La justicia española se entierra a si misma
En España no existe la separación de poderes. De hecho, Europa lleva más de una década advirtiéndonos de ello y amenazando con tomar medidas.
La separación de poderes no existe,
Entonces, si no existe la separación de poderes… ¿Por qué quieren que pensemos que sí?, ¿Por qué un partido acusa al otro – día sí, día también de atentar contra la separación de poderes?.
El Juicio al Fiscal General del estado lo ha dejado claro
SE PUBLICA LA SENTENCIA FISCAL ORTIZ.
PALLÍN ADVIERTE 3 IRREGULARIDADES TS Y ABSOLUCIÓN
¡NO ESTÁ PROBADO!
Todos los españoles quedamos al descubierto de la Ley.
Ciertos jueces pueden acusarte de cualquier cosa y después inventaran el porque te acusan, buscaran pruebas o las crearan. lo vivimos durante la dictadura y ha vuelto.
9 dic 2025
En solidaridad con el Fiscal General del Estado Don Álvaro García Ortiz.
La Asociación Defiéndete en Derecho ha sido constituida por decenas de personas procedentes de diferentes sectores de la sociedad civil, preocupadas por la deriva prolongada de la Justicia que afecta a la confianza y credibilidad de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.
Observamos una reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la administración de justicia, así como una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político. Nos preocupa, por ello, la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del parlamento. Tenemos la misma sensación cívica de desprotección e impunidad ante evidentes excesos judiciales, aunque puntuales, con gran trascendencia pública.
Todo eso puede conducir a situaciones en las que cualquiera se puede llegar a ver, no solo concernido, sino implicado. Por lo que nos parece necesario participar en la defensa cívica del Estado de Derecho y de sus garantías jurídicas constitucionales.
Fiel a estos principios, y sin entrar en ninguno de los aspectos jurídico-procesales que están incursos en el Tribunal Supremo, nuestra asociación no alcanza a comprender como un secreto revelado, en primer lugar, por un obligado tributario, pueda dar lugar a la investigación de una supuesta filtración de algo que, tras esa revelación del propio interesado, había dejado de ser secreto. Ese obligado tributario mantiene un conflicto con la Administración de Hacienda y la de Justicia, y es el primero en comunicar públicamente una supuesta negociación con la fiscalía competente ante la potencial imputación de un delito fiscal que reconoce haber cometido. Resulta difícil comprender que todo ello pueda transformarse en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado precisamente por el contribuyente afectado por esa investigación.
Menos podemos comprender aún el impacto mediático y político permanente de presiones para conseguir la dimisión del Fiscal General del Estado, transformando la mera defensa de la verdad, para proteger esa institución del estado de derecho, en un galimatías procesal impropio del principio esencial del derecho penal, que no puede ser otro que la búsqueda material de la verdad.
Y la verdad, como la justicia, no pueden ser objeto de oscuras manipulaciones mediáticas, políticas o procesales. Por la mera razón de que por ello, dejan de serlo como valores éticos, perdiendo completamente su noción esencial en la protección de los derechos constitucionales que emanan de la voluntad popular.
En consecuencia, la Asociación Defiéndete en Derecho quiere solidarizarse con el Fiscal General del Estado, Don Álvaro García Ortiz, deseándole perseverancia y continuidad en el desempeño de sus funciones. Por todo lo anterior, abre el correspondiente pliego de firmas a toda la ciudadanía que desee apoyar este escrito.
Madrid, 20 de febrero de 2025
(Asociación inscrita en el registro de asociaciones de ámbito nacional del Ministerio del Interior)
ATADO Y BIEN ATADO , la justicia pierde credibilidad entre los ciudadanos
«Los jueces y fiscales administramos el poder judicial, no somos sus propietarios»