Veamos algunas cuestiones llamativas de los casos judiciales más mediáticos.
La primera cuestión que sorprende es la aceptación a trámite de querellas basadas en “recortes de prensa”. Determinados Autos del Tribunal Supremo han expresado literalmente lo siguiente: “La jurisprudencia establece que el juez «puede y debe decretar la inadmisión de la querella (…) cuando no se ofrecen datos o elementos fácticos que indiciariamente pudieran aparecer como constitutivos de los delitos que se imputan en el escrito de querella, no sirviendo a este efecto la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación».
Bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos muy claros: El juez Peinado admitió a trámite la querella de las organizaciones ultraderechistas contra Begoña Gómez, con solo recortes de prensa, alguno de ellos manifiestamente falso, pues era a otra “Begoña Gómez” la persona afectada.
De igual manera, la jueza de Badajoz, Beatriz Biedma –admiradora de Vox- también basó la instrucción del caso contra David Sánchez en meros recortes de prensa.
En ambos casos, se ha indagado todo cuanto se ha podido ¿Investigación prospectiva? Para avanzar en la instrucción e intentar enviar a juicio a las personas afectadas.
La posibilidad de llevar a cabo una investigación prospectiva se encuentra absolutamente vedada por la doctrina y la jurisprudencia española. No obstante, ¿Cómo podemos calificar el hecho de investigar en la vida de una persona durante los últimos siete años intentando encontrar algo que permita intuir la existencia de un delito?
Una actuación que, en lo que afecta a la asistente de Begoña Gómez, “ignora” el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que, por un lado, limitaba los hechos a investigar y, por otro, establecía en un Auto: “Que el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer delito de prevaricación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión. Y que tampoco su superior cometería delito de malversación, porque para eso sería necesario que Cristina Álvarez cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada».
Pues a pesar de ello, Peinado erre que erre. Sabe que el CGPJ mira para otro lado y la Audiencia Provincial de Madrid, si acaso, le “reñirá con cariño”.
¡Y qué decir, del caso del Fiscal General!
Se desprecian las declaraciones como testigos de 6 periodistas que manifiestan “haber tenido el correo del novio de Ayuso bastantes horas, e incluso días, antes que el Fiscal General.
El argumento para ese “desprecio” es de traca: “No aportar las fuentes por las que lo obtuvieron”.
Una aberración más, pues los periodistas nunca revelan sus fuentes y el Derecho les ampara.
Siguiendo la consigna, el juez Hurtado hace los que puede.
También tenemos el “caso Koldo”, en el que un “pacto” con la fiscalía para que Aldama “cante” le pone en libertad ¡Un fraude de 182 millones de euros! Pero lo peor no es eso, es que la “canción” debía versar sobre un caso judicial diferente.
Pues ahí anda el tío, disfrutando de la vida y de lo defraudado y paseándose, de vez en cuando, por los platós amigos y en momentos oportunos.
Y, finalmente, veamos el caso de Santos Cerdán. Más de dos meses en prisión, nada se le ha descubierto en cuanto a patrimonio, cuentas corrientes o dinero en efectivo. Tras las vacaciones, el juez Leopoldo Puente encarga un informe a la UCO sobre el patrimonio de Santos Cerdán. ¡Pero si lleva más de dos meses en prisión! ¿No hubiese sido más apropiado encargarlo antes de privarlo de libertad? ¿O es que, tal vez, se ha utilizado la prisión provisional como elemento de castigo?
Porque la prisión provisional se encuentra entre las medidas cautelares encaminadas a asegurar la celebración del juicio con todos los medios de prueba posibles y la presencia del acusado y, también, a evitar la comisión de nuevos hechos delictivos por el investigado en cuestión.
No son medidas de castigo y no deben ser consideradas como tales. Su propósito no es castigar, sino solamente asegurar que se llegue a celebrar un juicio con todas las garantías y todos los medios de prueba, del que resulte una sentencia ajustada a ley que, valorando los hechos probados, condene o absuelva a los acusados. Y, también, impedir la reiteración delictiva, atendiendo a las circunstancias concretas del investigado y de los hechos puestos de manifiesto.
¿No habría sido suficiente con la libertad provisional, que es una limitación parcial de la libertad del investigado, o la imposición de fianza, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, o la retirada del pasaporte que impida la salida de España?
Finalizo con la duda de si, en España, algunos jueces no estarán aplicando el “Derecho penal del enemigo”. Porque esto, además de hacer política, es hartamente peligroso.
¿Qué razones y argumentos puede llevar a una persona para determinar quién es el “enemigo”?
Si seguimos la “doctrina” de la derecha española –en su amplia gama política-mediática-judicial-eclesiástica- no nos queda más remedio que entender que los “enemigos” somos millones de españoles que no “comulgamos” con sus ideas ni defensa de los privilegios de quienes se consideran dueños de España.
Es decir, poner en práctica ese eslogan de Feijóo: Llegar al Gobierno para “devolver España a los españoles”.
Es evidente que quienes gobiernan ahora y quienes apoyamos al gobierno, no somos españoles, sino simples “usurpadores” que les quitamos “su España”. Esa España de “Charanga y pandereta/ sagrado y sacristía/devota de frascuelo y de María…” que tan bien retrató Machado en sus poemas.
Pero pensando en estos jueces, en Feijóo y su “tropa”, se me vienen a la mente otros versos de Machado:
Mala gente que camina y va apestando la tierra…
EL RESPETO NO SE EXIGE, SE GANA.
 Rafael Valera.-8 de septiembre de 2025
Si alguien tiene la curiosidad, el tiempo y la paciencia, para hacer un repaso, aunque sea solo mental, de las noticias con las que, durante la última semana, los medios nos han invadido, convendrá conmigo que el término “respeto” ha sido de los más utilizados. Se exige respeto. Se denuncia la falta de respeto. Y, hasta en ocasiones se habla de tener mucho respeto. Pero… porque siempre hay un, pero. ¿Entiende todo el mundo por igual el significado de «respeto»? ¿Podemos exigir respeto para uno mismo o, para un colectivo, sin que haya reciprocidad en eso que se exige? ¿Cómo y de qué manera se falta el respeto a otra persona o colectivo? ¿No hay actuaciones con las que nos faltamos el respeto a nosotros mismos? Estas interrogantes, y algunas más, nos la podríamos platear todos/as antes de «pontificar» sobre la necesidad de mantener el respeto. Porque a veces se confunde la discrepancia, el desacuerdo y el debate, si se quiere apasionado, con la falta de respeto. Y no, no es exactamente igual. Porque la palabra «respeto», que proveniente de la latina «respectus», atención, consideración, tiene al menos ocho acepciones en el DLE, y no es lo mismo: «Veneración, acatamiento que se hace a alguien», que: «miedo, recelo». Pero ambas son acepciones de la misma palabra. Pues, como decía, durante la última semana, sobre todo y a raíz de unas palabras que entrecomillo: “en España hay políticos que hacen justicia y jueces que hacen política”, del Presidente del Gobierno en respuesta a una pregunta de Pepa Bueno, las derechas más recalcitrantes, tanto política, mediática y judicial, saltaron como un resorte para exigir “respeto a la justicia”. Hasta la propia Presidenta del CGPJ “tomó nota de ello” y lo incorporó a su discurso de apertura del año judicial. Seguramente entendiendo “el respeto” de manera distinta a como debería entenderse. En mi opinión la base de todo respeto parte de una premisa, que es la de respetar la verdad. Porque sobre la verdad pueden establecerse opiniones distintas, discrepancias sobre interpretación, pero nunca ha de tergiversarse la verdad para que esta coincida con nuestras opiniones. Porque quien para sustentar sus argumentos necesita tergiversar la verdad de los hechos, no es una persona que tenga opiniones diferentes. No, es simplemente una persona manipuladora. Y, ante ella, no cabe respeto. Y honestamente creo, que gran parte del revuelo formado por las palabras del Presidente del Gobierno, viene de una clara manipulación de lo dicho por el mismo. Porque para no estar de acuerdo con las palabras del presidente, hay que “cerrar los ojos y borrar de la memoria” algunos acontecimientos que desde hace unos años vienen acaeciendo. Porque hay quienes olvidan –la presidenta del CGPJ, también- que un juez, Manuel Ruiz de Lara, insultó en redes al presidente del Gobierno y a su mujer, a la que llamó “Barbigoña”. ¿Qué hizo el CGPJ ante esos insultos? Pues mirar para otro lado y considerar esos insultos como “libertad de expresión”. Igual ocurrió cuando otro juez, Manuel Piñar, publicó en las redes sociales un comentario en el que llamaba: “cerdos”, “chorizos”, “bazofia feminazi” a los miembros del gobierno. ¿Qué hizo el CGPJ? Pues lo mismo que en el caso anterior, mirar para otro lado y considerar que eran “opiniones a título particular”. Y es aquí donde se plantea una reflexión importante sobre qué es el Poder Judicial y cómo ha de responder ante ese “desvió” de las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan. Porque el CGPJ es un “órgano de gobierno”, pero no forma parte del “Poder Judicial”, entendiendo este como poder judicial ejercido de manera individual. Porque solo de esta manera, individualizada, pueden ejercer su “poder” jueces y magistrados para que “ese poder no se desvíe de su naturaleza jurídica y acabe convirtiéndose en poder de naturaleza política” –el entrecomillado corresponde a palabras del Catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo-. Ante esto, solo cabe preguntarse si una asociación de jueces y magistrados puede considerarse parte del “Poder Judicial” y exigir algo que ellos no practican, el respeto. Porque ¿Cómo se ha de entender el que una asociación se pronuncie contra la labor legislativa del Parlamento o sobre iniciativas legislativas del Gobierno? ¿Es Poder Judicial, o ha dejado de serlo desde el momento que no se ejerce ese “poder” de forma individualizada, que es como está constitucionalmente establecido? No, el respeto es otra cosa. El respeto empieza por respetar las funciones que cada poder del Estado tiene establecidas. Las críticas no solo pueden realizarse, sino que son buenas para la propia democracia. En el campo de la crítica, tanto para ejercerla como para recibirla, están incluidos jueces y magistrados. Y tienen que asumir que se puede discrepar tanto de sus opiniones como de sus actuaciones judiciales, siempre que estas se hagan sin insultos y descalificaciones. Por ello, habría que preguntarse ¿Dónde están los insultos y descalificaciones, en las palabras pronunciadas por el Presidente del Gobierno? Porque en las palabras de los jueces que he reflejado anteriormente, quedan meridianamente claros. Y hay más ejemplos: “psicópata sin límites” es otra de las “lindezas” dedicadas por un juez al Presidente del Gobierno. No, lo dicho por el Presidente del Gobierno es la pura verdad y hay que estar ciego para no verla. Pero, quizás, donde mejor se demuestra el respeto es en el “respeto propio”. Porque cuando un “órgano”, en este caso el CGPJ, actúa de la manera que lo viene haciendo, es evidente, que no se está respetando a sí mismo, a la vez que está permitiendo que determinados miembros de la judicatura le pierdan el respeto a ese “órgano de gobierno”. Por lo tanto, quienes exigen respeto, no solo es necesario que lo exijan, es mucho más necesario que lo practiquen. No vale solo con “condenar” unos hipotéticos ataques a la independencia judicial, sino que esa “condena” no puede hacerse tergiversando las palabras del Presidente, cosa que han hecho las asociaciones de judiciales y la propia Presidenta del CGPJ. Al igual, tampoco es presentable mirar para otro lado ante los insultos de algunos magistrados al Gobierno y/o a su Presidente. Tal vez el CGPJ debería reflexionar sobre el deterioro de reputación que la judicatura va adquiriendo. Y debería hacerlo en dos vertientes. La primera, la ya apuntada anteriormente de no mirar para otro lado ante insultos y descalificaciones proferidos por magistrados hacia miembros de otros poderes del estado. La segunda, no haciendo el “don Tancredo” ante las instrucciones judiciales que, de manera torticera, solo persiguen mantener de actualidad casos que no tienen el más mínimo sustento jurídico. Alargar lo máximo posible una causa judicial con fines políticos, retorciendo la legalidad puede venirle muy bien a determinadas fuerzas políticas, pero hace un flaco favor a la Justicia. Tan flaco que, hoy día, la confianza en la Justicia es “raquítica”. Finalmente, una observación, quienes menos respetan no “se muestran” al público. Actúan de manera solapada y tras “bambalinas”, pero son los “cerebros” de una actuación coordinada que supone un verdadero peligro para el sistema democrático. De manera que, si el CGPJ quiere que se le respete y, por ende, al conjunto de la justicia, lo que ha de hacer es ganarse ese respeto. Respetándose a sí mismo y haciendo que quienes dentro de la judicatura insultan o actúan de forma torticera en la interpretación de las leyes, respeten a los demás. Sean personas, instituciones, o la propia legalidad surgida de la sede de la soberanía popular. |
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