Ni desprotección ni inseguridad: expertos desmontan el argumentario de la derecha contra el decreto de vivienda
- Formaciones como PP, Vox y Junts votarán contra el decreto acusando al Ejecutivo de intervenir en el mercado de manera «liberticida» y de abrir un enfrentamiento entre propietarios e inquilinos.
- Juristas y sindicatos defienden que el nuevo decreto de alquileres es beneficioso para los pequeños propietarios «que no quieren especular» y necesario en un contexto de guerra.
El sábado 28 de marzo se cumplió una semana de la entrada en vigor del decreto ley que prorrogará los alquileres que caduquen entre lo que queda de 2026 y 2027. Previsiblemente –y a pesar del esfuerzo titánico de parte del Gobierno de lograr lo contrario a través de la presión social– el texto decaerá en cuestión de semanas, cuando el Congreso de los Diputados tenga que ratificarlo. Tanto PP como Vox y Junts ya han adelantado su voto en contra y han aprovechado estos días para criticar la medida.
«Hay casos en que el propietario del piso es más vulnerable que el que está dentro», aseguraba el secretario general de Junts, Jordi Turull, el jueves 26 en una entrevista. En los mismos términos se había expresado a lo largo de la semana su compañera de filas y portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, que cree que la ley «está mal hecha» y muchos propietarios se están «decantando por vender sus viviendas». Según la diputada, el Gobierno está abriendo un enfrentamiento entre propietarios e inquilinos y está cargando en los propietarios las políticas sociales.
La postura del Partido Popular no ha sido muy diferente. La más combativa estos días ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de intervenir en el mercado de manera «liberticida», perjudicando a regiones como Madrid: «Han decidido que para dar abono a su electorado hay que ir contra la empresa, hay que ir contra la propiedad y hay que utilizar los intereses de todos los españoles». «Lo que vamos a tener hasta que se convalide el último decreto de vivienda es inseguridad jurídica», añadía la presidenta, asegurando que se está «retirando del mercado la poca vivienda que queda en alquiler». El propio secretario general del PP, Miguel Tellado, anunció que su partido no respaldaría este “decreto de izquierdas”.
A tenor de lo que ha venido ido manifestando respecto a las iniciativas de las izquierdas sobre vivienda, la convalidación del decreto contará también con la oposición de Vox. Los de Santiago Abascal han denunciado repetidamente las políticas de vivienda del Gobierno acusándolas de “intervencionismo que expulsa a los propietarios del mercado” y mostrando su negativa a limitar precios o imponer condiciones porque, a su juicio, reducen la oferta y perjudican a quienes quieren alquilar sus inmuebles.
También desde el sector inmobiliario ha habido un fuerte rechazo. No han tardado en alertar sobre las «graves» consecuencias que puede tener la prórroga de contratos en la oferta de alquileres y ha resonado especialmente el argumento de la inseguridad jurídica. Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) sostienen que este tipo de medidas son «contraproducentes» y «empeoran la situación del alquiler». Asimismo, el presidente de la FAI, José María Alfaro, ha destacado que «las intervenciones excesivamente restrictivas tienden a retraer la oferta disponible, reduciendo las opciones para los inquilinos y afectando a los colectivos más vulnerables». En otro comunicado, la CEOE ha dicho que este texto es «una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y genera una preocupante inseguridad jurídica».
De igual forma, la Cámara de Propietarios de Valladolid, ha denunciado en un comunicado que se vuelva a colocar a los propietarios «en un escenario de inseguridad jurídica inasumible». «Intervenir el precio y la duración de los contratos sin un marco estable va a provocar que muchos decidan sacar sus viviendas de alquiler (…). Esto provoca que el arrendador no pueda actualizar la renta, no pueda recuperar su vivienda para uso propio y no pueda firmar un nuevo contrato con un nuevo inquilino», aseguraban.
La supuesta inseguridad jurídica
Para la abogada de CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) Alejandra Jacinto lo que produce este decreto es «absoluta seguridad jurídica». «Creo que es al revés, que lo que se genera es estabilidad al contrato y esto, al final, es seguridad jurídica para ambas partes», argumenta. Para la exdiputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, lo novedoso es encontrar una norma que «provoque efectos tan nítidos aunque se derogue».
«Si se manda la solicitud en tiempo y se cumple con los requisitos, ya está, se prorroga el contrato automáticamente dos años. Luego habrá quien litigue interponiendo la correspondiente demanda de desahucio por expiración de plazo, pero, sinceramente, a lo mejor tarda más en este proceso que el tiempo que se amplía el contrato», enfatiza.
Sobre esta cuestión, desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) aconsejan a los inquilinos pedir la prórroga de sus contratos cuanto antes y consideran que la norma no perjudica a los propietarios, ya que «asegura el cobro de las rentas y permite a estos recuperar la vivienda para su uso propio o el de familiares cuando sea necesario».
Además, defienden que en materia de vivienda «refuerza de manera significativa la seguridad jurídica, tanto para inquilinos, como para propietarios«: «Con esta normativa, se extiende la protección frente a subidas de precios a todos los contratos de alquiler vigentes hasta diciembre de 2027. Este esfuerzo por proporcionar estabilidad en el sector es un paso importante hacia un mercado inmobiliario más equitativo».
Por su parte, Alejandro Gámez, socio de Red Jurídica y miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogadas (ALA), entiende que se hayan generado algunas confusiones al respecto de la norma, ya que describe la situación actual como «novedosa» y «sin precedentes»: «Creo que el debate jurídico es acertado porque no hay precedentes de una situación igual, en la que estemos pendientes de ver qué es lo que pasa con los derechos adquiridos por el Real Decreto que parece que no va a ser convalidado». Cuando se habla de inseguridad jurídica para el propietario, continúa, en cualquier caso, sería para «ambas partes», en los casos en los que el casero decida, tras solicitarse la prórroga, ir al juzgado a ver si le dan o no la razón.
En este sentido, insisten en que la norma es clara y regula básicamente dos cuestiones: «Una es la prórroga extraordinaria de un máximo de dos años para los contratos que finalicen entre el 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, y la otra es la limitación máxima de subidas de la renta al 2%. También durante ese plazo. No hay más».
Sí se podrán subir los alquileres
Para la abogada Alejandra Jacinto, el decreto es «absolutamente equilibrado» y, apunta, «no se están bajando las rentas, ni siquiera se congelan». «Se va a permitir mantener unos precios de alquiler que, de media, en España, ya rondan los 1.200 euros o más. Así, quien tenga un piso en alquiler seguirá sacándole beneficio», argumenta. A partir de ahí, añade, «si tú eres un gran tenedor o el típico que ha comprado un bloque entero para vaciarlo y no renovar los contratos, está ley te rompe los planes».
Por su parte, el jurista de Red Jurídica recuerda que el tope al precio de los alquileres al 2% tiene «más que sentido» en el contexto internacional actual. «Hay que entender que estamos ante unas circunstancias extraordinarias y uno de los efectos más directos de la guerra en Irán puede ser que haya un aumento desbocado del IPC. Esto, entonces, conllevaría un aumento también desbocado de la actualización de las rentas», justifica.
Desde las asociaciones en defensa de la vivienda, también han querido dejar claro estos días que, aunque es «menos que nada», estamos ante un «decreto de mínimos». Valeria Racu, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, recordaba el martes 24, tras dar a conocer la campaña de Poder Inquilino, con la que pretenden lograr una oleada de solicitudes para prorrogar el alquiler, que la ley «no es aplicable a los contratos regulados por la LAU, como son los de temporada o los de habitaciones individuales, cada vez más frecuentes»: Además, aseguraba que «lo que realmente necesitan los inquilinos» es una bajada de las rentas, que ya rozan niveles «inasumibles».
También desde la PAH, tras su asamblea anual, celebrada este fin de semana, hacían especial hincapié en la caída de la moratoria antidesahucios, una protección que no se ha recuperado en este decreto. «Lo más grave es la renuncia consciente del Gobierno a recuperar la moratoria antidesahucios. Una herramienta que, aunque insuficiente, estaba protegiendo a más de 70.000 familias», denuncian.
¿A quién beneficia el decreto?
La abogada de CAES defiende que la norma es clara y que, mayoritariamente, los juristas están llegando a la misma interpretación que han hecho desde su asesoría. Incluso el jueves 26, señala, el presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario de ICAM, Alberto Torres López, ha apuntado en esta dirección en un análisis que ha publicado en un blog jurídico, considerando que los efectos de la norma no decaerán junto al decreto, en caso de no contar con los apoyos necesarios.
Aun así, ante las fuertes críticas que se han escuchado estos días, Jacinto no descarta que los propietarios vayan a litigar: «Yo estoy segura de que habrá, sobre todo, grandes tenedores a los que les sobra el dinero que irán a los tribunales, porque la medida les impide lo que en muchos casos buscan, que es vaciar edificios y expulsar a los vecinos». Sin embargo, considera que el decreto puede ser muy beneficioso para los pequeños propietarios, en contra de lo que se está queriendo hacer creer desde algunos sectores. «Un buen casero, un particular, lo que busca es, precisamente, seguridad. Le interesa tener un inquilino que le siga pagando rentas, que, recordemos, ya están muy infladas», insiste.
En cuanto a una de las grandes confusiones sobre este decreto, que tiene que ver con una supuesta protección a los okupas, el jurista de Red Jurídica lo deja claro: «Es una valoración, como decir, muy sacada de fuera de la mesa. Es puro teatro. Este decreto solo habla de los contratos de alquiler, con lo cual es imposible que tenga ninguna afectación con la ocupación». La ocupación, recuerda, se entiende como un delito en España y, por tanto, es un ámbito absolutamente ajeno.
Por otro lado, ambos expertos recuerdan que el decreto recoge dos excepciones en las que no se aplicaría este tope del 2% o en el que el inquilino sí tendría que abandonar el domicilio. Precisamente una de estas casuísticas es la que permite al dueño recuperar el inmueble en caso de que él o algún familiar directo necesite vivir en él.
«Si se argumenta cómo se debe, van a poder volver a usar la vivienda. Fin. Ahora bien, el problema es que son los grandes fondos y los partidos políticos que los apoyan -PP, Junts y Vox- quiénes realmente están en contra de esta ley, porque lo que quieren es seguir especulando y pasando por encima de los derechos de cualquiera, incluidos los inquilinos», concluye Jacinto.