El operativo se valió de hasta 11 policías diarios que no fueron destinados a la lucha contra el crimen sino a espiar a la familia de Luis Bárcenas, quien había entrado en prisión preventiva el 27 de junio de 2013, por orden del Juzgado Central de Instrucción 5 en el curso de la investigación por la contabilidad b del PP. El espionaje servía solo a intereses particulares del Partido Popular, que, sin embargo, no se sienta en el banquillo, al no admitirlo ni los jueces de la Audiencia Nacional ni la fiscalía Anticorrupción, por considerar la medida pedida por el PSOE fuera de plazo.

La llamada brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se dedicó presuntamente con dinero público a varias acciones ilícitas, como el espionaje a adversarios políticos para neutralizarlos (operación Catalunya) o a evitar que pruebas de la caja b del PP llegaran a la Justicia, que ya investigaba el caso Gürtel. Esto último fue la llamada operación Kitchen, que el lunes entra ya en la fase de juicio oral, con diez enjuiciados, entre ellos, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fue el máximo jefe de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Kitchen se alargó en el tiempo dos años, hasta 2015, pero las vigilancias más intensas se realizaron en el verano y el otoño de 2013, y habrían participado unos 70 policías y mandos. Pero pudieron ser más, porque la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía también participó en los seguimientos, según considera la Fiscalía, hasta finales de julio de 2013, cuando la UAI se solapó con el operativo de la UCAO, bajo el mandato de comisario Enrique García Castaño, para quien se ha archivado la causa por las secuelas de un ictus.

Las vigilancias afectaron al entorno de los Bárcenas, incluido el que entonces era su letrado, el exjuez Javier Gómez de Liaño, espiado, al menos los días 27 y 28 de febrero de 2014, consta en el sumario.

Los implicados trataban de evitar que la documentación que guardaba Bárcenas sobre la contabilidad opaca del partido llegara a la Justicia. Para ello, además de entrar ilegalmente en un estudio de pintura y de restauración de muebles de Rosalía Iglesias, donde suponían que el extesorero había ocultado documentación y grabaciones comprometidas, también neutralizaron a un informático que había sido compañero de prisión de Bárcenas y que tenía el encargo de este de eliminar unos archivos de audio, pero fue detenido según una inexistente causa judicial, abortando así la misión.

Todos los trabajos en la operación Kitchen tuvieron un coste para las arcas públicas, pero no se ha procedido a realizar la cuantificación por considerar la Audiencia Nacional que la medida pedida por el PSOE, que es acusación popular, era «extemporánea», es decir, estaba fuera de plazo.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de la confesión de los implicados en uno de los mayores escándalos políticos de la democracia junto a documentos esenciales para entender la Operación Kitchen.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como ‘Caso Kitchen’, que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel. 🔗 Lee más aquí: https://www.eldiario.es/1_c7c3aa ‘El juicio final a la operación Kitchen’ es un documental de elDiario.es narrado por Pedro Águeda.

La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen

La Audiencia Nacional tiene en su poder desde octubre de 2023 un informe de la la Policía que incluye las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal en las que queda de manifiesto la implicación de la secretaria general del PP en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Ni el anterior juez de la macrocausa contra Villarejo, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, adoptaron ninguna diligencia a partir del citado oficio policial, cuyo conocimiento ha sido hurtado estos dos años a las partes personadas en la pieza separada Kitchen.

Se trata del Oficio UAI (Unidad de Asuntos Internos) 3334/23 de 27 de octubre de 2023. En su página seis, el inspector jefe al frente de la investigación informa al juzgado de los audios que acompañan a su escrito. “La publicación consta de 18 carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer, otros que a continuación se enumeran, de los que se adjunta como Anexo 01 los denominados MDCospedal, para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7) por parte de su autoridad”. Esa valoración que solicita el policía nunca se hizo. 🔗

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