior guerra civil
- 1942: Se implanta el Seguro Obligatorio de Enfermedad, que cubría la asistencia sanitaria en casos de enfermedad y maternidad para «todos los productores económicos débiles».
- En 1963 se aprobó la La Ley de Bases de la Seguridad Social que benefició a los trabajadores y sus familiares
- Junto con otra de 1966 y la Ley General de la Seguridad Social de 1974, «se unifican e integran los distintos seguros sociales y emerge un nuevo sistema de Seguridad Social
- El 1 de enero de 1967 comienza el nuevo sistema de Seguridad Social.. ,Bajo este sistema, quienes tenían acceso a los beneficios de la Seguridad Social eran principalmente los trabajadores por cuenta ajena o propia, funcionarios y estudiantes, por lo que sólo se beneficiaban los trabajadores que cotizaban, sus familiares y estudiantes.
- 1978: La Constitución española establece un régimen público de Seguridad Social «para todos los ciudadanos». La seguridad social universal en España se instauró a través de un proceso evolutivo, no por una sola persona,
- Con hitos clave en la Constitución y la Ley General de Sanidad de 1986. aprobada por el gobierno de Felipe González, fue fundamental para universalizar la asistencia sanitaria, un paso decisivo hacia la universalidad.
- 1994: Efectivamente, en 1994 se aprobó en España el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que consolidó y actualizó toda la normativa anterior, dando lugar al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), con el gobierno de Felipe González, un hito clave en la legislación social española. vigente actualmente.
- A partir de mayo de 1996: José María Aznar López (PP) se convirtió en Presidente tras ganar las elecciones , marcando el inicio del declive de la Sanidad Publica
- Cuando en 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, aún en vigor, el legislador no alcanzó a prever hasta qué punto iba a pervertirse el espíritu de esta normativa que, si bien abrió la puerta a los conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, dejaba muy claro en su artículo 90 los límites de los mismos.
- En efecto, los puntos 1 y 2 del citado artículo recogen la apertura a los conciertos con entidades privadas, siempre y cuando las administraciones públicas prioricen “la utilización optima de sus recursos sanitarios propios” y “cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo”.
De izq. a dcha. Aguirre, Lamela, Güemes, Burgueño, Lasquetty y Ayuso.
Defendamos Nuestra Inversión
Invitamos a todos los afiliados a ser conscientes de su poder como propietarios y a exigir la máxima responsabilidad, transparencia y respeto en la gestión de este derecho fundamental.
¡Defendamos lo que es nuestro!
Los afiliados somos los únicos dueños y garantes de este sistema de protección, Y COMO TALES VAMOS A TOMAR UNA DECISION QUE CREARA SEGURIDAD.
- Pues bien, en las últimas tres décadas, la Comunidad de Madrid se ha convertido en el laboratorio de pruebas de la privatización sanitaria española y ni la racionalización del gasto, ni la eficacia, ni la eficiencia, han justificado el modelo neoliberal impulsado por la derecha en la región, salpicado incluso con episodios de corrupción que han extendido un halo de sospecha por presuntos casos de cohecho y prevaricación.
Así se expone en el informe elaborado por UGT Madrid “La privatización de la gestión y provisión de los servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid” que analiza los distintos modelos de gestión privada implantados por los gobiernos de Gallardón, Aguirre y ahora Díaz-Ayuso, a cuyo mandato se suma la terrible crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
Pero en Madrid, la colaboración en el ámbito sanitario entre empresas privadas y el sector público se inició incluso mucho antes, hace más de 65 años, cuando en 1955, el Instituto Nacional de Previsión, gestor por aquel entonces de las prestaciones de la Seguridad Social, firmó un concierto con la recién inaugurada Clínica de la Concepción para la prestación de atención sanitaria a los beneficiarios de la Seguridad Social. En 1963 la Clínica de la Concepción se convertiría en la Fundación Jiménez Díaz y en el año 2002, después de ser adquirida por IDC-Grupo Capio Salud, en una Unión Temporal de Empresas. Actualmente pertenece a la multinacional Fresenius Hellios.
Durante la década de los 80, los hospitales públicos de Madrid eran de gestión directa y todo su personal era también público. Pero, al poco, empezaron a externalizarse parte de los servicios no sanitarios como la cocina, limpieza, mantenimiento y vigilancia -refleja UGT en su informe-, abriéndose así la veda a lo que vino después en una carrera por la privatización que fue despejada por el Gobierno de Aznar.
Aznar, Beccaría y Feijoó sientan las bases
En 1996, pocos meses después de llegar a La Moncloa, el Gobierno de Aznar, con José María Romay Beccaría como ministro de Sanidad y Alberto Núñez Feijoó a cargo del INSALUD, aprobó el Decreto 10/1996, de 17 de octubre, que sentó las bases del modelo de gestión sanitaria en España (privada, claro). Dicho decreto fue reforzado por la ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, cuyo reglamento, Real Decreto 29/2000, se aprobó 3 años después.
Con el respaldo de esta base legal estatal, la Comunidad de Madrid estrenó a lo grande la asunción de las transferencias sanitarias que se hicieron efectivas en 2002. Con el entonces Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, y con José Ignacio Echániz, “ideólogo de las privatizaciones del PP”, afirma UGT en su informe, se aprobó la LOSCAM, Ley 12/2001 de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que posibilitó la integración en la red pública de proveedores privados. Es decir, el dinero era público pero la provisión era privada.
Al amparo de la ley estatal de 1997, la Comunidad de Madrid habilitó dos hospitales con personalidad jurídica y patrimonial propia, la Fundación Hospital de Alcorcón y la Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada.
Con la llegada de Esperanza Aguirre en 2003 a la presidencia de la Comunidad arrancó la primera gran ola de privatizaciones (2003-2008). Fue la época de los hospitales de concesión de obra pública, el modelo conocido como PFI. Siete son los hospitales con este modelo de gestión: Hospital Infanta Sofía, Hospital Infanta Leonor, Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, Hospital Infanta Cristina, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo.
Esta privatización corrió a cargo del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, conocido por la persecución de los médicos del hospital Severo Ochoa (entre ellos, el doctor Luis Montes) y el encargado de adjudicar estos contratos. Posteriormente, en 2010 entró a formar parte del Consejo de Administración de una de las empresas adjudicatarias de estos contratos, el Hospital del Tajo, cuyo propietario estuvo además investigado por la Gürtel.
Actualmente Lamela, como Aguirre, están siendo investigados en el ‘caso Púnica’ por financiación ilegal del PP de Madrid. Además, COFELY SA, una de las empresas que forman parte de la Sociedad Concesionaria del Hospital Infanta Sofía, otro de los contratos adjudicados durante este mandato, también está siendo investigada en esta misma causa.
La concesión de obra pública para la construcción de hospitales se llevó a cabo gracias al Plan de Infraestructuras Sanitarias (2004-2007) aprobado por el gobierno regional. “En esta forma de gestión se encomendaba a una empresa privada (o UTEs) la construcción del hospital a cambio de un canon, mediante el que se abonaba la amortización del coste de construcción, así como los servicios complementarios prestados (asistencia no sanitaria del hospital) y se cedía la explotación de los espacios comerciales mediante una concesión realizada por 30 años”, refleja UGT en su informe.
Los costes de este modelo sanitario fueron superiores a los del resto de formas de gestión directa. El canon anual de los siete hospitales en el año 2008 ascendió a 113 millones de euros, en 2017 ese canon se había incrementado un 23%.
En 2006 se crean las empresas que van a gestionar las prestaciones sanitarias de seis de los siete hospitales con concesión de obra pública.
Las Uniones Temporales de empresas (UTEs) fueron inicialmente constituidas por constructoras, inmobiliarias, empresas privadas de gestión sanitaria y entidades bancarias. A lo largo de los años, estas empresas han ido vendiendo sus activos o siendo absorbidas por otras empresas.
Fuente: UGT
Entran en escena Güemes, Lasquetty y Burgueño
En 2007, Juan José Güemes sucede en el cargo a Manuel Lamela, y como él, acabará en un consejo de administración de una de las empresas beneficiadas por la privatización sanitaria en Madrid. Güemes también esta siendo investigado por la Púnica.
Comienza la segunda ola de privatizaciones (2007-2011) con la concesión de servicios públicos sanitarios y la aprobación del nuevo Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011.
Ese mismo año, se nombra a Antonio Burgueño como Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid. Antes “había sido Director Asistencial de ADESLAS, precursor del modelo Alzira en la Comunidad Valenciana, responsable del proyecto del Hospital de la Ribera desde su gestación hasta su apertura (Ribera Salud); y asociado a la empresa sueca CAPIO con la que colaboró en la apertura del Hospital Infanta Elena en la Comunidad de Madrid”, recoge el sindicato en su informe.
Durante el mandato de Burgueño, todas las adjudicaciones de concesiones de servicios en hospitales que se realizan se adjudican a empresas vinculadas a su trayectoria profesional (IDC, CAPIO, UNILABS, perteneciente a Ribera Salud…).
Tras la marcha de Aguirre en 2012, su sucesor Ignacio González (imputado en Lezo) mantiene a Fernández-Lasquetty en la consejería de Sanidad. En 2013, bajo su mandato, se aprueba el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, por el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, “quiere dar un paso definitivo en la privatización de la asistencia sanitaria”, con la vista puesta en los centros de salud y en medidas como el copago farmacéutico.
Fernández Lasquetty
Es la gota que colma el vaso y que origina la ‘Marea Blanca’, una etapa de protestas y movilizaciones ciudadanas impulsadas por decenas de organizaciones y colectivos del ámbito sanitario, la misma que ha vuelto a resurgir con nuevas protestas en las calles en la precampaña a las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid.
Se suceden las demandas judiciales, pero el Gobierno del PP mantiene su calendario de acción con convocatorias para la concesión de servicios de asistencia sanitaria pública a los hospitales PFI y adjudicaciones a las sociedades concesionarias.
No es hasta septiembre de 2013 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspende el proceso de licitación y privatización de parte de la sanidad pública madrileña.
Durante la legislatura 2015-2019, los conciertos con entidades privadas se incrementaron un 300%
Los reveses judiciales y las continuas movilizaciones fuerzan la dimisión de Fernández-Lasquetty en enero de 2014. El dirigente popular regresaría después a la sede de la Comunidad de Madrid con la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El siguiente en caer será Antonio Burgueño, al que Díaz-Ayuso vuelve a rescatar como asesor en los primeros meses de la pandemia en 2020, y cuya hija protagonizará el escá cuya hija protagonizará el escándalo en la gestión de la medicalización de las Residencias.
Antonio Burgueño: un fichaje provocador
En abril de 2014 se pone fin al procedimiento de la concesión de servicios públicos de la asistencia sanitaria de los PFI, dando lugar a una demanda a judicial por parte de las empresas adjudicatarias por los perjuicios ocasionados que será estimada en parte por los tribunales.
A finales de ese año, se destituye por la gestión del ébola a Francisco Javier Rodríguez, el sucesor de Lasquetty al frente de la consejería de Sanidad, que queda a cargo de Javier Maldonado, a su vez destituido seis meses más tarde por Jesús Sánchez Martos.
“Por tanto, este intento de la privatización de la asistencia sanitaria madrileña va a concluir en la peor crisis de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que en poco más de un año van a ser nombrados y/o cesados cuatro consejeros de sanidad y un presidente autonómico”, señala UGT.
Una sentencia del TC de 2015 y la ley 9/2015 deriva en 2016 con la extinción de las empresas públicas creadas para la gestión sanitaria de los hospitales PFI.
En los dos siguientes años, la estabilidad política en el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa. Dimite Sánchez Martos y le sucede el actual responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En la Presidencia se van a suceder Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Díaz-Ayuso.
Comienza la etapa de oligopolio de la asistencia sanitaria con un fondo de inversión holandés (multinacionales CETENE y DIF).
Privatizaciones en pandemia
Lo que ha pasado después ya lo tenemos más reciente. En 2020, bajo el Gobierno de Ayuso, estalla la pandemia. Los recortes de años anteriores se hacen sentir. Se contratan con urgencia recursos sanitarios “a dedo”. Caos y drama en las residencias de mayores, con la hija de Burgueño, asesor a su vez de la presidenta madrileña, como responsable de la adjudicación de los servicios de una empresa de ambulancias.
Caos en la desescalada, falta de rastreadores suficientes, una atención primaria bajo mínimos… Llamada de urgencia a otro operador privado, el Grupo Quirón Salud, para la contratación de rastreadores.
Se adjudica a Indra y Telefónica el seguimiento de los contactos de la COVID (rastreo) y el estudio de la seroprevalencia (4.500 llamadas diarias a 2,9 euros cada una).
Construcción del hospital de pandemias Isabel Zendal con un coste que triplicaba al presupuesto inicial y sin personal propio.
La llegada de las primeras vacunas puso de nuevo en el ojo del huracán la gestión de Ayuso: no había suficientes profesionales. De nuevo, llamada a Cruz Roja y contrato de 800.000 euros para la vacunación, y otros 1,1 millones a Telefónica e Indra para las citas de las vacunas.
A día de hoy, siguen cerradas las urgencias de los centros de salud, un cierre decretado en marzo de 2020. UGT se teme que “la Comunidad de Madrid podría estar fraguando el cierre definitivo de estos centros para sustituirlos por una nueva privatización, sustituyéndolo por alguna contrata de transporte sanitario”.
En suma, 24 años de ‘negocio’ sanitario en Madrid, que seguirá avanzando si no se cambian las actuales políticas puestas en marcha por la derecha.
A
mpliaremos información en nuestro próximo numero, aclarando el porque la privatización de la sanidad publica es la segunda mayor estafa al contribuyente , cercana al caso