JUECES Y MEMORIA
Tras la muerte del dictador, el pueblo español, con su empuje y coraje, recuperó el sistema democrático. Pero lo hizo de una manera peculiar y mediatizado por los “poderes fácticos” que, desde los cuarteles y “despachos”, amenazaban con acabar con esa incipiente democracia.
De manera que, de los tres poderes que integran el Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), dos de ellos fueron renovados con el voto popular, pero el otro, el judicial, pasó de ejercer con el franquismo a ejercer con la democracia. No hubo ninguna intervención de la ciudadanía para renovarlo y esa casta, porque es una casta, perdura en el tiempo.
La renovación, lógicamente biológica, no se compadece con la renovación ideológica. Quienes siguen dominando los “resortes” de ese poder judicial son los mismos, que algunos quedan, o los hijos, sobrinos o parientes de los anteriores. El acceso a la carrera judicial ha sido un “coto cerrado” en el que es complicado entrar si no eres “socio”.
Es evidente que entre los casi cinco mil jueces hay personas demócratas y que cumplen con su misión constitucional, pero rara vez llegan a los puestos claves de la judicatura. Rara vez nos encontramos con una persona de talante progresista en la presidencia de una Sala del Tribunal Supremo, en la Presidencia de un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, de una Audiencia provincial… Pues estos son puestos elegidos por un “Órgano de Gobierno”, el Consejo General del Poder Judicial. Y en ese órgano, la derecha siempre ha procurado estar en posición de ventaja para que sean “los suyos” los que promocionen a los cargos vitales en el entramado judicial.
Tal vez lo que nos falla como sociedad sea la memoria. Por eso es bueno recordar (o hacerle recordar a los desmemoriados) que cuando se elaboró la Constitución y se estableció el modelo judicial en la misma, se intentó asimilarlo al de otros países y se introdujo, por consenso, el CGPJ.
Resultaba complicado para los grupos de izquierda oponerse a que existiera un órgano capaz de ejercer como “gobierno” de unos jueces provenientes del franquismo y que había sido un elemento más del régimen para el control y represión de la población. Cosa distinta es que, el “órgano” diseñado, fuese el más adecuado para la situación judicial española.
Sea como fuere, el artículo 122 de la Constitución estableció la composición del CGPJ, dejando al posterior desarrollo, por una Ley Orgánica, “la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.”
Esa ley, la 1/1980, ya dejó los primeros rasgos de “enfrentamiento posicional” entre la derecha y la izquierda que, minoritaria en las Cortes, no pudo impedir su aprobación. En ella se estableció que doce, de los veinte vocales, serían elegidos por los propios jueces y solo ocho por las Cortes Generales. Es decir, un órgano constitucional se dejaba en manos de quienes debía ser controlados por él. Una decisión que incrementaba el poder corporativista en detrimento de la representación parlamentaria.
COMISARIOS Era evidente que la derecha política y judicial, se aseguraba con esta ley el dominio del CGPJ para convertirlo en un instrumento de control de los futuros Gobiernos que desde la izquierda se pudieran constituir, pues se verían sometidos a las decisiones de los Tribunales del orden penal, contencioso-administrativo (que tienen en su mano revocar decisiones políticas tomada por el gobierno, sobre todo en el orden económico) y social, además del Tribunal Supremo, con una interpretación “conservadora” –cuando no reaccionaria- de las leyes. La idea, configurar una judicatura de abrumadora mayoría conservadora que, además, perduraría en el tiempo gracias al control del órgano que decide sus nombramientos, el CGPJ.
En 1985, el Gobierno de Felipe González elaboró el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, pero en la primera redacción del proyecto no se modificaba el modelo de 1980. Fue durante la tramitación parlamentaria cuando el Diputado Juan María Bandrés presentó una enmienda (conocida como la “enmienda Bandrés”) para que los vocales del CGPJ, en su totalidad, fuesen de extracción parlamentaria. Esta enmienda fue bien acogida y aceptada por el Grupo Socialista y se incorporó al texto de la Ley.
Pero esa Ley, la Orgánica 6/1985, no gustó al mundo judicial y, naturalmente, Alianza Popular, que tenía 107 diputados, presentó Recurso ante el Tribunal Constitucional. Era evidente que las derechas, tanto política como judicial (incluido el CGPJ, que realizó un informe durísimo contra ese apartado de la ley), abogaban por el corporativismo judicial que les asegurara en el tiempo el dominio del CGPJ y, por ende, de todo en entramado judicial.
Pero no contentos con el durísimo informe realizado, el CGPJ, planteó ante el Tribunal Constitucional un “conflicto positivo de competencias” frente a las Cortes Generales por “invadir éstas las competencias del Consejo por medio de una Ley”.
Como vemos, los miembros del CGPJ que “hicieron esta faena”, no le envidiarían nada a los actuales, ni a los anteriores de los actuales, ni a los anteriores de los anteriores.
Conociendo el “historial” del CGPJ es fácil entender que la presidenta actual se “rebote” por una crítica, más que justificada y cargada de razón, del Presidente del Gobierno.
Se entiende con facilidad que las asociaciones judiciales promuevan una huelga ilegal contra un Proyecto de Ley que pretende democratizar el acceso a la carrera judicial y que quita el “monopolio formativo” a un grupo de jueces, fiscales y magistrados, que dominan los “centros” en los que se preparan las oposiciones. Donde ocurren cosas tan curiosas como que unos “enseñan” y los “socios” examinan. ¡Y no digamos nada de la opacidad en los ingresos que esos “centros” generan!
Pero no quedan ahí las cosas. No, las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales llevan tiempo “trasteando” en las instituciones europeas para que esta dictamine que en España se conculca el Estado de Derecho y que existe una intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el Poder Judicial. Entre las peticiones que estas asociaciones han realizado, en consonancia y acuerdo con el PP, está que Bruselas sancione a España con la pérdida de los fondos europeos que le corresponden. ¡Todo un alarde de patriotismo!
No lo han logrado, pero no se dan por vencidas, hace unas semanas recurrieron a la “Comisión de Venecia”, Órgano Consultivo del Consejo de Europa que, recientemente, ha visitado España para reunirse con las partes implicadas, entre ellas el Gobierno.
Insisten las asociaciones judiciales, apoyadas por el PP, en ser ellas quienes elijan a los miembros del CGPJ, no les basta con dominarlo “por la puerta de detrás”, sino que tiene que quedar claro que son ellas las que mandan.
Defienden, en contra de la opinión mayoritaria del Congreso, ser ellas las que tengan la “última palabra” en los nombramientos.
El informe elaborado por el Gobierno para la Comisión de Venecia, recuerda que el modelo actual de elección de los vocales judiciales por el Parlamento se ratificó mediante un pacto de Estado firmado en 2001, bajo el mandato de José María Aznar, por los dos principales partidos (PSOE y PP), con el apoyo de todos los grupos nacionalistas y que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional.
A las asociaciones judiciales les repele que sean las Cortes, sede de la soberanía popular, las que garanticen que la pluralidad de la sociedad española se vea reflejada, también, en el órgano de gobierno de los jueces, en el CGPJ.
Por ello, cabe preguntarse si las “estrambóticas” actuaciones judiciales que estamos viviendo no formarán parte de ese juego sucio que las derechas, en todas sus vertientes, llevan a cabo para derribar al Gobierno.
Porque me huelo que la respuesta está meridianamente clara, se confabulan para derribar al gobierno. Solo falta que, en las próximas elecciones, el Programa Electoral del PP se limite a tres palabras: “Echar a Sánchez”.
Emulando a Juan de Mairena: “Toda una declaración de gobierno, casi un discurso de la Corona”.
«Los jueces y fiscales administramos el poder judicial, no somos sus propietarios»
«La Privatización de Servicios Públicos: ¿Un Robo Legal a los Ciudadanos?